Refieren a Justicia aumento de sueldo de alcalde de Lares aun en déficit

06-09-14 Contralor Yesmin ValdiviesoSAN JUAN  – La contralor Yesmín Valdivieso informó el lunes que refirió al Departamento de Justicia el pasado 29 de abril las irregularidades contenidas en una auditoría sobre el municipio de Lares que contiene 13 hallazgos y tres comentarios especiales sobre la administración del presupuesto y con la aprobación del aumento de sueldo al alcalde y de las dietas de los legisladores municipales, aún en tiempos de crisis fiscal.

Valdivieso señaló que a la fecha de la emisión del informe de auditoría, el 9 de junio pasado, las situaciones estaban pendientes de investigación. El informe M-14-53 se realizó entre el primero de enero de 2010 al 30 de junio de 2012, mientras Roberto Pagán Centeno fungía como alcalde.

Según el informe de la auditoría, el 21 de diciembre de 2009, “la Legislatura Municipal, mediante la Ordenanza 26, aprobó un aumento de sueldo al alcalde de 1,500 dólares mensuales, lo que elevó su sueldo de 4,500 a 6,000 dólares, efectivo el 1 de enero de 2010”.

Por otro lado, la auditoría señala que el último estado financiero auditado del municipio correspondiente al año fiscal 2007-08, reflejó un déficit acumulado por 5 millones 246 mil 554 dólares en los fondos operacionales. Además, para el año fiscal 2008-09, se reflejó un déficit de 5 millones 609 mil 365 dólares en los estados financieros auditados de ese año.

Mientras tanto, el documento señala que no se encontró ningún documento que se haya remitido a la consideración de la Legislatura Municipal sobre la situación fiscal del municipio. Por otro lado, en el acta transcrita sobre el aumento de sueldo al alcalde se indica que se consideraron los siete criterios. Sin embargo, el acta no contempla información suficiente que demuestre que se haya discutido la situación fiscal del municipio.

Según el examen de los auditores, de enero de 2010 a junio de 2012, le pagaron al alcalde 49,218 dólares correspondientes a dicho aumento y al exceso de las licencias acumuladas por vacaciones y por enfermedad.

Por otro lado, la auditoría de 50 páginas arrojó que el examen realizado reveló que, el 17 de agosto de 2009, la Legislatura Municipal aprobó la Resolución 5 para aumentar las dietas de los legisladores municipales de 60 a 80 dólares y las del presidente de 80 a 100 dólares. La Resolución enmendó las secciones a. y b. del Artículo XX del Reglamento Interno de la Legislatura Municipal, aprobado mediante la Resolución 7, Serie 2005-06. De septiembre de 2009 a junio de 2012, el municipio efectuó pagos por dietas a los legisladores municipales por 47,820 dólares, de los cuales 10,180 dólares corresponden a dicho aumento.

Por otro lado, la auditoría señala que en la Legislatura Municipal no se encontró evidencia y que la misma no fue suministrada a la Oficina de la Contralor para examen y que tampoco ese cuerpo citó a vistas públicas al alcalde, a la Auditora Interna, a las asociaciones y federaciones de legisladores municipales y a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEGPR) para considerar el aumento.

Además, la auditoría contiene deficiencias relacionadas a los déficits acumulados y sobregiros en el Fondo Operacional; adquisición de bienes y servicios sin obtener cotizaciones; construcción de obra sin obtener previamente el permiso de construcción, entre otros.

Asimismo, incluye irregularidades sobre la falta de actualización de pólizas y de fianzas al enmendar un contrato de obras, contrato no enviado a la Oficina del Contralor y otros enviados con tardanzas; así como deficiencias relacionadas con el manejo de los fondos federales de los programas Homelessness Prevention and Rapid Rehousing y Edward Byrne Justice Assistance Grant.

Finalmente, la contralor hizo señalamientos sobre cuentas por cobrar atrasadas; deficiencias relacionadas con el Código de Orden Público; deficiencias relacionadas con los donativos a entidades sin fines de lucro; falta de controles en el Garaje Municipal; falta de gestiones para fijar responsabilidades sobre aquellos empleados para los cuales se determinó negligencia en accidentes; falta de fiscalización por parte de la Comisión de Asuntos del Contralor y Auditorías de la Legislatura Municipal y Recursos económicos en fondos especiales y en cuentas bancarias con saldos inactivos.

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