Fiscal federal busca procesar bajo pena de muerte a asesinos de familia en Guaynabo

7sA2D7SaDArodriguez_velez_rosa_emilia-300x202SAN JUAN  – La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez reconoció el lunes que las autoridades federales en Puerto Rico se encuentran evaluando el caso de la llamada Masacre de Guaynabo con miras a asumir jurisdicción en el mismo y sin descartar la posibilidad de procesarlo como un caso de pena de muerte.

“Yo llamé al secretario de Justicia la semana pasada y le indique que nosotros estábamos evaluando el caso a nivel de Washington y a nivel de otros procedimientos que tenemos que llevar a cabo primero, y que si podía contar con la cooperación de las autoridades estatales para nosotros llevar nuestro caso, de ser así, en su momento”, señaló Rodríguez luego de la firma de la enmienda al memorando de entendimiento entre las autoridades estatales y las federales para combatir el crimen.

“Este es un crimen tan y tan horrible, que nos ha movido a todos… y yo creo que es importante buscar todas las avenidas posibles para llevar a la justicia a las personas responsables en ese caso”, añadió Rodríguez.

La fiscal federal se amparó en dicho acuerdo, específicamente en un nuevo párrafo que permite a las autoridades federales asumir jurisdicción en “casos extremadamente horribles, o sea, un caso que afecte nuestra vida como pueblo”.

Cuestionada sobre la posibilidad de que el alcance del memorando de entendimiento incluya casos de pena de muerte, Rodríguez señaló que “si es un caso de pena de muerte, será un caso de pena de muerte”, dando a entender que el memorando incluye dichos casos, aun cuando la Constitución de Puerto Rico prohíbe expresamente dicho castigo.

“Es muy temprano, y recuerde que el protocolo nuestro es secreto, para yo poder contestar esa pregunta”, señaló si en este caso fiscalía habría de solicitar la pena de muerte.

En Puerto Rico ningún jurado federal ha impuesto la pena de muerte a los convictos de asesinato, aun cuando las votaciones de dichos jurados a favor del castigo han resultado mayoritarias. Las leyes federales requieren que la imposición de la pena capital sea mediante decisión unánime.

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