Educación, hoy miércoles 13 de agosto, 2014

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Satisfechos pero con la guardia en alto, los padres de niños con necesidades especiales

SAN JUAN  – El grupo de padres de la Alianza de Autismo y Desórdenes Relacionados que se reunió en miércoles en la tarde con el Gobernador Alejandro García Padilla para discutir las alternativas de cumplimiento del estado con los servicios que sus hijos deben recibir, se expresó satisfecho de los acuerdos alcanzados en la reunión, pero reiteró que habrán de seguir con sus acciones judiciales y civiles para garantizar el derecho a la educación de sus hijos.

“Las acciones que nosotros, como padres y madres, realizamos para lograr que se reivindiquen los derechos de nuestros hijos no quitan, no solamente que vamos a seguir en la calle haciendo las protestas con las propuestas, sino que también vamos a seguir litigando en los tribunales mientras sea necesario”, señaló Carmen Warren, portavoz del comité timón de padres de la Alianza.

Warren explicó que se acordó con el Gobernador, y su Secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila, la creación de unos grupos de trabajo para lograr la reestructuración del programa de educación especial del Departamento de Educación. Dicha reestructuración se llevará a cabo con la participación de los distintos componentes del programa, incluyendo a los padres y madres de los niños.

“Llevamos muchísimas décadas reclamando la participación de los padres y las madres, que somos los peritos en el área de educación especial y sabemos cuáles son las necesidades particulares que tiene nuestra comunidad”, dijo Warren, confiada en que habría de materializarse la participación que el grupo demanda.

Joyce Dávila, presidenta de la Alianza, explicó que el comité, que contará con la participación de los padres de los niños con necesidades especiales, el Departamento de Educación y La Fortaleza, para asegurarse del cumplimiento y de que se vaya en línea con la política pública del gobierno.

Sobre las quejas y reclamos más apremiantes de los padres en torno al inicio de clases esta semana, Warren señaló que el Gobernador se comprometió a que el Departamento de Educación estaría trabajando con el proceso de contratación del personal que aun falta. De acuerdo con Warren faltan por nombrar unos 2,500 asistentes de servicios para los estudiantes de educación especial “y algunos otros que van a requerir otros estudiantes”.

En relación a la permanencia de la Secretaria Auxiliar a cargo de Educación Especial, doctora Doris Zapata, el grupo de padres y madres, quienes se reiteraron en que ésta fuera removida del cargo, señaló que el Gobernador se comprometió a evaluar la petición porque ha recibido “preocupaciones de distintos sectores”, presumiblemente vinculados a la educación especial, sobre la gestión de Zapata.

Protestan en defensa de niños de educación especial

SAN JUAN – Más de un centenar de miembros de la Alianza de Autismo y Desórdenes Relacionados reclamaron en frente de La Fortaleza el miércoles el derecho de sus hijos a una educación pública, gratuita y apropiada.

“Al momento de comenzar el año escolar 2014-2015 miles de familias viven en incertidumbre y angustia porque el estado pretende disponer de los derechos de sus hijos a su conveniencia y necesidad. La realidad de una pobre ejecutoria en el cumplimiento de las leyes y en el servicio ofrecido, han convertido los programas de educación especial y rehabilitación vocacional, entre otros, en programas ineficientes”, denunció Joyce Dávila, presidenta de la Alianza.

El grupo de padres y madres denunció que el cierre de escuelas anunciado por el Secretario de Educación en mayo pasado, justo después de finalizar el año escolar, dejó sin servicios educativos a miles de estudiantes de educación especial que requieren de un programa educativo individualizado que debe ser discutido con los padres y madres para determinar la ubicación que tendrán los estudiantes.

Carmen Warren, portavoz del comité timón de padres de la Alianza, señaló que desde que se informó del cierre de las escuelas advirtió al Departamento de Educación que el cierre de las escuelas debía atenderse “con mucha sensibilidad” porque en muchas de ellas “más del 40 por ciento de la matrícula” está compuesta por estudiantes de educación especial.

“La determinación de la ubicación de los estudiantes no venía dispuesta de la alta jerarquía del Departamento de Educación”, dijo Warren al puntualizar que, al ser participantes del programa de Educación Especial, la ubicación de los niños en una nueva escuela debió discutirse con los padres, según se requiere por ley.

Esa incertidumbre se creó al final del año escolar cuando ni siquiera uno de los miles de padres de estudiantes de las escuelas que iban a ser cerradas recibió una carta oficial del DE indicándole que su escuela sería cerrada.

