Aprueban medida para promover más seguridad en las carreteras

Capitolio_01-e1376839925357-300x1683122EL CAPITOLIO – El Senado de Puerto Rico aprobó el jueves, el Proyecto del Senado 721 para enmendar la Ley 22 de 200 conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico a los fines de aumentar la multa por conducir un vehículo de motor por las vías públicas sin estar debidamente autorizado.

“El proyecto pretende enmendar la multa porque estamos viendo que cerca de 12 a 18 mil multas surgen de esta situación. Esto no se trata de decir ‘se me quedó la licencia en casa’ o no. Precisamente por conducir con la licencia vencida es lo que le cuesta al gobierno millones de dólares, por no estar autorizado y no lo cubre ACAA si el conductor provoca un accidente”, aseguró enfático el autor de la medida el senador por Ponce, Ramón Ruiz en un comunicado de prensa.

Mientras el presidente de la Comisión de Infraestructura Desarrollo Urbano y Transportación Pedrito Rodríguez dijo al presentar la pieza legislativa que luego de 14 años es importante evaluar el aumento de multas.

“Con esta medida buscamos desalentar el uso de un vehículo en violación a la Ley de Tránsito. Las personas que tienen la licencia vencida no acuden a renovarla porque tienen multas, pero la Ley provee para pagar el 25 por ciento de las multas en el momento y durante los próximos 11 meses pagar el resto de las multas, permitiendo así la renovación de su licencia”.

El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) Larry Seilhamer expresó que no avalaría el proyecto. La multa por conducir un vehículo de motor sin estar debidamente autorizado aumenta a 250 dólares la primera convicción y a no menos de 500 dólares por convicciones subsiguientes.

Apoyan medida de los senadores por San Juan a favor de los inmigrantes.

EL CAPITOLIO  – El Comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), el licenciado Rafael Blanco Latorre, coincidió el jueves, con el fin loable del Proyecto del Senado 1243 para crear la “Ley de Acceso Financiero para Todos” que facilite la creación de cuentas de cheque y ahorro independientemente del estatus migratorio del cliente.

“No obstante lo anterior, la OCIF respetuosamente entiende que la medida debe ser estudiada cautelosamente y aclarada en algunas de sus disposiciones”, dijo Blanco en un comunicado de prensa. Para el comisionado la medida debe incluir una definición de “residente”, pues la misma aplica a cuentas depósitos de residentes, no importa su estatus migratorio. “No obstante el estatus migratorio sí es importante para una institución depositaria pues éstas tienen estándares distintos para los extranjeros residentes y extranjeros no residentes”, explicó.

La OCIF sugirió que la lista de razones para negarse a abrir una cuenta de depósitos no sea taxativa y que provea espacio para las instituciones tomar su propia decisión de negocios. “Lo que se dice es que hay que tener cuidado con poner a las instituciones financieras a si incumplen con la ley local o con la ley federal”, sostuvo. El presidente de la Comisión y autor de la medida no descartó que se revise el lenguaje.

Sobre la pieza legislativa, el senador Nieves Pérez expresó: ”ellos trabajan, aportan a la economía, están ahí, pero por las leyes del estado tienen que vivir en la oscuridad. En mi distrito de San Juan hay una comunidad grande de inmigrantes y hay un sector que no tiene su estatus migratorio resuelto. Con esa motivación radiqué junto al senador José Nadal Power este proyecto”.

Por su parte la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico, recomendó varias enmiendas al proyecto para que este cumpla con las leyes federales. “Sobre el nombre del cliente sugerimos que se exijan al menos dos de los documentos para la corroboración del nombre. Sobre la dirección física, entendemos que si se utilizan los talonarios de utilidades, para corroborar la misma, se debe exigir el talonario original y que la fecha de emisión del mismo no sea mayor del mes anterior a la apertura de la cuenta. Si dicho talonario no está a nombre de la persona, la institución debe asegurarse que la persona que solicita la apertura de la cuenta, está autorizada a utilizar la dirección existente en el talonario”, sugirió el presidente Daniel Rodríguez en su ponencia leída ante la Comisión por la licenciada Astrid Delgado.

El Comité Dominicano de los Derechos Humanos Seccional de Puerto Rico, el Movimiento de Integración Dominicana y Caribeño y la Comisión de los derechos de los Inmigrantes del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico avalaron la medida.

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