Seilhamer urge al Senado a que atiendan medida para investigar fotomultas

fotomulta1SAN JUAN – El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Larry Seilhamer Rodríguez urgió el domingo a la mayoría legislativa de ese cuerpo a que atiendan en esta Sesión Ordinaria, que comienza el lunes, la Resolución 976, de su autoría, que busca se realice una investigación detallada al sistema de fotomultas.

“Desde que se implantó el sistema de fotomultas ha habido mucha preocupación e interrogantes que el Departamento de Transportación y Obras Públicas aún no ha respondido. Todavía desconocemos por qué no hubo subasta pública en el proceso de selección y contratación de la compañía International Traffic Systems (ITS). Incluso, la compañía cobra el 45 por ciento de las multas, y el proceso para que un ciudadano pueda objetar las multas es cuesta arriba”, sostuvo Seilhamer Rodríguez en un comunicado de prensa.

El legislador indicó que el Senado debe comenzar la investigación lo antes posible porque según él, no ha sido transparente el proceso de selección e implementación del sistema de fotomultas.

“Para que un ciudadano pueda reclamar la multa tiene que acudir al propio personal contratado por ITS quienes decidirán si el conductor cometió alguna falta administrativa. Una vez se determine que procede la multa, la entidad enviará una comunicación al dueño del vehículo y el ciudadano podrá solicitar un recurso de revisión, dentro de 15 días, ante la misma entidad que emitió la infracción. Actualmente cuando una persona recibe una multa que no proviene del sistema de fotomultas tiene 30 días para ir al Tribunal de Primera Instancia, en el caso de la fotomulta si no está conforme tiene que ir al Tribunal Apelativo, lo que resulta cuestionable debido a la carga económica que implicaría para el ciudadano acudir a dicho Foro a revisar un boleto”, indicó.

Seilhamer Rodríguez reiteró que no se trata de defender a conductores que cometen alguna falta, pero que es necesario que se contesten interrogantes que quedan sobre la mesa y que se protejan los derechos de todos.

“Se dijo que se trataba de un plan piloto, pero el contrato es por cinco años que de ser cancelado le costaría al gobierno de Puerto Rico 6 millones de dólares. El DTOP así como la compañía ITS tienen la obligación de responder ante la Asamblea Legislativa, me parece que si hay un interés apremiante de beneficiar a los ciudadanos y actuar con transparencia el Senado debe aprobar esta Resolución y darle paso a una investigación”, concluyó.

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