Algunas verdades de la Ley de Transformación del Sistema Contributivo

notimas_squared_01111211SAN JUAN – Los señalamientos del Gobernador Alejandro García Padilla en torno la “injusticia” del actual sistema contributivo de Puerto Rico y como con su propuesto modelo contributivo fundamentado en el consumo se establece un sistema de justicia contributiva que no penaliza el trabajo y la productividad de los contribuyentes parece hacerse más claro, ahora que ya se ha presentado el proyecto de ley, pero en la dirección contraria a sus argumentos.

“Miren, solamente unas 12 mil personas, menos del uno por ciento, informan ingresos de más de 150 mil dólares al año. Bajo el sistema actual, los profesionales reportan, en promedio, un ingreso neto de 16,500 dólares, incluyendo médicos, abogados e ingenieros. Es decir, que nuestro sistema permite que, en promedio, algunos profesionales reporten a Hacienda menos que los maestros, enfermeras y policías. Eso contrasta con los carros y casas de lujo que vemos en nuestras calles”, dijo García Padilla en su mensaje del martes.

Menos de 24 horas después, y durante su mensaje a alcaldes, legisladores, y profesionales y empresarios, el Gobernador recalcaba que “mi convocatoria el día de hoy es a trabajar por cambiar lo que es injusto”, en referencia la necesidad de establecer un sistema contributivo que evite la evasión contributiva y no penaliza a los asalariados por trabajar.

Para ello, García Padilla propone el cobro de un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) sobre bienes y servicios en un sistema de contribuciones basado sobre el consumo y en el que la retención de la contribución sobre el ingreso sea eliminada para aquellas personas que devenguen salarios de 40 mil dólares o menos. De acuerdo con el gobernador, 850 mil contribuyentes se beneficiarían de no tener que sufrir reducciones en sus cheques debido a la retención que ahora hace el gobierno, y “no serán penalizados por trabajar”.

Sin embargo, en la práctica lo que ha hecho el Gobernador es abrir una puerta para que, a quienes ha calificado como profesionales evasores, tengan que preocuparse menos por justificar las deducciones que hacen en sus planillas contributivas porque les ha elevado el tope para la exención o para un pago mínimo de contribuciones. Esto es así porque la exención no es sobre el “ingreso bruto” del contribuyente, sino sobre el “ingreso neto sujeto a contribución”. Es decir, la exención se aplicaría después de que el contribuyente hace las deducciones de gastos tales como los correspondientes a educación, médicos, aportaciones a sistemas de retiro y otras deducciones a las que García Padilla se refirió como “formas de darle rienda suelta a la imaginación para inventar exenciones y evadir”. Siguiendo la línea de pensamiento del Gobernador, parecería que bajo el nuevo sistema de impuestos esos profesionales evasores ahora solo tienen que buscar exenciones hasta llegar a 40 mil dólares, u 80 mil si se tratara de casados que rinden planilla conjuntamente. Además estos “profesionales evasores” podrían ser elegibles para recibir un reembolso por el IVA pagado.

Por otro lado, otra de las intenciones del propuesto sistema contributivo sería “promover la productividad reduciendo el peso de la carga contributiva que se le ha aplicado a los negocios”, según reza en la exposición de motivos de la ley. Como justificación a la imposición del IVA, de la propia ley se desprende que el comerciante o vendedor recibiría una serie de créditos contributivos producto del pago del impuesto a lo largo de la cadena de distribución o venta, por lo que el impuesto no representa “una penalidad” para su negocio. No obstante, el Estado delega en el propio comerciante la supervisión del cumplimiento de las disposiciones de la ley –“… para que el próximo en la cadena pueda recobrar el pago de IVA que tuvo que hacer en sus compras para reventa o para brindar servicios, el anterior tiene que haber remitido el pago de IVA a la entidad de cobro gubernamental”.

Cabe preguntarse entonces, si uno de los comerciantes en la cadena de distribución/venta incumple con el pago del IVA al Estado; ¿aquellos que están después en la cadena no reciben los créditos o reembolsos correspondientes aunque ellos sí hayan pagado el IVA?

La propuesta para un nuevo sistema contributivo parece desconocer lo que ha sido la experiencia del gobierno con el recobro del Impuesto sobre el Valor y Uso (IVU). Ante la flagrante evasión de miles de comercios en el pago del IVU, el Estado diseñó un sistema de lotería (IVULoto) para promover que los consumidores fueran quienes fiscalizaran al comercio mediante el pago de premios semanales en metálico. Al día de hoy, los recaudos por concepto del IVU en el Departamento de Hacienda apenas alcanzan alrededor del 50 por ciento.

En el caso del IVA la evasión pudiera ser similar en la medida en que el proyecto de ley “dispone que los negocios con menos de 75 mil dólares en ventas no tendrán que registrarse en el

Departamento de Hacienda para propósitos del IVA”. No obstante, la medida no establece que estos negocios estarán exentos del pago del IVA. Entonces; ¿cobrarán el IVA? ¿Quién verificará su cumplimiento si son ellos los últimos en la cadena de distribución/venta y no aparecen en el registro de comerciantes?

Ahora que la propuesta de un nuevo sistema contributivo esta en blanco y negro, las dudas que antes se levantaron, ahora parecen profundizarse. Mayor objeto de preocupación es el hecho de que la delegación de mayoría en la legislatura parece estar dirigida a aprobar el complejo y controvertido modelo contributivo en apenas seis semanas o menos para que la primera etapa del mismo entre en vigencia el próximo primero de abril.

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