Empresas de transporte buscarán reconsideración de multas impuestas por el DACO

SAN JUAN  – Las empresas de transporte bajo contrato con el del Departamento de Educación que fueron multadas por el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) el 29 de enero, por violar la Ley de Monopolios, agotarán todos los recursos administrativos y judiciales hasta probar que el DACO carece de jurisdicción sobre la industria de transporte en Puerto Rico, sector que, según aseguran, ya es regulado por la Comisión de Servicio Público (CSP).

“Aquí lo importante es que ni la Ley de Monopolios, ni las del DACO le aplican a la industria de transporte y a las transacciones hechas ante un juez de la CSP”, señaló en un comunicado de prensa, José Rosado, presidente de la Federación de Porteadores Escolares, sobre la decisión del DACO de multar a 34 empresas de transporte por violar la Ley de Monopolios.

El DACO le impuso una multa a un grupo de transportistas por, según el Departamento, controlar el mercado de la transportación escolar al llegar a acuerdos transaccionales con otros concesionarios.

La CSP emitió el Acuerdo Interpretativo XIII-2014, donde los miembros del pleno de forma unánime resolvieron que “la propia Ley de Monopolios no brinda jurisdicción al DACO para entender asuntos monopolísticos contra nuestros concesionarios”, según reza el acuerdo emitido cuando el DACO decidió multar al primer grupo de empresas de transporte.

El acuerdo concluye que las adjudicaciones administrativas de la CSP son solo revisables por el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo y si alguna parte quiere invalidar las decisiones de la CSP, el foro para hacerlo es el Tribunal de Apelaciones, siguiendo el debido proceso de ley.

“La Oficina de Asuntos Monopolísticos, a través del DACO, está tratando de manchar la imagen de las empresas de transporte bajo contrato con el Departamento de Educación al acusarnos de conspiración para eliminar zonas y fijar tarifas”, dijo Rosado al asegurar que las transacciones fueron aprobadas por un juez de la CSP de acuerdo al reglamento que rige a las empresas de transporte en Puerto Rico.

Este caso se le sumará a uno radicado en el verano del 2014 ante el Tribunal de Apelaciones y que aún espera ser considerado. “Aquí el tribunal tiene la última palabra y estamos confiados que en su momento este se pronunciará a favor de las empresas de transporte”, concluyó Rosado.

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