Pierluisi critica administración AGP por pérdida de fondos federales para impedidos

oppiSAN JUAN – El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, criticó fuertemente el lunes a la administración del gobernador Alejandro García Padilla luego que el Departamento de Salud federal notificara la terminación de unos 900,000 dólares en fondos federales que otorga anualmente a la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI).

“El dinero se otorga bajo el Programa de Protección y Defensa a Personas con Impedimentos (PADD, por sus siglas en inglés). Si el Departamento de Salud federal cancela esos fondos, automáticamente se pierden unos 2.3 millones en fondos que se otorgan al Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo de Puerto Rico, que forma parte de la Junta de Planificación”, dijo Pierluisi en un comunicado de prensa.

Además, el funcionario advirtió que la terminación de los fondos bajo el Programa PADD pondrá en riesgo aproximadamente 1 millón de dólares que OPPI recibe anualmente bajo un sinnúmero de otros programas federales administrados por el Departamento de Salud, el Departamento de Educación y la Administración del Seguro Social de Estados Unidos.

Detalló que en total, aproximadamente 4 millones de dólares anuales que distintas agencias federales otorgan a Puerto Rico para ayudar al territorio asistir a miles de individuos con deficiencias en el desarrollo, tales como discapacidades intelectuales, autismo, Síndrome de Down, distrofia muscular y parálisis cerebral, están en riesgo a menos que la administración de García Padilla tome medidas correctivas urgentes previo a una vista que realizará el Departamento de Salud federal sobre este asunto en los próximos meses.

Entretanto, el comisionado residente sostuvo que funcionarios del Departamento de Salud federal le informaron sobre este asunto inmediatamente después de que enviaran la carta al gobernador García Padilla, alertándole de la intención del departamento de cancelar los fondos a OPPI bajo el Programa PADD. Los funcionarios le explicaron que durante el 2013 y el 2014, tuvieron conversaciones sobre este asunto con la Oficina del Gobernador y la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico.

Asimismo, Pierluisi aseguró que el Departamento de Salud federal le explicó al gobernador la naturaleza del problema, las medidas necesarias a nivel ejecutivo o legislativo que se debían tomar en la Isla para atender el problema y las serias consecuencias de no tomar las mismas.

“A pesar de los esfuerzos de los funcionarios del Departamento de Salud federal para resolver este problema antes de que se convirtiera en una crisis, me informan que la administración de García Padilla no tomó ninguna de las medidas necesarias para corregirlo. No sé si la inacción de la administración se debe a incompetencia o indiferencia, o a ambas, pero en todo caso la administración ha puesto en riesgo millones de dólares anuales para ayudar a los ciudadanos más vulnerables en Puerto Rico”, dijo Pierluisi.

“Es claro que la falla radica directamente en el gobernador y su equipo, y es imperativo que se responsabilicen en este caso y no intenten culpar a otros, como hacen a menudo. Al igual que los funcionarios del Departamento de Salud federal, el Procurador de las Personas con Impedimentos trató en múltiples ocasiones de reunirse y hablar con el gobernador, con su equipo y con funcionarios de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Pero sus intentos fueron ignorados o no rindieron frutos, lo que provocó que el Gobierno de Puerto Rico no tomara las medidas que evitarían la terminación de los fondos a OPPI bajo el Programa PADD, lo que es ahora inminente”, añadió.

Según Pierluisi, estas preocupaciones sobre interferencias políticas aumentaron cuando el gobernador García Padilla intentó reemplazar al Procurador de OPPI, quien fue designado por el exgobernador Luis Fortuño. Ese intento fue bloqueado por un juez federal de distrito en Puerto Rico y el Procurador continúa en su puesto. Esto puede explicar la razón por la que la administración de García Padilla no ha respondido a los acercamientos del Procurador.

Los funcionarios del Departamento de Salud federal informaron a Pierluisi de que el caso de Puerto Rico no tiene precedentes y que no conocían de otra instancia en que la agencia tomara los pasos para quitarle los fondos a una agencia de protección y defensa.

“En los próximos meses, el Departamento de Salud federal llevará a cabo una vista para tomar la determinación final sobre paralizar los fondos a OPPI bajo el Programa PADD. Si Salud federal congela los fondos, también estará obligado a congelar más de 2 de dólares millones que otorga anualmente al Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo de Puerto Rico. Otras agencias y departamentos federales estarán obligados u optarán por no transferir los fondos que también le otorgan a la Procuraduría de las Personas con Impedimentos”, dijo Pierluisi.

El funcionario explicó que todo estado y territorio tiene una agencia oficial designada como Agencia de Protección y Defensa (P&A, “Protection and Advocacy agency”). En Puerto Rico, esa agencia de protección y defensa es la Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos, cuyo director ejecutivo o procurador, es designado por el gobernador a un término fijo de 10 años.

Por el contrario, en casi todos los estados, las agencias de protección y defensa son organizaciones sin fines de lucro, completamente independientes del gobierno. En consecuencia, el Departamento de Salud federal ha expresado preocupaciones genuinas respecto a la independencia y autoridad que la ley federal requiere y que OPPI necesita para llevar a cabo su trabajo, que conlleva defender a individuos con deficiencias en el desarrollo en los tribunales y en otros foros.

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