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Legisladores azules dicen Reforma Energética no es ejecutable

08-17-14 JNvarro JGonzalez RLlerandi ARodriguezEL CAPITOLIO – La portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Jenniffer González Colón, junto a los legisladores Ángel “Gary” Rodríguez Miranda, Ricardo Llerandi Cruz y Jorge Navarro Suárez denunciaron el domingo que el inminente aumento en la factura de energía eléctrica es consecuencia directa de la crisis auto infligida por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a raíz de las malas decisiones administrativas que ha llevado a su sindicatura.

“Este gobierno le falta a su palabra, nuevamente, al amenazar con el aumento en el costo de energía eléctrica luego de año y medio de prometer que lo bajarían y aprobar una mal llamada reforma energética. Prometieron además que ‘acelerarían el programa de diversificación de combustible’, sin embargo, paralizaron por 18 meses los proyectos del PNP sobre este asunto. Ahora, su incapacidad administrativa la pagará el pueblo al amenazar con el aumento en la factura”, expresó González Colón en conferencia de prensa.

“La mal llamada reforma energética del Partido Popular lo único que ha traído son malas noticias. Por ahí se acerca un aumento a la tarifa directamente relacionado a la ineficiencia de esta administración. Las degradaciones de la deuda continúan a todo tren y ahora la Autoridad está en manos de un síndico que aumentará el costo del kilovatio-hora, algo que será mortal para la economía”, explicó por su parte, Rodríguez Miranda, quien representa los municipios de Toa Alta y Bayamón.

El representante además explicó que “la falta de acción del Partido Popular es tal que en solo unos meses, la AEE tendrá que pagar una multa de unos 300,000 dólares al día por no cumplir con los Estándares de Emisión de Mercurio (conocidos como MATS). Esto definitivamente hará que suban de nuevo las tarifas para todos los abonados”.

Por otro lado, la expresidenta cameral enfatizó que es la primera vez en la historia que el gobierno de Puerto Rico incumple con sus compromisos. “El ELA no puede con sus obligaciones. Nunca habíamos sido testigo de tantos ciclos de degradaciones, sobre todo en la AEE, que volvió a ser degradada inmediatamente que se aprobó la ley de quiebra criolla”, dijo.

Indicó que ante la incapacidad de la AEE en saldar su deuda de 5,000 millones de dólares a varios bancos privados, la corporación se vio obligada en dejar en manos de terceros, un síndico bancario, la toma de decisiones al respecto, así como su parte administrativa y operacional y la ejecución de un plan de negocios a cinco años en un acuerdo realizado con el 60 por ciento de los acreedores y bonistas, que consiste en retrasar el pago de principal hasta marzo 2015 y solo pagar los intereses correspondientes durante este periodo.

González Colón sostuvo acerca de los pagos y depósitos de dinero por parte de la AEE, que el acuerdo incluye que a pesar que la corporación pública estaba obligada a depositar dinero en los “Revenue Funds” y “Sinking Funds” para cumplir con sus obligaciones de pago con relación al principal y los intereses de su deuda, ya no lo tendrán que hacer; a su vez, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) dejará de recibir sus pagos y no ejercerá su derecho a recibir compensación por cantidades adeudadas con los depósitos de la AEE y no recibirá pagos por intereses. La AEE retirará 280 millones de dólares del Fondo de Construcción y los transferirá a la cuenta de gastos corrientes.

“Otro de los compromisos por parte de la AEE en esta negociación es que cobrará de una manera comercialmente razonable, las cuentas pendientes o atrasadas. ¿De dónde el gobierno se pagará a sí mismo más de 400 millones de dólares que le adeuda a la AEE?”, cuestionó González Colón.

“Hoy queda al descubierto una de las más grades mentiras del Partido Popular. La mal llamada ‘reforma energética’ no fue otra cosa que una táctica dilatoria para intentar desviar la atención del pueblo ante el desastre administrativo de la Autoridad. Desde el 27 de mayo, cuando García Padilla firmó la ley, hasta el día de hoy, sólo se ha designado a una persona para la Comisión Reguladora de Energía. Tenemos que preguntarnos, ¿de dónde la autoridad sacará los 5.8 millones de dólares para operar la comisión si no tiene ni tan siquiera para comprar el combustible que necesita?”, enfatizó Llerandi Cruz.

El legislador por Arecibo y Hatillo cuestionó además la necesidad de la comisión luego que el pasado jueves la autoridad acordara, en esencia, “privatizar la corporación pública y pasar su administración a un síndico designado por los banqueros”.