“No debemos continuar permitiendo que la población de educación especial viva en incertidumbre continua sobre los servicios que debe recibir. Es inaceptable que cada año, la semana antes de comenzar las clases, tengamos este caos –que aclaramos que este año ha sido el peor en décadas– y que todos nuestros niños no puedan comenzar clases como lo hacen sus compañeros de la corriente regular”, señaló Dávila.

El grupo de padres denunció también la reducción en los fondos de la Secretaría Asociada de Educación Especial (SAEE) –lo que afecta la cantidad y calidad de los servicios que los niños deben recibir–, la limitación a seis meses de ubicación (hasta diciembre) a los niños en colegios privados y los cambios en la transportación de los estudiantes.

Un grupo de padres de la Alianza se reunió en la tarde del miércoles con la Secretaria de la Gobernación para discutir y atender los sus reclamos y sugerencias a los problemas que deben enfrentar con sus niños al momento de reclamar acceso a su educación.

Reclaman que Educación done raviolis que descartaron a entidades benéficas

EL CAPITOLIO  – El representante del Partido Nuevo Progresista, Urayoán Hernández  Alvarado, reclamó el miércoles que el Departamento de Educación comience inmediatamente el proceso de donar a organizaciones sin fines de lucro los cientos de contenedores de raviolis de carne que ya no van hacer utilizados en el menú de los comedores escolares durante este semestre académico antes de que los mismos lleguen a la fecha de expiración y se pierdan.

“En Puerto Rico existe mucha necesidad en casi todos los sectores de nuestra población. Lamentablemente todavía hay cientos de puertorriqueños que se acuestan todas las noches sin comer. Es increíble y vergonzoso que el departamento, literalmente, espere hasta la fecha que expiran estos comestibles para decomisarlos. Se deben donar a entidades como iglesias, albergues para mujeres y niños maltratados, hogares para envejecientes y centros de ayuda a personas sin hogar; antes de tan siquiera pensar en botarlos”, manifestó el legislador estadista mediante un comunicado de prensa.

La solicitud del representante por los municipios de Orocovis, Barranquitas, Villalba y Coamo surge luego que se confirmara esta semana que el departamento eliminó del sistema de nutrición la porción de raviolis de carne, sustituyendo los mismos por arroz integral y que decomisara toda esa comida sin usarla.

Según Hernández Alvarado, el departamento no sólo despilfarró miles de dólares de de fondos públicos en la compra de esta comida que ahora quieren botar, si no que ahora tampoco cuentan con un plan para donar la misma a entidades que pueden hacer buen uso de estos alimentos.

“Emplazamos al secretario de Educación, Rafael Román, a que haga lo correcto y busque alternativas para evitar que se pierda tanta comida. Reiteramos que es bochornoso el hecho que intencionalmente se quiera decomisar esa comida sin que primero se agote todas las opciones para donar la misma”.

El también portavoz de la delegación estadista en la Comisión de Agricultura no descartó radicar un proyecto de ley para obligar al departamento disponer del producto antes de que este llegue a la fecha de expiración y ya no puedan ser usados.

“Tenemos información que la primera fecha de expiración de una de estas paletas de comida es a mediados del mes de octubre. Es imperativo que, si el secretario no actúa, la Legislatura intervenga y evite este despilfarro de comida”.PDFImprimirCorreo electrónico

OGPe atenderá controversia de Academia La Milagrosa el 22 de agosto

SAN JUAN – La vista sobre la controversia de los permisos de la Academia La Milagrosa de Cayey por parte de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), se celebrará el 22 de agosto, confirmó el miércoles el portavoz de prensa de la entidad, Ángel Raúl Matos.

Matos expresó a CyberNews que la vista no se puede adelantar porque la ley habilitadora no lo permite.

“La vista se había pospuesto desde el 2013 en cuatro ocasiones por diferentes razones. La ley cambió hace poco y ahora la OGPe es quien ve los casos. Antes había una Junta que lo hacía”, dijo Matos.

Se supo que la controversia está en la OGPe desde el 2008 y que por alguna razón no se había hecho nada.

La orden de la jueza Diana Pérez Pabón emitida el 8 de agosto en relación al caso de la Academia La Milagrosa de Cayey, puso en vigor una orden de desacato dictada previamente en una controversia que va más allá del asunto de tránsito vehicular y que está relacionada a la operación de la academia sin los debidos permisos.

