Publicidad

Publicidad

Publicidad

Foto

Texto

Detallistas de Gasolina llevan sus quejas a vistas públicas del Senado.

GASOLEL CAPITOLIO  – Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos del Senado atendió el miércoles, la Resolución 521, que ordena realizar una investigación sobre el proceso de fiscalización y auditoría que lleva a cabo el Departamento de Asuntos del Consumidor en relación al precio de compra y venta de la gasolina en Puerto Rico.

“El tema de la gasolina en Puerto Rico es uno como la factura de energía eléctrica, que no se entiende a cabalidad por el consumidor común y corriente y mi parecer es que el propio gobierno no ha transmitido con claridad el trabajo que realiza”, expuso el senador Rivera Filomeno en un comunicado de prensa.

El licenciado Iván Garau Díaz acudió en representación de la Asociación de Detallistas de Gasolina, donde expuso los planteamientos del gremio, como enmiendas a la Ley 3 del 21 de marzo de 1978 ‘Ley de la Industria de la Gasolina’, “para combatir prácticas engañosas comerciales dañinas de las empresas petroleras que han afectado la venta al detal de gasolina y que los consumidores paguen precios más altos por la gasolina”.

En su ponencia, Garau Díaz argumentó que “actualmente los distribuidores de gasolina promueven y perpetúan prácticas monopolísticas que afectan al consumidor mediante el incumplimiento recurrente del contrato de franquicias de distribución de gasolina con los detallistas locales, que promueven y perpetúan el descontrol de precios de gasolina al detal, con el fin de venderla a sobreprecio”.

Sobre este particular, el abogado Garau propuso que la Legislatura considere “declarar a la Isla como ‘zona única’ para fines de fijación de precios, para así evitar que se establezca en el País zonas con precios y que los consumidores paguen más por residir en ciertas zonas de Puerto Rico”. La ADG propone además “prohibir la práctica de algunos distribuidores mayoristas de crear corporaciones a cargo de familiares de los oficiales del distribuidor mayorista, para la operación de estaciones de servicio de venta al detal”. Finalmente, el gremio propone a la Legislatura prohibir además la práctica de algunos mayoristas para que detallistas “vendan con precio por debajo o bien cerca del costo de adquisición del producto de gasolina”.

Garau apuntó acusaciones al DACO, alegando que no están fiscalizando adecuadamente los precios de la gasolina por parte de los mayoristas y además lanzó un reto al Senado. “Respetuosamente solicito a esta Comisión que investigue qué ha pasado con las quejas sobre asuntos monopolísticos que se han presentado ante el DACO, sobre este tema de la gasolina y cómo es que las han manejado”.

Durante la vista, depuso la licenciada Carmen Cardona Torres, representando al Secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), Nery E. Adames Soto. Cardona leyó una ponencia donde se detalla el listado de leyes y reglamentos que aplican a la regulación de la gasolina, comenzando la Ley 5 del 23de abril de 1973, mejor conocida como la Ley Orgánica del DACO, seguida por la Ley de Suministros, reglamento de Precios Número 5 y particularmente, la Ley Número 3 de 1978, conocida como ‘Ley de la Gasolina’. Esta es la ley que regula y controla gran parte del negocio de la gasolina. Esta ley es la que declara la industria de la gasolina en todas su facetas, como una revestida de interés público. Una enmienda a dicha ley, aprobada en el 2005, declara a Puerto Rico como una sola zona de mercado, con el propósito de garantizar la estabiliadd, accesibilidad y uniformidad en el precio.

Luis Pagán, ayudante especial del Secretario del DACO aclaró que los informes que reciben de los mayoristas de gasolina son diarios, semanales y trimestrales. “De esta manera comparamos los números que van surgiendo. Recordemos que el negocio de la gasolina está regulado por Nymex y nosotros tenemos acceso a esos números. Tenemos las maneras de saber si los números son alterados o no. Cuando hay alguna discrepancia, se cita a los mayoristas y discutimos dichas discrepancias. Eso ocurre, con poca frecuencia, pero ocurre”.

Pagán explicó que el DACO visita 273 estaciones de gasolina (en Puerto Rico hay 1,100 estaciones en total) para verificar precios y condiciones. “Esa información recibida es auditada, evaluada y fiscalizada por nuestros oficiales. De hecho, el consumidor puede acceder a los datos diariamente por medio de la página web de la agencia: daco.gobierno.pr/gasolinas.

Ante estos datos, el senador Rivera Filomeno cuestionó porqué se fiscalizan “las mismas 273 estaciones mensualmente, cuando en la Isla hay cerca de 1,200 estaciones de gasolina, según los números que ustedes nos ofrecen”. Pagán argumentó que “para establecer tendencias, siempre deben ser las mismas. Pero las estaciones que seleccionamos están distribuidas por toda la Isla. Las demás estaciones que no reciben la visita mensual también envían mensajes trimestrales y semestrales”. Pagán explicó además que “estación que se quiera pasar y aumentar el precio, se sale de la competencia”.

Los comentarios para este artículo han sido cerrados.