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Se oponen a medida que crea la “Ley de Intervención Temprana a Menores en Riesgo”

logo4-300x85SAN JUAN  – El departamento de Justicia, Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) y la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) se expresaron el lunes en contra del proyecto de la Cámara 1261 para crear la “Ley de Intervención Temprana a Menores en Riesgo”.

La medida, del representante Luis “Narmito” Ortiz sugiere establecer un procedimiento judicial para fijar parámetros de corresponsabilidad de menores que exhiben una conducta execrable, donde serán sometidos a un plan integral de servicios bajo la supervisión rigurosa del Tribunal de Primera Instancia.

“Vamos a escuchar al Departamento de la Familia y ASSMCA en una próxima vista para luego ver qué recomendaciones finales podemos hacerle a la Cámara en torno a este tema”, dijo el Presidente de la Comisión de lo Jurídico, Luis Vega Ramos

El Departamento de Justicia expresó su objeción a que se establezca un procedimiento paralelo que duplique los esfuerzos del estado y que a la misma vez limite su capacidad de proteger el bienestar de la comunidad. “Actualmente la secretaría auxiliar de Asuntos de Menores y Familia tiene la responsabilidad de implantar la política pública establecida en la Ley 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como Ley de Menores de Puerto Rico. Dicha Ley provee el mecanismo legal para atender los casos extremos mediante la medida de autos, cuando un menor presente conducta execrable que a la misma vez constituye la comisión de una falta”, expresaron la licenciada Mónica Ribas y la Procuradora, Alma De Pedro Montes .

Por su parte la Oficina de Administración de los Tribunales levantó reservas a la medida y explicó a través de su ponencia que es el Departamento de la Familia el que provee planes de servicios a menores con problemas de conducta.

“La realidad es que dicho departamento provee planes de servicios en el contexto de casos de maltrato de menores al amparo de la Ley 246-2011, según enmendada, conocida como Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, expresó la licenciada Lucciana Rechany Escudero, en representación de la directora administrativa de los Tribunales, Sonia Ivette Vélez.

La Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), explicó que no avala el mecanismo propuesto en el proyecto, pero sí el interés legislativo de buscar alternativas para ayudar a los padres o custodios que enfrentan dificultades mayores con la conducta de sus hijos o menores bajo su cargo. SAL entiende que la medida establece un procedimiento que, en ausencia de comisión de falta, puede conllevar a la privación de libertad de un menor sin garantizarle el debido proceso de ley. Las representantes de SAL sugirieron que se evaluaran “las experiencia de otras jurisdicciones” como California, Florida y la Ciudad de Nueva York y sus programas de Personas en Necesidad de Supervisión (PINS, por sus siglas en inglés).

Depuso a favor del proyecto la sicóloga Maribel Rivera Cotto, presidenta de Psychological Growth, quien reconoció el esfuerzo dirigido a la intervención de los menores que demuestran faltas y otros comportamientos que van en detrimento de su seguridad física, mental y emocional. Rivera Cotto opinó que es necesaria la elaboración de estrategias concretas bajo el modelo de co-responsabilidad que presenta la pieza legislativa y proporcionarles a los padres los mecanismos apoyados en ley con el fin de lograr la restauración de sus hijos impactando íntegramente a la familia.

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