Llerandi Cruz se refiere al alegado acuerdo firmado el pasado jueves entre la administración de la Autoridad y las entidades que han otorgado líneas de crédito, que se utilizan para pagar por el combustible, la energía comprada y otros gastos; para extender hasta el 31 de marzo de 2015 los acuerdos previamente anunciados, y la colocación de un administrador de deuda.

De otra parte, dijo que la Reforma Energética (Ley 57-2014), dejó a los abonados de la AEE desprovistos de un foro donde puedan objetar las facturas por concepto de consumo de energía. Previo a la aprobación de la Reforma, los abonados contaban con los mecanismos que dispone la Ley Número 33 de 27 de junio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley para Establecer Requisitos Procesales Mínimos para la Suspensión de Servicios Públicos Esenciales”. Sin embargo, que la ley aprobada enmendó la Ley 33 a los fines de que no aplique a la AEE.

Según Navarro Suárez, la Reforma creó la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC), que sería financiada con el 10 por ciento de los 5.8 millones de dólares que la AEE debe remitir al Departamento de Hacienda para cubrir los gastos operacionales de la Comisión de Energía.

“Al día de hoy, el gobernador no ha designado a la persona que fungiría como Director de la OIPC, por lo tanto, la misma está inoperante, al igual que las demás entidades que creó la mal llamada ‘Reforma Energética’. Siendo ello así, todos los abonados de la AEE están desprovistos de un foro donde puedan presentar querellas en cuanto a la procedencia de los cargos facturados por concepto de consumo de energía eléctrica”, dijo Navarro Suárez, quien fue presidente de la Comisión de Asuntos del Consumidor en la Cámara.

PNP denuncia violación de ley en Comisión de Desarrollo Cooperativo

SAN JUAN – El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Aponte Hernández denunció el domingo que el director ejecutivo de la Comisión de Desarrollo Cooperativo, Sergio Ortiz Quiñones, alegadamente viola la ley al utilizar, para fines personales, los vehículos asignados para su transportación oficial.

Aponte Hernández solicitó una auditoría sobre el uso de todos los vehículos oficiales en la Comisión y la aplicación de todas las sanciones correspondientes.

“El Comisionado de las Cooperativas, obviando una orden explícita de su jefe político, el gobernador Alejandro García Padilla, autoriza a su chofer a utilizar el vehículo oficial de la Comisión, un auto Dodge Challenger, color negro y con tablilla número 003154, para que este viaje todos los días al municipio de Isabela, donde vive. Lo irónico y hasta deplorable es el hecho que mientras esto sucede, el propio Ortiz Quiñones usa otro vehículo oficial, una guagua Blazer, color blanca y con tablilla 030855, para trasladarse a su apartamento luego de alegadamente hacer sus funciones públicas”, manifestó el líder estadista mediante un parte de prensa.

Según detalló el expresidente de la Cámara de Representantes, Ortiz Quiñones está infringiendo de forma descarada la Ley número 60-2014 que explícitamente prohíbe a los jefes de  agencias el uso de vehículos oficiales las 24 horas del día. De no cumplir la ley, el jefe de la agencia  se enfrentará a una multa administrativa de entre 1,000 a 5,000 dólares.

“Con estas acciones, la Comisión incurre en un gasto excesivo de la gasolina y pago de peaje con el uso ilegal del Dodge Challenger ya que Ortiz Quiñones pernocta en San Juan y no hay razón para usar el vehículo todos los días a Isabela. Habría que investigar si en el mismo viaja algún otro empleado, lo que representaría un beneficio marginal no autorizado. En peaje se gastan alrededor de 140 dólares mensuales, mientras que lo derrochado innecesariamente en gasolina ronda los 500 dólares al mes”, continuó diciendo.

“Como este desgobierno del Partido Popular Democrático le gusta alardear tanto de transparencia, exhortamos al Comisionado a que presente evidencia de los gastos de gasolina y los peajes incurridos con el uso del auto Dodge y que además, someta una declaración jurada negando esta denuncia”, sentenció.

Por otra parte, Aponte Hernández reclamó explicaciones concretas por parte del Comisionado de Cooperativas en relación al accidente de tránsito que protagonizó el pasado viernes, 15 de agosto, en la urbanización Villa Nevares y en donde impactó un objeto en la vía pública.

“Tenemos información que apunta a que fue el propio Ortiz Quiñones quien estaba conduciendo el vehículo oficial que se accidentó y que al funcionario se lo llevaron de la escena para que no lo confrontaran con los hechos. Es hora de que se aclare este punto. El pueblo tiene que saber la verdad”, sostuvo.

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