Proponen denuncias de violencia doméstica se hagan bajo juramento

examination_under_oathEL CAPITOLIO  – El representante Carlos J. Vargas Ferrer, del Distrito 29 de Cayey y Cidra, informó el martes que radicó el Proyecto de la Cámara 2016 que persigue enmendar la Ley 54 del 15 de agosto de 1989, conocida como “Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” para que toda declaración vertida por la víctimas de violencia doméstica se haga bajo juramento.

Según el legislador, la exposición de motivos de la medida indica que más de un 60 por ciento de las víctimas de los alegados hechos constitutivos de violencia domestica desisten de la acusación, se retractan en sus alegaciones o se rehúsan a cooperar con las autoridades luego de haber radicado la denuncia. Lo que según Vargas Ferrer representa “un fracaso de la justicia que expone a futuros episodios de violencia no solo a la víctima denunciante sino a otras potenciales víctimas”.

Indicó que según estadísticas del Anuario Estadístico de la Rama Judicial de Puerto Rico, los casos de violencia doméstica se encuentran entre los primeros cinco delitos presentados en los Tribunales de Primera Instancia para los años 2011-2012. El representante resaltó la importancia de que las declaraciones vertidas por victimas de hechos constitutivos de violencia doméstica tengan garantías de fiabilidad y veracidad.

“Si no hay consecuencias por la falta de honradez en casos tan sensitivos como lo son los de violencia domestica el sistema estaría validando tácitamente la deshonestidad. Las salas del Tribunal así como todos los funcionarios que componen nuestro sistema de justicia tienen el deber de buscar incansablemente la verdad y nada más que la verdad,” expresó el representante.

Por otro lado, detalló que la medida dispone que toda denuncia de violencia doméstica sea firmada por la persona víctima de los alegados hechos constitutivos del delito. Igualmente se le advierte que declarar o alegar falsamente teniendo conocimiento de su falsedad incurriría en un delito menos grave exponiéndose a multas entre 1,000 y 5,000 dólares.

“Lo que persigue a fin de cuentas esta medida es garantizar la fidelidad de los procesos y un mayor grado de efectividad en el procesamiento de este tipo de casos,” puntualizó Vargas Ferrer.

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