Publicidad

Publicidad

Publicidad

Foto

Texto

Tribunal analizará en privado expedientes de víctimas provistos por Diócesis de Arecibo

tribunal-supremo1-300x20031ARECIBO  – A tono con la solicitud de la Diócesis de Arecibo, concedida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, para que un juez examine en privado los expedientes de las investigaciones que realizó la Iglesia contra varios sacerdotes expulsados de su ministerio, la representación legal de la Diócesis entregó el viernes al juez Ángel Pagán Ocasio los documentos que permitirán corroborar bajo estricta confidencialidad, si las víctimas eran mayores de edad al momento de presentar la denuncia ante el foro eclesiástico.

El licenciado Frank Torres Viada, abogado de la Diócesis, explicó que con los expedientes suministrados, el magistrado podrá determinar si alguna de las víctimas era menor de 18 años, al momento de acudir a la Iglesia a hacer su denuncia, en cuyo caso la Diócesis tendría que suministrar sus datos al Estado.

Sin embargo, Torres Viada aclaró que la Diócesis ya había cumplido con esta disposición, pues su protocolo les obliga a notificar inmediatamente a las autoridades civiles cuando la víctima es menor al momento de presentar su denuncia.

“En cuanto a las víctimas adultas (mayores de 18 años) al momento de presentar la denuncia, el Tribunal reconoció que conforme al derecho a la intimidad cobijado por la Constitución de Puerto Rico, estos deben tener la oportunidad de objetar la entrega de la información que brindaron a la Iglesia bajo el entendido de que se mantendría confidencial.  Por ello, el juez deberá solicitar a la Diócesis de Arecibo que notifique a estas víctimas adultas del interés del Estado en obtener su información y las víctimas tendrán un tiempo razonable para expresar si objetan o aprueban dicha entrega.  De objetar por escrito, el juez deberá respetar el derecho a la intimidad de estas víctimas adultas y dejar sin efecto los subpoenas o requerimientos de información emitidos por el Departamento de Justicia”, se indica en un comunicado de prensa circulado el viernes en la tarde.

Torres Viada manifestó que este caso siempre se ha tratado de personas que llegan a la Iglesia siendo adultas, años después de que ocurrieron los hechos y bajo la expectativa de que la información brindada a la Iglesia no sería revelada a otras personas.

“Hay incluso víctimas de más de 50 años con hijos y nietos que no desean que su vida íntima sea ventilada públicamente y eso merece respeto.  Además, su derecho a la intimidad está protegido por nuestra Constitución, como resolvió el Tribunal Supremo”, apuntó.

El abogado aseguró también que la confidencialidad de los procesos de la Iglesia es vital para que otras víctimas acudan a la Iglesia a presentar denuncias de actos impropios y poder conducir las investigaciones eclesiásticas de manera efectiva.

“Debemos recordar que de no haber sido por la garantía de confidencialidad del proceso interno, estas víctimas no se hubiesen acercado a hacer su denuncia ante la Iglesia. Sin esta garantía, ni la Iglesia, ni el Estado, ni los medios de comunicación se hubiesen enterado de estas situaciones y los seis sacerdotes expulsados estuvieran ejerciendo su ministerio y posiblemente amenazando a otras víctimas”, agregó Torres Viada.

Según el letrado, el proceso dispuesto por el Tribunal Supremo, que se pone en marcha con el análisis en privado de los expedientes por parte del juez, “crea un balance acertado entre el interés del Estado en obtener la información, la misión de la Iglesia de conducir sus propias investigaciones y la protección del derecho a la intimidad de las víctimas adultas que ofrecieron una información, entendiendo que ésta se mantendría en confidencialidad”,

Por su parte, el Obispo de Arecibo, monseñor Daniel Fernández Torres, se reiteró satisfecho con que se hayan encontrado los canales adecuados para trabajar juntos el Estado y la Iglesia por el fin común de erradicar este mal.

“Al poder compartir información en estricta confidencialidad con el Juez, tal como lo habíamos solicitado, podemos garantizar y respetar la confidencialidad de las víctimas adultas y el derecho de los fieles a ejercer su fe católica con todo lo que ello implica, incluyendo el respeto al sacramento de la confesión y a las conversaciones entre los religiosos y los creyentes como parte de su dirección espiritual”, puntualizó el Obispo.

Los comentarios para este artículo han sido cerrados.