Piden a AGP no firme Código Penal hasta que se eliminen enmiendas sobre aborto

notimas_squared_0111121SAN JUAN  – Organizaciones feministas, académicas y de derechos humanos reclamaron enérgicamente el miércoles la eliminación, de una vez y por todas, de los delitos de aborto del Código Penal e instaron al gobernador Alejandro García Padilla a no mantener dichos delitos por su sinsentido jurídico y efectos negativos en la salud de las mujeres y a no firmar el Código Penal hasta que no se eliminen las enmiendas relacionadas al aborto.

“Ante la aprobación en la Asamblea Legislativa de Código Penal con los delitos de aborto, este grupo de organizaciones solicitará al gobernador que cumpla con su responsabilidad histórica y deber ministerial de hacer cumplir la Carta de Derechos de la Constitución y no firme las enmiendas al Código Penal hasta que no se eliminen los artículos en cuestión”, expresaron en un comunicado de prensa.

Según indicaron, además de la nefasta no inclusión de las causales de orientación sexual e identidad de género en los delitos de discriminaciones ilegales, “la Asamblea Legislativa, insiste en mantener el aborto electivo en el Código Penal aprobado ayer, pese a ya más de 40 años de ser éste legal y un derecho constitucional reconocido tanto por el Tribunal de Estados Unidos como por el Tribunal Supremo de Puerto Rico”.

La Mesa de Trabajo Mary Rivera junto a Amnistía Internacional de Puerto Rico, INTER-MUJERES, Salud Pro Mujer del Recinto de Ciencias Médicas, Movimiento amplio de Mujeres de Puerto Rico, Taller Salud, ACLU, PROFAMILIAS Inc., CLADEM Puerto Rico, Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, entre un listado amplio de organizaciones internacionales y mujeres, comparecieron por ponencia escrita durante las vistas públicas ante la Comisión Conjunta para la Revisión del Código Penal solicitando la eliminación de los delitos 98, 100 y 101 por todos los efectos negativos que su permanencia tienen.

“El aborto es legal y un derecho constitucional de las mujeres en Puerto Rico, no debe mantenerse en el Código Penal”, expresó Eva Prados Rodríguez, una de las portavoces del grupo de organizaciones.

Asimismo, la abogada feminista añadió que “es lamentable que esta legislatura, como hizo la pasada, no quiera responder a su deber constitucional de garantizar la protección a los derechos fundamentales de las mujeres en Puerto Rico. Insistir en mantener los viejos delitos de aborto es un sinsentido jurídico que solo promueve la desinformación y estigmatización de las mujeres. Si todo lo anterior no fuera poco, las intervenciones policiacas ilegales contra mujeres que tienen abortos es una amenaza latente, pese a su legalidad y a que es un derecho constitucional. Ya en varias ocasiones autoridades policiacas han intervenido con mujeres cuando han recibido información sobre un posible caso de aborto tratándolas como si éste acto fuera ilegal y casi como homicidas”.

Por su parte, Alana Feldman, portavoz de Taller Salud, destacó el impacto a los derechos humanos de las mujeres, en particular, al derecho a la salud que tiene mantener los artículos de aborto en el Código Penal.

“Según encuestas realizadas por organizaciones que trabajan por los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres en Puerto Rico, como Salud promujer y Taller Salud, aproximadamente una de cada tres personas entrevistadas piensa erróneamente que el aborto es un delito legalmente castigable o tienen dudas sobre la legalidad de este proceso en la isla. Esta desinformación provoca que mujeres, ante un embarazo no deseado, no opten por una terminación solo ante la falsa premisa de que es un delito o tenga problemas legales de optar hacerlo. En otras ocasiones la desinformación puede provocar que mujeres se practiquen abortos a escondidas y de maneras inseguras teniendo ambos escenarios serias repercusiones en la salud sexual y reproductivas de las mujeres”, señaló.

Las miembros de las organizaciones indicaron que entre los demás argumentos presentados durante las vistas públicas en contra de los delitos de aborto están que se lleva un mensaje erróneo al pueblo de que el aborto electivo es un delito ya que el texto del Código rechaza la posibilidad de que una mujer pueda decidir libremente terminar su embarazo por razones que no están necesariamente ligadas a su integridad física o salud mental y que limita a las mujeres de obtener información científica confiable sobre las alternativas para interrumpir un embarazo no deseado.

Dijeron que también se presume que es un tipo penal sinsentido jurídico que difícilmente puede ser procesable porque castiga una conducta que no es criminal, antijurídica o punible; que estos artículos han dado base a intervenciones policiacas ilegales con mujeres que se han practicado abortos representando un gasto en fondos públicos innecesario y que la preservación del delito de aborto sólo sirve para causar temor, confusión y para estigmatizar aún más a las mujeres que deciden ejercer su derecho constitucional a decidir sobre sus cuerpos.

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