Representante popular radica proyecto para plebiscito estadidad “sí” o “no”

vargas ferrerEL CAPITOLIO  – Como había adelantado hace unas semanas, el representante popular Carlos J. Vargas Ferrer, presentó el lunes el Proyecto de la Cámara 2061 que propone la celebración de un plebiscito estadidad “Sí” o “No” para el mismo día de las elecciones en noviembre de 2016.

“Esta medida legislativa pretende aclararle al Congreso de los Estados Unidos, si la mayoría de nuestro Pueblo prefiere o no la estadidad como alternativa para resolver el centenario asunto del estatus político. A su vez, por estar estructurado de una forma sencilla y en una sola pregunta, logra que el resultado de esta consulta no se diluya con otras alternativas de estatus y así evitamos de antemano potenciales interpretaciones a favor o en contra como ha ocurrido en pasados procesos plebiscitarios donde se incorporan más de una alternativa de estatus. Por primera vez en nuestra historia, la estadidad se medirá por sí sola ante la voluntad del pueblo de Puerto Rico,” puntualizó el legislador popular en un comunicado de prensa.

De acuerdo con el representante, la medida dispone que en noviembre de 2016, junto a la elección general, se celebre un plebiscito donde las personas simplemente votarán si están o no a favor de la estadidad. No se incluirán en el plebiscito otras alternativas de estatus como pasó en los plebiscitos de 1967, 1993, 1998 y 2012.

“Todos los plebiscitos que se han celebrado en Puerto Rico han enfrentado diversas alternativas de estatus. Más allá del plebiscito de 2012, donde al menos el resultado reflejó que la mayoría del país no favorece el estatus actual, los demás no han logrado avances para atender el problema de estatus que tenemos. En esa dirección, estoy convencido que de apoyarse esta medida y celebrarse plebiscito, estaríamos dándole una verdadera oportunidad a Puerto Rico de expresarse abiertamente sobre si desea o no la estadidad. En caso de ser favorecida la estadidad, le corresponderá los promotores de esta fórmula utilizar los resultados y lograr la estadidad para el país. Por el contrario, de no salir favorecida se traduciría en la derrota más terrible en su historia, porque si aún con los problemas que enfrenta el ELA en esos momentos no logran convencer el País, la lucha por la estadidad afrontaría un gran retroceso”, enfatizó Vargas Ferrer.

El legislador recordó que recientemente el presidente Barack Obama aprobó la ley conocida como “Consolidated Appropriations Act, 2014”, donde provee 2.5 millones de dólares destinados a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para propiciar una educación objetiva, no partidista y un plebiscito respecto a las opciones que resuelvan el estatus político de Puerto Rico. Pero, antes de hacer cualquier desembolso, el secretario de Justicia Federal tiene que aprobar las alternativas de estatus a fin de garantizar que las opciones de estatus presentadas no fuesen incompatibles con la Constitución, las leyes y la política de los Estados Unidos.

“Promover esta consulta de estadidad “Sí” o “No” es cónsono con el mandato congresional de viabilizar una consulta donde se propongan condiciones no coloniales y no territoriales, como en la reciente aprobada ley Congresional aprobando 2.5 millones para una consulta de estatus tutelada por el Gobierno Federal. Además, guarda sintonía con el pedido de descolonización ante Comisión de Descolonización de las Naciones Unidas en junio pasado donde se propuso un plebiscito idéntico y comparable con los celebrados por los estados de Alaska y Hawaii,” añadió.

De no aprobarse el desembolso de los 2.5 millones asignados por el Gobierno Federal para la consulta plebiscitaria, el proyecto radicado dispone que se le estarían asignando a la CEE la cantidad de 300 mil dólares del presupuesto del año fiscal 2015-16 para su celebración.

“Consientes de la situación fiscal que atraviesa el país, proponemos que el plebiscito se celebre el mismo día de la elección general en el 2016. Si hubiésemos considerado otra fecha, el costo para la celebración de un plebiscito de esta naturaleza podría rondar entre 7 a 10 millones, y todos sabemos que es una cantidad significativa de dinero que el País no dispone en estos momentos. También hemos sido bien prudentes con los costos del proceso plebiscitario y por ello, en el proyecto de ley queda claro que no se van a destinar fondos públicos a ningún partido, agrupación de ciudadanos o comité de acción política para promover o apoyar cualquiera de las dos opciones. Van a tener que levantar fondos privados si desean representar alguna de las opciones e inscribirse y regirse por la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas”, concluyó Vargas Ferrer.

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