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Sentencia de 99 años a Roberto Quiñones por el asesinato de Yexeira Torres

Roberto_quiñones-editadaCAROLINA – El juez superior del Tribunal de Carolina, Francisco Borelli Irizarry, sentenció el jueves al expolicía Roberto Quiñones Rivera a 99 años de cárcel por el asesinato de su novia Yexeira Torres Pacheco, cuyo cadáver logró desaparecer en octubre del 2011 y tres años con agravantes por destrucción de prueba.

“Cuando uno de los delitos conlleva pena de reclusión de 99 años, esta absorberá a los demás. Ese artículo (79 A) es un mandato del Código (Penal de 2004) a imponer una pena única conforme al principio de la unidad de pena”, dijo el juez superior al momento de dictar la sentencia en una vista que duró más de 4 horas.

Previo a la sentencia, el juez permitió a la madre de Torres Pacheco, Iris Pacheco Calderón, expresarse en corte abierta.

“Yo quiero que usted tome en consideración el perjuicio, el dolor, el sufrimiento, pero también quiero añadir el descrédito, un acto vil hacia la honra y la fama de mi hija que aguanté como madre hasta que este honorable Tribunal terminara los procesos. No fue fácil para mí, ni es fácil para ninguna madre que para que se le haga justicia a su hija, tenga esta que ser desacreditada en su honra y en su fama. Permitir que se le tire lodo, que se le ensucie. Porque yo quería que se le hiciera justicia, tuve que soportar todo eso”, expresó Pacheco Calderón, mientras sus familiares y allegados lloraban en sala.

Quiñones Rivera, ya convicto por otros delitos, solicitó no estar presente para escuchar su sentencia, pero el juez Borelli Irizarry declaró no ha lugar su petición. No obstante, el convicto insistió en su deseo de no estar presente, por lo que el juez superior le ordenó a estar en sala so pena de desacato. A pesar de las recomendaciones de su abogado Jorge Gordon y del alguacil, el convicto se mantuvo firme en su determinación, por lo que fue declarado en desacato.

“Esta conducta obstruye los procesos en sala y constituye desacato sumario. Esa conducta no paraliza los procesos”, dijo el juez Borelli Irizarry al declararlo culpable por desacato.

Previo al dictamen, el licenciado Gordon intentó sin éxito que el juez reconsiderara la determinación de culpabilidad por asesinato en primer grado y sobre el artículo 291 de destrucción de evidencia. Sobre este último, el juez Borelli Irizarry entiende que el cargo prevalece, porque al no estar presente el cuerpo de Yexeira, no hubo forma de producir un documento forense que determinara las causas de su muerte.

“En el análisis que hemos hecho, determinamos que existe una relación sine qua non (sin la cual no) entre el cuerpo y el documento”, mencionó el juez al declarar por segunda ocasión sin lugar la petición del licenciado Gordon.

En cuanto a la solicitud de los agravantes, el Ministerio Público expuso que el expolicía planificó el hecho delictivo; que el hecho fue violento y de crueldad contra la víctima; que abusó de su superioridad física y deliberadamente le produjo un sufrimiento mayor; que el delito fue motivado por prejuicio por razón de género. Además, solicitaron que se demostrara que hubo reincidencia de parte del convicto, esto por un caso previo de violencia domestica en el año 2003.

De otra parte, el juez Borelli Irizarry accedió a la petición de la madre de Torres Pacheco, Iris Pacheco Calderón para recibir del Departamento de Corrección toda la información relacionada al cumplimiento de la sentencia de Quiñones Rivera.

“Entiendo que los tribunales no pueden sacar de la periferia a las víctimas”, expuso el juez superior.

La teoría de las fiscales Alma Méndez Ríos y Sonia Polanco Vieras, por la cual el ahora convicto cumplirá su sentencia, indica que él mató a su compañera de forma violenta y premeditada entre el 24 y el 29 de octubre de 2011. La bailarina recibió un golpe, con un objeto contundente mientras estaba en el asiento del pasajero de la guagua de Quiñones Rivera. Después fue arrastrada hacia la parte trasera de la van, donde las autoridades detectaron sangre que pertenecía a la mujer.

En la presentación de la prueba, las fiscales Alma Méndez Ríos y Sonia Polanco Vieras sentaron a declarar a dos confinados que supuestamente escucharon al acusado confesar el crimen.

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