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Señalan disloque en la prestación de servicios en el Departamento de Educación.

departamento-de-educacion1EL CAPITOLIO  – El licenciado José Torres Valentín, uno de los abogados que representan a los estudiantes de educación especial en el caso de Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación (DE), sostuvo el martes, que el cierre de escuelas y el problema en el área de transportación ha provocado un gran disloque en la prestación de servicios educativos y servicios relacionados a los estudiantes de educación especial del Departamento.

Por otra parte, el secretario de Educación, Rafael Román, y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Carlos D. Rivas Quiñones, serán obligados a comparecer ante la Comisión de Educación del Senado, si no comparecen personalmente cuando se les cite a deponer ante dicho organismo. El DE no se presentó ni envió representantes. Rivas, en tanto, envió a la licenciada Ana Garcés, como su representante.

Las expresiones se produjeron durante una vista pública de la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo, que preside la senadora María T. González López, en la que se consideró la Resolución del Senado 842, de la autoría de la senadora María de Lourdes Santiago, que investiga los criterios y procedimientos que siguió el Departamento para el cierre de escuelas y reubicar en otros planteles los estudiantes de educación especial, y la Resolución del Senado 8456, de la autoría del senador Miguel A. Pereira, que ordena estudiar el sistema de transportación escolar en las escuelas.

Torres Valentían, quien estuvo acompañado por el licenciado Carlos Gómez, quien es otro de los abogados de la parte demandante, y por la presidenta del Comité Timón de Familiares, María del Carmen Warren, expresó que, en su comparecencia ante el tribunal, informó que se planteó la reducción del presupuesto del Departamento de Educación para el año escolar 2014-2015, alrededor de 243 millones de dólares, siendo el Programa de Educación Especial afectado en alrededor de 53.4 millones de dólares. La jueza Linda Nazario refirió el caso al comisionado especial a cargo del caso, Lcdo. Carlos Rivera Martínez. El tribunal entendió que el DE informó tardíamente a la parte demandante sobre el presupuesto y las acciones que tomaría para el año escolar.

Asimismo, recordó que el DE, cuando compareció ante la Legislatura para defender su presupuesto, informó que se iba a atender una población de 132 estudiantes de educación especial, pero el número vigente a agosto asciende a 162 mil estudiantes, lo que deja al descubierto 30 mil estudiantes, para los que no se presupuestó. El DE, según dijo, reasignó 12 millones de dólares al Programa más tarde.

Por otra parte, señaló que actualmente el Departamento paga 2 mil dólares diarios, pero que el tribunal advirtió que la demanda podría ser de 25 centavos diarios por estudiante para el primer años, 50 centavos para el segundo de incumplimiento, 75 centavos para el tercer, aunque podría tomar otras medidas, como imponer responsabilidad personal a los funcionarios que el tribunal entienda ha fallado o, inclusive, nombrar un síndico para administrar el Programa de Educación Especial. Así que el panorama con que nos enfrentamos al inicio de este año escolar ha sido uno muy escabroso y no aparenta ver luz al final del camino.

Además, agregó que el pasado 23 de junio, el Departamento de Educación Federal (DEF) le advirtió al DE local, por conducto del secretario Rafael Román, que para los años 2012 y 2013 el Departamento incumplió con los estándares establecidos y se les advierte que tienen hasta el 2 de febrero de 2015 para responder a los requerimientos del DEF y de no quedar satisfecho, entonces puede catalogar al DE como zona de alto riesgo, con las implicaciones que ello conlleva, que puede ser la restricción de fondos o la imposición de condiciones adicionales para desembolsar los fondos federales o, inclusive, que podrá ser que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico pague por el servicio y ellos le reembolsan.

De otro lado, señaló que se sometió al tribunal siete declaraciones juradas de padres, que incluye Cayey, Cidra, Carolina, Humacao y San Juan, explicaban el por qué el cierre de escuelas provocaban daños irreparables a sus hijos. Posteriormente, se radicaron decenas de querellas, que exceden las 120. Torres Valentía informó, además, que padres y madres, al someterse al proceso administrativo, se alega que la defensa del Departamento, como estamos en agosto y ya la escuela se cerró, entonces no hay nada que discutir, o acepta la nueva escuela, o la nueva alternativa que la agencia ofrezca, si no, pues que el juez administrativo resuelva. “Cuando se cerraron estas escuelas, algunas de ellas, depositaron en la basura expedientes de los estudiantes de educación especial, algunos de ellos con informes y evaluaciones vigentes, programas educativos individualizados y el tribunal ordenó al Estado que se exprese sobre este aspecto”, dijo.

Por otra parte, la inconsistencia y el alegado desconocimiento de parte de la Lcda. Garcés en las preguntas que se le formularon por parte de los senadores, ello provocó que la senadora Rosanna López planteó que se citara al director de OGP, Carlos Rivas Quiñones, a comparecer ante la Comisión, so pena de desacato, para responder a las interrogantes de la Comisión, lo cual recibió el apoyo de la presidenta de la Comisión, María T. González.

En tanto, la senadora María de Lourdes Santiago, ante el problema de la Lcda. Garcés no responder a la preguntas, expresó que “hay que dejarle saber a Rafael Román (Secretario de Educación, que si no comparece personalmente se arriesga a ser arrestado”, lo cual fue presentado como moción. Dicho planteamiento fue recibido favorablemente por la Presidenta de la Comisión.

Mientras tanto, el senador Ángel L. Rosa, expresó que respalda la moción de que se cite a Rivas bajo apercibimiento de desacatado, porque “ya está bueno de este tipo de falta de respeto al proceso legislativo. En OGP no hay respeto procesos legislativos. Es una cultura que hemos visto a lo largo del cuatrienio y, entonces, pasa esto que está sucediendo la mañana de hoy”.

La senadora independentista Santiago Negrón, comentó que el nivel incumplimiento del DE es espantoso. “Actualmente el Departamento paga una mísera multa de 2 mil dólares al día por el incumplimiento. Si en efecto se toman aquellas determinaciones para las cuales tiene facultad el Tribunal de Primera Instancia, este informe puede dar lugar a que las multas se aumenten a 4,278 dólares al día. Eso quiere decir que de menos de un millón de dólares al año, el DE debe estar pagando cerca de 14 millones de dólares al año”.

Por otra parte, el director ejecutivo interino del Consejo de Educación, David Báez Dávila, informó que el DE viene obligado a informar los cambios que realiza, pero, sin embargo, ante el Consejo “no obra ninguna solicitud de cierre de alguna de las escuelas públicas licenciadas, por lo que debemos inferir que de las escuelas objeto de análisis de esta investigación senatorial, no son parte de las que han sido licenciadas por el Consejo de Educación, lo contrario representaría una seria violación a la ley y nuestro reglamentos”.

También comparecieron ante la Comisión de Educación las organizaciones que representan a los maestros en Puerto Rico, la Federación de Porteadores Escolares y otros grupos, quienes se expresaron sobre problemas que ha provocado en el sistema educativo del país las decisiones que ha tomado del DE.

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