Los demandantes, residentes de la comunicad El Prado, han prevalecido en este pleito que se entabló desde el 2005. Los demandados recurrieron al Tribunal Supremo en julio pasado con un recurso de Auxilio de Jurisdicción y se proveyó no ha lugar.

El martes trascendió que la jueza Pérez Pabón ordenó el cierre de la academia lo que dejó en la calle a cerca de 500 estudiantes y unos 70 maestros. Trascendió que entre los reclamos de residentes del área están los problemas de tránsito en la zona. El miércoles, padres y maestros de la institución educativa llegarán hasta la Fortaleza con sus argumentos.

Por otro lado, el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez dijo que se integra para colaborar como mediador en el conflicto.

Pleito de Academia de Cayey es por asuntos de permisos y por desacato

SAN JUAN – La orden de la jueza Diana Pérez Pabón emitida el 8 de agosto en relación al caso de la Academia La Milagrosa de Cayey, puso en vigor una orden de desacato dictada previamente en una controversia que va más allá del asunto de tránsito vehicular y que está relacionada a la operación de la academia sin los debidos permisos.

Los demandantes, residentes de la comunicad El Prado, han prevalecido en este pleito que se entabló desde el 2005. Los demandados recurrieron al Tribunal Supremo en julio pasado con un recurso de Auxilio de Jurisdicción y se proveyó no ha lugar.

El martes trascendió que la jueza Pérez Pabón ordenó el cierre de la academia lo que dejó en la calle a cerca de 500 estudiantes y unos 70 maestros. Trascendió que entre los reclamos de residentes del área están los problemas de tránsito en la zona. El miércoles, padres y maestros de la institución educativa llegarán hasta la Fortaleza con sus argumentos.

Por otro lado, el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez dijo que se integra para colaborar como mediador en el conflicto.

Llamado a AGP por escuela de Ponce

PONCE – La alcaldesa de Ponce María “Mayita” Meléndez le solicitó el miércoles al gobernador Alejandro García Padilla, que atienda a los padres que luchan por la educación de sus hijos de la escuela elemental Luis Muñoz Rivera I en la comunidad Vallas de la Perla del Sur.

“Es una pena que el gobierno rete a una comunidad que se preocupa por la educación de sus hijos. Es humillante como se le pone el mollero político, porque cumplen con su responsabilidad como padres. Es frustrante cuando las reglas son para unos de una forma y para otros de otra. Yo continúo solidaria con la comunidad y le pido al gobernador que sea lo haría un buen padre, que escuche a éstas familias. Me consta que siendo gobernador lleva a sus hijos a la escuela. Le pido que se ponga por unos minutos del  lado de estos padres. Si lo hace, seguro haría lo mismo. Le pido que reconsidere y atiendan a éstos padres”, dijo la alcaldesa en un comunicado de prensa.

El secretario de Educación, Rafael Román Meléndez, indicó el martes, que la decisión de mantener la escuela cerrada es final y firme. La razón principal para el cierre del plantel es el constante descenso de matrícula por los últimos años. La pasada semana Román Meléndez se comprometió con la comunidad escolar en revertir la determinación del cierre si se evidenciaba que la escuela contaba con la matrícula mínima necesaria para el curso escolar 2014-2015. La comunidad inició un proceso de matrícula el pasado viernes que se extendió hasta el lunes a las 4:00 de la tarde. No obstante, en el proceso, solo se logró alcanzar la cifra de 82 estudiantes, quedando 36 casos por debajo de la matrícula mínima requerida.

“No se trata de un reclamo cualquiera, aquí hay padres preocupados por la educación de sus hijos,  a quienes le han puesto retos y tropiezos y aún se mantienen abogando por la educación de sus hijos. Ellos han estado solicitando la oportunidad que le han brindado a otras comunidades”, reiteró.

La alcaldesa apoyó a los padres de la comunidad en su determinación de quedarse dentro de la escuela para lograr llamar la atención del gobernador. “No hay razón para que esto suceda, mi llamado es a resolver este problemas y que los padres puedan regresar a sus casas y disfrutar su escuela. Mi llamado es al diálogo y no a los retos”, concluyó.

Alcalde de Cayey de mediador en conflicto con Academia La Milagrosa

CAYEY  – El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez dijo el miércoles que se integra para colaborar como mediador en el conflicto entre la Academia La Milagrosa y la comunicad El Prado.

