Presidente del PIP en Maricao asegura agencias “encubren corrupción” de alcalde de ese pueblo

phpThumb_generated_thumbnailjpgMARICAO  – El presidente del Comité del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Maricao, Maximino Rivera López denunció el sábado, la “incompetencia e ineptitud” de las agencias de fiscalización del estado en el caso del alcalde de Maricao “a quien se le ha permitido una casi total impunidad ante los graves actos de corrupción pública cometidos por el funcionario y claramente documentados por las mismas agencias”.

“Las cuatro agencias a cargo de la fiscalización del uso de fondos públicos y el cumplimiento cabal de las leyes que regulan las finanzas municipales- el Fiscal Especial Independiente, la Oficina del Contralor, el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental- han resultado ser claramente incompetentes al momento de hacer al cumplir las leyes que juró cumplir el alcalde de Maricao al asumir su posición y se han convertido en cómplices y facilitadores de los actos de corrupción pública cometidas por el funcionario con su imprudente e irresponsable indulgencia ante tales actos”, dijo Rivera López en un comunicado de prensa.

Mencionó que con sus omisiones en el cumplimiento de su deber estas agencias envían el equívoco mensaje que en el caso de los alcaldes no habrá falta o acto corrupto que no encuentre un seguro perdón o encubrimiento oficial debido al claro desbalance de poder político que existe entre estos entes gubernamentales y la falta de entereza moral y valor de estas agencias.

“En el caso del FEI, el descaro de esta agencia- claramente identificada con el partido al que pertenece el alcalde- llega al punto de mentirle al público al declarar que nadie ha radicado querellas contra el alcalde ante ese organismo. Totalmente falso. En o alrededor de septiembre de 2012 personalmente radiqué una querella haciendo alusión a los hallazgos acumulados en diez informes del contralor a lo largo de veinte años y actos públicos que apuntaban a posibles violaciones de ley. La única contestación a esa querella fue el absurdo reclamo de la presentación de un expediente de más de 15 elementos incluyendo declaraciones juradas del alcalde y todos los funcionarios municipales envueltos. Es claro que el FEI no tiene intención alguna de cumplir con su deber y que se ha convertido, con esta bochornosa omisión en el cumplimiento del deber, en cómplice del alcalde y sus actos de corrupción”, reclamó el líder independentista.

“Otra agencia que le ha fallado gravemente al pueblo es la Oficina del Contralor. A pesar de haber documento con meridiana claridad en diez informes a los largo de veinte años el patrón de corrupción del alcalde, esta agencia no ha podido convencer a nadie que tome alguna acción para hacerle justicia al pueblo de Maricao que ha estado sumido en el subdesarrollo, la pobreza y el desempleo mientras el alcalde y sus allegados se dan vida de millonarios. Específicamente en el informe del contralor M-10-43 insta al gobernador a ‘considerar los hallazgos de este Informe (Informe de Auditoría M-10-43) y los incluidos en los informes de auditoría M-10-29, M-10-42 del 4 de diciembre de 2009 y 2 de febrero de 2010, M-06-45, M-06-47 y M-06-48 del 1, 3 y 8 de mayo de 2006, M-04-19, M-04-28, del 28 de noviembre de 2003 y 19 de enero de 2004, M-01-50 del 14 de junio de 2001 y M-99-7 del 15 de diciembre de 1998, y determinar si se deben instar querellas o cargos contra el alcalde ante la Comisión para Ventilar Querellas Municipales’. Demás está señalar que nada de esto ha ocurrido y el alcalde se considera con toda razón por encima de la ley,” reclamó el pasado legislador municipal del PIP.

Según el exlegislador municipal, esta recomendación desaparece de los informes subsecuentes en lo que parece ser un blanqueamiento de los informes y una absolución retroactiva de parte de un contralor nombrado por el Partido Nuevo Progresista (PNP) que contradice los hallazgos de previas administraciones de este ente fiscalizador.

