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Comisión legislativa señala serias deficiencias en programa Escuelas del Siglo 21 e inicia vistas oculares

scaledEL CAPITOLIO- La Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas (APP), de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, emitió un extenso informe en el que señaló serias deficiencias en el proyecto conocido como Escuelas del Siglo 21, creado y promovido por el gobierno de Luis Fortuño, que incluyó la remodelación de escasamente 81 escuelas al costo de casi 800 millones de dólares, sin que se presupuestara el mantenimiento de las mismas.

“El programa Escuelas del Siglo 21 no cumplió con los propósitos que llevaron a su creación como una APP, y resultó en que tengamos un pequeño grupo de escuelas remodeladas a un costo altísimo sin que se hayan presupuestado recursos suficientes para mantenerlas”, indicó el representante Jesús Santa Rodríguez, presidente de la Comisión en un comunicado de prensa.

Otros datos estudiados revelaron que con 1,400 millones de dólares se hubieran remodelado todas las escuelas del país.

Para evaluar el nivel de cumplimiento y las deficiencias en los planteles, la Comisión Conjunta iniciará vistas oculares mañana en la escuela Rafael Cordero de Cataño. Las próximas visitas se llevarán a cabo el 12 de septiembre de 2014 en las escuelas de Guayama, Salinas y Arroyo.

El programa Escuelas del Siglo 21 fue concebido para remodelar o construir 96 escuelas públicas a través de la Isla. De ese número, sólo fueron completadas 81. Según establece la Ley para las Alianzas Público Privadas, el propósito de una APP es desarrollar proyectos transfiriendo los riesgos al proveedor privado y proveyendo el servicio de forma más eficiente, sin que el gobierno tenga que asumir el costo del proceso. Este propósito, según el representante Santa, no se logró.

“Para financiar el proyecto, el pueblo de Puerto Rico tomó prestados 758 millones de dólares, en momentos en que la economía entraba en su etapa más precaria; el sector privado no puso un sólo centavo”, indicó Santa. “El sector público retuvo todo o parte de los riesgos del proyecto. Tampoco se lograron las eficiencias que supuestamente habrían de proveer el llevar a cabo este proyecto como una APP”, señaló el legislador.

La Comisión evaluó los resultados a la luz del Estudio de Deseabilidad y Conveniencia, EDC, utilizado para justificar este proyecto, y determinó que las conclusiones de dicho estudio resultaron impropias. “Contrario a lo establecido en el EDC, esta APP tomó entre un 42 y un 52 por ciento más del tiempo estimado para completarse que por el método tradicional, y asimismo tomó 20 días más que el método tradicional para pagarle a los proveedores. Este proyecto tuvo también órdenes de cambio que promediaron entre 12 y 15 por ciento de la base, contrario al 8 por ciento del método tradicional. De hecho, en 21 de estas escuelas hubo órdenes de cambio de entre el 18 y 81 por ciento. El propósito de la APP era lograr valor por dinero; ese propósito nunca se cumplió”, resaltó el representante Santa.

La Comisión señaló que la idea original era que los desarrolladores se encargaran del mantenimiento de las escuelas por cinco años. Debido a la incorrecta estimación presupuestaria del programa, ese período se redujo a un año y, una vez pasado ese término, la responsabilidad recayó nuevamente en el gobierno central. “Se planificó mantener estas escuelas con asignaciones legislativas y por la incorrecta estimación en los costos esa responsabilidad recae ahora en el Estado”, indicó el legislador. “Ahora tenemos un grupo de escuelas con equipos no convencionales y muy pocos fondos para mantenerlos”, señaló.

“Según el Estudio de Deseabilidad y Conveniencia, con 1,400 millones de dólares el Gobierno pudo haber invertido en poner al día todas las escuelas públicas de Puerto Rico. Para este programa, se tomó prestado más de la mitad de ese dinero y sólo se remodelaron 81 escuelas, y la ironía es que nadie presupuestó para su mantenimiento. Por bonitas que hayan quedado, este programa no puede considerarse un éxito, sino un fracaso para el sistema de educación pública”, concluyó el representante Santa.

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