Senado investigará desfalque en Autoridad de Carreteras

533416_422966864395991_564880442_nEL CAPITOLIO  – Con un préstamo de sobre 2 mil millones de dólares sin fuente de repago, un controversial impuesto al petróleo y posibles violaciones al Código Penal, el Senado de Puerto Rico se prepara para investigar las transacciones que llevaron a la Autoridad de Carreteras (ACT) y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) a la precaria situación económica actual.

A estos fines, la senadora Rossana López León radicó el martes, enmiendas a la Resolución del Senado 446 para indagar en las deudas contraídas por estas entidades gubernamentales durante la pasada administración.

“Los desfalcos administrativos se van a acabar cuando llevemos a los responsables ante la justicia, si Puerto Rico está en crisis es porque personas inescrupulosas tomaron préstamos sin fuentes de repago y esta investigación revelará quienes fueron. Sean del partido que sean, de la actual o de pasadas administraciones, sepan que sus acciones tendrán consecuencias, pues nuestro Código Penal tiene artículos que atienden las acciones negligentes de los funcionarios públicos”, afirmó Rossana López León en un comunicado de prensa.

La senadora indicó que los artículos 262 y 263 del Código Penal, apuntan que los responsables del desfalco en ACT pudieron haber violado la ley por omisión o negligencia. Es el artículo 262 del Código Penal el que indica que todo servidor público, que intencionalmente omita cumplir con su deber y como consecuencia ocasione pérdida de fondos públicos, incurrirá en un delito menos grave. Mientras tanto, el artículo 263 estipula que de haber pérdidas de fondos públicos por negligencia en el cumplimiento del deber, llevaría al funcionario a pagar por delito menos grave de igual manera, pudiendo enfrentar penas de hasta 3 años de cárcel.

López León justificó la investigación enfatizando en que la pasada administración tomó un préstamo de más de 2 mil millones de dólares elevando a 6,998 millones de dólares la deuda total de la agencia; lo cual le está costando cerca de 870 millones de dólares en pérdidas operacionales y reducción en activos netos.

“El Código Penal es claro, ahora corresponde a los deponentes proveer información adicional para identificar las soluciones que serán presentadas en el informe final que presente la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas o la Comisión de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica”, concluyó la senadora López.

 

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