Irregularidades con donativos legislativos y servicios a pacientes de Alzheimer

contralora_yesmin_valdivieso_noticelSAN JUAN  – La contralor Yesmín Valdivieso informó el martes que una auditoría revela tres deficiencias en las operaciones fiscales del Departamento de Salud como la falta de visitas de supervisión a las entidades receptoras de donativos legislativos; falta de guías, criterios y los procedimientos del Plan para la Coordinación de Servicios a Personas Afectadas con la Enfermedad de Alzheimer y falta de cláusulas importantes en los contratos de servicios profesionales y consultivos.

El informe DA-15-10 señala que la Asamblea Legislativa aprobó ocho resoluciones conjuntas en el periodo auditado entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013, con las que asignaron 15.3 millones de dólares a 102 entidades semipúblicas o privadas sin fines de lucro.

La auditoría indica que los agentes custodios a cargo de los donativos, no realizaron visitas a las entidades receptoras para examinar las cuentas, los libros y los documentos justificantes y que una situación similar se comentó en el Informe de Auditoría DB-04-04 del 16 de septiembre de 2003.

“Los agentes custodios no prepararon los informes anuales para la Comisión Especial Conjunta sobre Donativos Legislativos (Donativos no Reclamados por las Entidades) correspondientes a la RC-57 del 1 de julio de 2009 por 154,800 dólares, a la RC-101 del 26 de julio de 2010 por 125,961 dólares, y a la RC-23 del 29 de febrero de 2012 por 25,000 dólares. Tampoco prepararon los informes anuales de la agencia designada sobre donativos legislativos correspondientes a la RC-57 y a la RC-23, ni los informes anuales de la agencia designada a la Comisión Especial Conjunta sobre Donativos Legislativos sobre entidades que devolvieron dinero del donativo no utilizado correspondientes a la RC-101 y a la RC-23. Los mismos debían ser remitidos a la Comisión”, añade el informe.

Asimismo, el documento indica que los agentes custodios remitieron a la Comisión 10 informes anuales con tardanzas que fluctuaron de cinco a 395 días, luego de la fecha reglamentaria. Se indica que los auditores visitaron 15 entidades que recibieron donativos legislativos por 1 millón 116 mil dólares y examinaron 60 informes trimestrales remitidos por estas. Además, verificaron los justificantes de los pagos realizados para determinar la corrección de la información incluida en los informes.

El examen de los auditores reveló que en seis informes trimestrales correspondientes a los períodos de octubre de 2011 a junio de 2012, dos entidades incluyeron seis cheques emitidos por 2,075 dólares, en lugar de los 772 dólares que totalizaban los justificantes de estos pagos. Esto reflejó una diferencia de 1,303 dólares entre lo informado y lo desembolsado.

De otra parte, según la auditoría, en el informe trimestral de abril a junio de 2012, una entidad no incluyó dos cheques por 11,764 dólares emitidos en mayo y junio de 2012, para el pago de servicios profesionales y para la adquisición de equipo de oficina. Otra entidad incluyó dos pagos por 820 dólares en los informes trimestrales. Sin embargo, los desembolsos nunca se efectuaron y los fondos no fueron devueltos a la Comisión.

Mientras tanto, el informe de auditoría establece que dos entidades tuvieron sobrantes de 266 y 347 dólares en el uso de los donativos legislativos asignados. Estos fondos no fueron devueltos a la Comisión. Por otro lado, una entidad recibió un donativo de 120,000 dólares, para ser utilizado durante el año fiscal 2010-11. Del 22 de julio al 16 de agosto de 2011, la entidad emitió siete cheques por 8,571 dólares, para el pago de obligaciones incurridas en el año fiscal anterior. Los fondos no fueron incluidos como obligados en el informe trimestral de abril a junio de 2011.

Asimismo, el documento indica que del 22 de diciembre de 2011 al 10 de mayo de 2012, una entidad receptora emitió 23 cheques por 9,449 dólares. Los cheques fueron emitidos con 1 sola firma autorizada, en lugar de las dos requeridas.

Entretanto, sobre los señalamientos al Plan de Coordinación de Servicios para Personas Afectadas con Alzheimer, la auditoría señala que de julio de 2009 a junio de 2014, en Puerto Rico se recibieron asignaciones de fondos por 3 millones 590 mil 316 dólares para la prevención, la capacitación y los servicios de apoyo a personas que padecen la enfermedad de Alzheimer.

Esto “le impidió a la comunidad médica, a los hospitales y a las entidades que trabajan con pacientes de Alzheimer, contar con un plan estructurado de servicios. Esto pudo ocasionar que no se les ofreciera a los pacientes un plan de tratamiento adecuado, con implicaciones negativas para su salud”.

Según la auditoría, al 31 de diciembre de 2013 no habían formulado las guías, los criterios y los procedimientos del Plan para la Coordinación de Servicios a Personas Afectadas con la Enfermedad de Alzheimer ni tampoco habían establecido ni implantado los mecanismos para garantizar la calidad de los servicios que prestan las entidades dedicadas a proveer servicios a personas con la enfermedad.

Este señalamiento “le impidió al Centro contar con los mecanismos necesarios para asegurar la calidad de los servicios que reciben los pacientes de Alzheimer. Esto no permite que se corrijan, de haberlas, las fallas o deficiencias en la prestación de los servicios”.

Un tercer hallazgo de esta auditoría contempla la “falta de cláusulas importantes en los contratos de servicios profesionales y consultivos, falta de certificaciones requeridas por ley o entregadas con tardanzas, y falta de información en las facturas entregadas para pago”.

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