Arrestos y allanamientos federales en la Autoridad de Carreteras

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SAN JUAN  – La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez, anunció el miércoles, el arresto de Silvino Cepeda Ortiz, tesorero de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), por supuestamente aceptar y solicitar sobornos de compañías contratadas por la corporación pública.

“Los funcionarios públicos que abusan de sus cargos de confianza para los beneficios financieros personales, socavan la integridad de nuestros organismos públicos y la disponibilidad de los fondos federales destinados a financiar proyectos importantes, como nuestra infraestructura vial”, dijo Rodríguez en un comunicado de prensa.

Según la acusación, Cepeda Ortiz solicitó y aceptó pagos por soborno, a tres empresas contratadas regularmente juntas por la ACT. Una (identificada como empresa 1) vende suministros de asfalto líquido y las otras dos (empresa dos y empresa 3) fabrican hormigón.

La declaración jurada alega que Cepeda Ortiz emitía cheques a nombre de la empresa número 2, que a su vez, emitía cheques de la ACT para las empresas 1 y 3. Cepeda Ortiz emitía cheques de la ACT sin fondos para la empresa 2, que serían depositados en una fecha posterior. Una vez Cepeda Ortiz hacia el depósito para el cheque, la compañía 2 debía depositar el cheque, y el resto de las empresas recibían su pago.

Además, se alega que en septiembre de 2014, el ACT emitió un cheque, (numero 7020), por 1 millón, 983 mil, 931 dólares y 93 centavos a la Compañía 2 para una factura generada en julio de 2013. Un empleado de la empresa 3, recogió el mencionado cheque (7020) a nombre de la empresa 2 y se reunió con Cepeda Ortiz. Durante esta reunión, Cepeda Ortiz pidió un pago de 10 mil dólares a cambio de depositar fondos para el cheque. En algún momento antes del primero de diciembre de 2014, el cheque fue depositado por la empresa 2 en su cuenta bancaria, y la compañía 2 emitió un cheque por aproximadamente 800 mil dólares a la empresa 1.

El 1 de diciembre de 2014, aproximadamente a las 10:00 de la mañana, el presidente de la empresa 1 y el empleado de la compañía 3 fueron a la oficina de Cepeda Ortiz para discutir el pago del soborno de 10 mil dólares. Cepeda Ortiz indicó que él se encargó de buscar el dinero para financiar el cheque de 1.9 millones de dólares, debido a su estrecha relación de negocios con el presidente de la empresa 2, a pesar de que esperaba, pasó el tiempo, y nada sucedió con respecto a lo acordado con los 10,000 dólares del soborno.

El presidente de la empresa 1 manifestó su intención de efectuar el pago de soborno y Cepeda Ortiz informó que la demora no perjudicaría su relación comercial. Durante dicha reunión, el presidente de la empresa 1 pagó a Cepeda Ortiz 5,000 dólares en efectivo y le manifestó que iba a regresar el miércoles, 3 de diciembre 2014 a pagar los restantes 5 mil dólares. Cuando se hizo el segundo pago, las autoridades arrestaron inmediatamente a Cepeda Ortiz.

El procesamiento de este caso se le asignó al fiscal federal auxiliar y director de la División Criminal José Ruiz Santiago.

Si es declarado culpable, el acusado se enfrenta a una pena de 10 años de prisión.

Por su parte el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Javier Ramos Hernández mencionó que no se tolerará funciones contrarias al interés público.

“Como ha sido siempre nuestra norma, no habremos de tolerar actos contrarios al interés público. En todo momento respaldaremos las iniciativas estatales y federales que combatan la corrupción en el gobierno, venga de donde venga”, afirmó Ramos Hernández en comunicado de prensa

A raíz del suceso, el director señaló que como medida inmediata procederá a suspender sumariamente al funcionario arrestado y designará interinamente a un funcionario para asumir las funciones que ejercía el tesorero.

Cepeda Ortiz, ocupó varios puestos en la Oficina de Finanzas y Presupuesto desde su ingreso a la ACT en julio del 2000 y desde el pasado julio del 2012 ocupaba el puesto de carrera como tesorero.

Por otra parte, el secretario de Transportación y Obras Públicas, Miguel Torres Díaz, reafirmó que darán todo el respaldo que necesiten las autoridades para continuar la investigación que resultó en el arresto.

“En esta Administración no hay espacio para la corrupción, y tomaremos las acciones que correspondan para asegurar que aquellos que hayan faltado a la confianza pública le caiga todo el peso de la Ley”, expresó finalmente Torres Díaz.

 

 

 

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