Policía y DTOP se oponen a propuesta para retener de licencias de conducir a infractores.

CapitolioEL CAPITOLIO  – La Policía de Puerto Rico (PPR) y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) ofrecieron el martes, resistencia a la aprobación de una medida que obliga a los agentes del orden público retener las licencias de conducir de todo conductor de un vehículo de motor que incurriere en una infracción a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico que constituya una falta administrativa.

Además, el Proyecto del Senado 994, de la autoría del senador Ramón Ruiz Nieves, dispone que la licencia se mantendrá en el cuartel donde se cometió la falta hasta que el conductor acredite fehacientemente el pago de la multa impuesta, o, que un tribunal competente haya dejado sin efecto la misma, en cuyo caso procederá de inmediato con la devolución de la licencia al conductor.

Si transcurridos 60 días de expedida la multa el conductor no reclamare su licencia de conducir, será remitido al CESCO que corresponda a la residencia de éste.

Las posiciones de ambas agencias se produjeron durante una vista pública de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Transportación que preside el senador Pedrito Rodríguez González, en la que se consideró el P. del S. 994.

Mientras tanto, el superintendente de la PPR, José L. Caldero López, quien estuvo representado por la licenciada Estrella Mar Vega Soto, asesora legal, y el Inspector Jorge Hernández Peña, sostuvo que con esta pieza legislativa sería retroceder al sistema anterior de que el agente del orden público ocupe la licencia de conducir, hasta que la persona pague la multa impuesta, podría acarrear la pérdida de esa licencia en cuarteles, dado el número de intervenciones que la Policía realiza en las vías públicas. Esto se agravaría, puesto que precisamente otro de los propósitos de los propósitos de la Real Id Act, aprobada en Estados Unidos, es convertir a su vez la licencia de conducir en un documento fehaciente de identificación de la persona, para propósitos oficiales.

El propósito de dicha ley federal fue establecer a su vez estándares mínimos para que las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por los Estados puedan ser aceptadas como válidas por las agencias estatales y federales para propósitos oficiales; a saber, acceder a las instalaciones federales, abordar aviones comerciales regulados por las autoridades federales y entrar a plantas nucleares, entre otros.

Mientras tanto, Hernández Peña, a preguntas del senador Martín Vargas Morales, informó que durante los primeros tres meses del presente año, la Uniformada tuvo unas 257,100 intervenciones.

También informó que actualmente los conductores, independientemente del monto de la deuda que tengan, van a un tribunal por derecho propio y se declaran culpable, y el juez le impone una multa de 100 dólares, que el individuo paga, y queda eliminada la deuda que tenía pendiente.

Por su parte, la licenciada Vega Soto, quien dijo que está de acuerdo en someter un proyecto sustitutivo, porque la realidad jurídica actual de la Ley 22-2000 actual es que muchas de las conductas son faltas administrativas. “Entonces, cuando vienen proyectos que pretenden, que si no se paga en cierto tiempo, lo convierte en un delito menos grave, pues se obra en contra de la Constitución porque no va a haber proporción entre la conducta administrativa y la sanción a imponerse. Siempre hay que mirar muchas jurisdicciones de los Estados Unidos, que están delitos menos graves y delitos graves, que le dan más garras a la Policía de actuar y siempre llevar el mensaje de que esto no es criminalizar a los ciudadanos, sino a aquellos ciudadanos que, guiando temerariamente, ponen en riesgo sus vidas y la de los conductores y de los demás. Inclusive, una de las ideas que sugirió ayer el Superintendente era convertir en delito menos grave cuando no se paga en cierto tiempo”, dijo.

En tanto, el Inspector Hernández Peña expresó que lo otro sería cómo evaluar estos conductores agresivos que ya de por sí, en su licencia lo establece, que paguen una prima mayor en su seguro de responsabilidad pública, porque son conductores más propensos a tener choques.

Comentó, además, si DTOP tiene algún inconveniente porque, cuando va a sacar el marbete, si no paga la multa, se le niega la obtención de éste.

Mientras tanto, informó, a preguntas de Rodríguez González, que hay un proyecto con DTOP, la Oficina del Gobernador, la Policía, la Comisión de Seguridad en el Tránsito y el Departamento de Justicia, que se está trabajando, para establecer un tipo de tableta (tablet) que le permita al agente del orden público emitir el boleto en forma electrónica.

Por otro lado, Giovanni Matos, representando al secretario de DTOP, Miguel A. Torres Díaz, sostuvo que es muy prematuro para opinar si la endosa o no, pero más adelante expresó que la medida no cuenta con el respaldo de la agencia.

Martín Vargas, en cambio, dirigiéndose a la Deponente, comentó que “aquí, cuando vienen a las comisiones del Senado, tienen que ser categóricos. La Ley 22-2000 es una porquería de legislación, como está hoy día. Esa es la realidad. La Ley 22 no le da ninguna herramienta al Estado de procesar personas que son temerariamente en las carreteras. Eso lo vemos diariamente y el problema no es del proceso legislativo, es de las agencias, que tienen que dar la información concreta y como son, para atenderla de una manera responsable”, dijo.

Por su parte, el Secretario Torres Díaz indicó en sus expresiones escritas que el DTOP tendría que asumir la custodia sobre la licencia de conducir ocupada por la Policía. “Para esto, sería necesario establecer mediante reglamento el proceso de la entrega. Recordemos que la licencia de conducir es una identificación indispensable para múltiples gestiones y actividades económicas. No olvidemos analizar que la licencia de conducir contiene información confidencia que, de ser hurtada o extraviada y caer en manos de personas inescrupulosas podría resultar en el robo de identidad, lo cual sería fatal para el ciudadano afectado”, sostuvo.

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