“Un lugar privilegiado debe reservarse para el Departamento de Justicia en este esquema de encubrimiento. No solo el Departamento de Justicia ha ignorado por completo los señalamientos bien documentados de la oficina del contralor, que cuando hace un señalamiento lo hace con abundante evidencia, sino que cuando recibieron mi querella asumieron el papel de abogados el alcalde y parecían estar más interesados en asegurar que el alcalde pudiera evadir la ley más que cumplirla. Con una investigación superficial y tendenciosa el Departamento de Justicia se conformó con dar por ciertas las alegaciones del alcalde de que no había hecho nada ilegal sin profundizar ni hacer el mínimo intento de corroborar las denuncias de una forma diligente y responsable emitiendo una absolución total de las denuncias hechas contra el alcalde. El Departamento de Justicia carece del valor moral para enfrentar las consecuencias políticas de denunciar a un alcalde en Puerto Rico debido a que casi todos los fiscales y el mismo secretario le deben su posición a la recomendación de algún alcalde y saben que atentar contra ese enclave de la corrupción pública en Puerto Rico es un suicidio profesional”, señaló Rivera López.

“Finalmente, la Oficina de Ética Gubernamental- a pesar de ser la única agencia que ha tomado alguna acción contra el alcalde- se ha convertido en parte del problema debido a lo pusilánime e indulgente que ha sido al imponer unas sanciones que no pueden caracterizarse de otra forma que no sea insignificantes e irrisorias. La imposición de una multa de 10,000 dólares al alcalde por una contumaz violación de la ley que le produjo a un familiar suyo más de 200,000 dólares en ingresos a los que no tenía derecho legal no solo es inefectiva como mecanismo disuasivo sino que es un estímulo a continuar con el esquema. Después de todo, resulta buen negocio pagar el 5 por ciento de una cantidad obtenida ilegalmente y retener el monto restante. Peor aún, es que este no es el primer ni único caso. Se ha alegado en el pasado que el vice alcalde y vicepresidente del PNP en Maricao le exigió a un músico proveedor del municipio que, a cambio de otorgarle un contrato, ofreciera sus servicios sin costo en un acto de recaudación de fondos del partido. Hechos relacionados a este incidente fueron alegados por la Oficina del Contralor pero de una forma característica se suavizó el acto claro de corrupción llamando “conflicto de interés” a lo que claramente pudiera ser un soborno. Una vez llega a la oficina de Ética Gubernamental esta denuncia continua el proceso de encubrimiento y se impone una multa que no recoge para nada la severidad de la falta. Para añadirle insulto al agravio, a petición del funcionario multado la cantidad se reduce a una cantidad nominal de 500 dólares que pudiera haber tardado cinco minutos en ser recolectada entre los proveedores y contratistas del municipio. De nuevo, lo pusilánime e indulgente de la acción de Ética en vez de ser un disuasivo se convierte en un estímulo. Si un funcionario sabe que va ser multado por una cantidad mucho menor al beneficio que obtiene su partido y que no representa ni la más mínima molestia no hay razón alguna para no continuar esa conducta. Quizá por eso es que el alcalde de Maricao y su gabinete tienen numerosos casos similares a los que motivaron la timidísima acción de Ética no le temen a la multa por que el beneficio de violar la ley es mucho mayor y pueden pagar la multa sin tener que pagar el costo ni legal ni político,” afirmó el estudiante doctoral de Educación y Currículo.

“Estaremos pidiendo la intervención de nuestra legisladora la senadora María de Lourdes Santiago en este caso. Es hora de que la legislatura intervenga y le quite la discreción a Ética de negociar las multas; que se cree un organismo de fiscalización verdaderamente independiente de influencias políticas que rompa el nudo de impunidad que protege a los alcaldes de forma que se proteja las maltrechas finanzas públicas de la depredación de quienes no consideran la mera vergüenza pública como disuasivo suficiente; que se impongan penas innegociables y automáticas de destitución, cárcel, restitución total y multas verdaderamente punitivas. De continuar el actual esquema no habrá esperanzas de controlar el monstruo de corrupción que devora a los municipios cuyos alcaldes luego de obtener la confianza del público se convierten en virtuales caciques feudales que gozan de total impunidad”, concluyó.

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