Jenniffer González asegura que es “pura política” la eliminación de procuradurías al no haber garantías de ahorros

jennifer_gonzalez_480-300x199EL CAPITOLIO – La única razón para eliminar la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimento (OPPI) y la Oficina de la Procuraduría de la Mujer (OPM) es una política, al no existir ahorros en estas acciones, según se comprobó en la vista pública sobre el presupuesto para el año fiscal 2014-15.

“Según las ponencias de ambas procuradurías, no se crean economías con las medidas radicadas por el Partido Popular, por lo que queda demostrado que fueron diseñadas con el único propósito de sacar a los procuradores actuales y sustituirlos por partidarios de la actual administración”, recalcó la portavoz de la Delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Jenniffer González Colón.

Durante las vistas celebradas hoy, en donde fue evidente la concurrida asistencia de los representantes del PNP versus la poca participación del PPD, la Portavoz enfatizó que “es lamentable que la mezquindad política por parte de esta administración deje desprovisto de defensa a dos sectores marginados en nuestra sociedad, las mujeres y las personas con impedimento”.

La Procuraduría de las Mujeres existe por virtud de la Ley 20-2001, para brindar servicio a las mujeres y fiscalizar el discrimen, la desigualdad y violencia doméstica contra la mujer.

La propuesta de eliminarla y delegar algunas de sus funciones al Departamento de la Familia crea serio conflicto de interés ya que Familia tendría que defender a las mujeres víctimas de violencia mientras las lleva al Tribunal para privarlas de la custodia de sus hijos y aboga a la vez por la reunificación familiar, obviando un posible patrón de violencia y maltrato contra la mujer.

El Departamento de la Familia no cuenta con el personal adiestrado y con la supervisión adecuada para atender con premura y orientar. La eliminación de la OPM dejaría en el aire, la función de fiscalizar el cumplimiento de las leyes favorecedoras de los derechos de las mujeres de 128 agencias (incluyendo el propio Departamento de la Familia), 79 municipios y el sector privado.

Con la eliminación de la OPM, se perderían $2.1 millones proveniente de fondos federales al no haber un espacio especializado para tratar los casos de violencia doméstica. “No solo están en riesgo los fondos federales, sino que al perder la autonomía fiscal se retrasarán y pondrán en peligro los donativos y subsidios que reciben las organizaciones sin fines de lucro que atienden a las mujeres maltratadas”, denunció la expresidenta cameral.

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