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Alegan continúa la crisis en el Sistema de Emergencias 9-1-1

162_911-emergencias-300x181SAN JUAN  – Tras meses de denunciar supuestas violaciones de ley por parte del director ejecutivo, del Sistema de Emergencias 911, Roberto Fuentes Maldonado, la Unión de Trabajadores de las Comunicaciones, contradijo las declaraciones del funcionario durante las pasadas semanas referente al funcionamiento del sistema de emergencias y la paz laboral.

El vicepresidente de la Unión y telecomunicador de emergencias del 9-1-1 Aramis Cruz Domínguez denunció el lunes la inacción por parte del ejecutivo ante esta situación. Dijo que la crisis se debe en parte a la falta de fondos, personal y equipo para despachar las emergencias en los municipios integrados.

“Cuando una emergencia ocurre en uno de los municipios que están integrados contractualmente al 9-1-1, la gran mayoría de las veces el paramédico que nos responde indica, entre otros, que no tiene unidad disponible, que la unidad esta averiada o que el paramédico esta solo en el despacho por lo que no puede atender la emergencia cuando esa es parte de su responsabilidad. Cuando eso ocurre, el telecomunicador del 9-1-1 tiene que cortar la conexión con ese municipio y comenzar otra conexión con Emergencias Médicas Estatal. Realizar estas gestiones pone en peligro la salud del ciudadano que confía en nosotros y que por su emergencia necesita un servicio rápido. Esto a su vez, ha llevado a un aumento en el tiempo de respuesta”, dijo Cruz Domínguez en un comunicado.

Sin embargo, a juicio de Cruz Domínguez “esto podría empeorar”, pues con este nuevo año fiscal, los municipios y las agencias de respuesta dejarán de recibir las partidas financieras acordadas en el contrato que firmaron, o los desembolsos que anualmente aprueba la Junta de Gobierno, gracias a la decisión de Fuentes de donar 12 millones de dólares al fondo general luego de proveer información falsa a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) al decir que el 9-1-1 tenía un sobrante de la cantidad antes mencionado.

“Pero eso no es todo, la Unión también denunció una crisis en el servicio de atención ciudadana 3-1-1. Ese departamento (que es parte del 9-1-1) pierde alrededor de 800 a 1000 llamadas diariamente (reciben un promedio de 1,600 a 2,000 todos los días) esto por falta de personal”, dijo Cruz Domínguez.

A modo de ejemplo, informó que el lunes 8 de septiembre pasado se atendieron 1,256 y se perdieron 1,306. El martes, 9 de septiembre se atendieron 1,124 llamadas y se perdieron 1,066 y el lunes 22 de septiembre se atendieron 1,087 y se perdieron 810. El jueves 25 de septiembre se atendieron 1,022 y se perdieron 376.

“No obstante, lo peor está por venir. Una vez se le removieron los 12 millones al 9-1-1, el gobierno incumplió con las disposiciones federales del New and Emerging Technologies 911 Improvement Act del 2008 que requieren que los fondos que se reciben para el 9-1-1 se utilicen para implementar dicho servicio, al igual que las mejoras a la plataforma del 9-1-1 y el nuevo ‘Text 9-1-1’. Además, haber cedido esos fondos y destinarlos para otra cosa que no sea el sistema de emergencias de Puerto Rico, nos colocó en una posición desventajosa pues quizá no seamos elegibles para recibir fondos federales que provee la FCC para mejorar nuestro sistema de emergencias”, sentenció Cruz Domínguez.

Por otra parte, el secretario-tesorero de la Unión, Luis Benítez, desmintió a Fuentes al asegurar que aún no existe paz laboral pese a la firma del convenio colectivo, algo que según manifestó, se logró gracias a la intervención de funcionarios del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

“Actualmente en el 9-1-1 hay sobre 20 casos pendientes para arbitraje, varios casos de práctica ilícita y más de 70 casos pendientes en el paso 2 del procedimiento de Quejas y Agravios. Vamos a llegar al punto de tener más casos y controversias que unionados en la Agencia. Esto sin contar que ya el director ejecutivo ha afirmado que no va a hacer cumplir ciertas disposiciones del Convenio como los cambios de horario en área administrativa, sin justificación alguna y en clara violación de la Estipulación firmada con el Ejecutivo el pasado 12 de septiembre. Si de algo estamos bien lejos, es de la paz laboral”, dijo.

A juicio de la Unión, esto se le suma a las alegadas denuncias que se han hecho en el pasado que recogen desde actos de corrupción, mala administración de fondos, uso indebido de su vehículo oficial, viajes al exterior sin autorización de la Fortaleza y la Junta de Gobierno, el uso de un contrato de publicidad para el director ejecutivo pagarse a sí mismo y al personal directivo clases de cómo hablar en público y manejo de medios de comunicación, entre otros.

La Unión, se apresta a radicar nuevas denuncias ante la oficina de la Contralora y espera por una acción de parte de los integrantes de la Junta de Gobierno y la Asesora en Seguridad Pública del gobernador y la licenciada Rivera Corujo, quienes tienen copia de las denuncias hechas por la Unión y las respectivas evidencias.

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