“Se trata de la educación de nuestros niños, por lo que tiene que haber una forma de resolver el asunto y poder sentarnos en la misma mesa a discutir la situación,” dijo Ortiz Velázquez en un comunicado.

El martes trascendió que la jueza Diana Pérez Pabón ordenó el cierre de la Academia lo que dejó en la calle a cerca de 500 estudiantes y unos 70 maestros. Esto ante reclamos de residentes del área por problemas de tránsito en la zona. El miércoles, padres y maestros de la institución educativa llegarán hasta la Fortaleza con sus argumentos.

“La Academia es un centro de empleo, un espacio que ha ido en desarrollo, brindando servicios a la comunidad. También se trata de los reclamos de los vecinos del sector y sus preocupaciones, por lo que es un caso amplio que debemos mirar con justicia para llegar a un acuerdo que beneficie a todos,” detalló el ejecutivo municipal.

Ortiz Velázquez expuso que el país se ha visto envuelto en situaciones de crisis mayores, en las que el diálogo ha sido la clave para llegar a un entendimiento, por lo que espera que esta situación lamentable, que afecta directamente la educación, pueda llegar a un punto de solución. “Siempre el país se ha levantado en crisis mayores, ésta situación no puede ser la excepción”, dijo.

Por otro lado, sostuvo que el gobierno municipal ha dado el paso al frente y de buena fe espera poder escuchar todas las partes y analizar entre todos los sectores, las alternativas más adecuadas, para garantizar la educación de los 500 estudiantes que se han visto afectados, así también garantizar la calidad de vida de los residentes del sector cuanto antes.

Alegan no hay guardias en las escuelas elementales de la Isla

EL CAPITOLIO (- El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), José ‘Joito’ Pérez Rosa denunció el miércoles que el Departamento de Educación decidió, arbitrariamente, eliminar el puesto de oficial de seguridad en las escuelas públicas de toda la Isla, comenzando con los planteles elementales e intermedios.

El legislador quien aseguró que la orden de quitar la seguridad en las aulas de clases es básicamente una “receta para que ocurra una tragedia”.

“El que el departamento quiera ahorrar un par de dólares no justifica colocar a nuestros hijos en riesgo. Al quitar la seguridad en las escuelas públicas, no solo invitan a los elementos criminales hacer de las suyas casi sin impunidad, pero también coloca una presión adicional en lo que ya es un escaso personal escolar. El guardia de seguridad era quien abría el portón para que los padres entregaran y buscaran a sus hijos. Era la persona que básicamente entregaba a los estudiantes al finalizar el día de clases. Ahora eso se perdió”, manifestó el senador estadista en un comunicado.

Pérez Rosa se percató de la alarmante situación este pasado lunes cuando visitó varios planteles para evaluar el comienzo del nuevo año escolar.

“Visitamos la escuela elemental John W. Harris en Arecibo y ahí los padres nos alertaron de la situación, no había guardia porque eliminaron el puesto, dijeron. La misma situación la experimentamos en la escuela segunda unidad de Sabana Hoyos (Arecibo), donde otra vez los padres alzaron la voz de alerta. El mismo panorama lo encontramos nuevamente cuando visitamos la  escuela elemental Centro Comunal Miss Kelly en Vega Baja”, dijo.

Indicó que la decisión de eliminar la figura del guardia de seguridad en las escuelas proviene de una iniciativa del titular de Educación, Rafael Román, la cual persigue remplazar a estos oficiales de ley y orden con un sistema digital de cámaras de vigilancia.

Para el senador por el distrito de Arecibo, es inaceptable dejar desprovisto de seguridad física a las escuelas, especialmente durante el periodo que los estudiantes reciben clases. “Las cámaras no pueden detener a un posible agresor que desee entrar a una escuela para atacar a su víctima, o proteger a nuestros niños cuando exista una orden de protección. Tampoco pueden intervenir si se suscita una pelea dentro del plantel. Existen muchas situaciones que se deben analizar antes de eliminar por completo la figura del oficial de seguridad escolar”, sostuvo.

Pérez Rosa adelantó que esta semana enviará una carta al secretario de educación para discutir esta situación.

“Estaremos solicitándole al secretario que restablezca inmediatamente el turno del guardia durante el horario de clases, entre 7 de la mañana y 3 de la tarde, para todas las escuelas; al igual que la realización de un estudio sobre la manera en la cual podemos brindar seguridad a los estudiantes mientras estén en las aulas”, indicó.

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