De cal y de arena en sentencia del Apelativo en supuesto fraude primarista de Guaynabo

concepto-de-fraude-electoral-300x227SAN JUAN – El Tribunal de Apelaciones determinó el lunes que se pueden mantener las acusaciones por perjurio, en un recurso presentado por varios de los acusados en el supuesto fraude primarista en Guaynabo.

“Se sostienen las acusaciones por el delito de perjurio bajo el Código Penal de 2004 ya que el Código Electoral aprobado en el año 2011 no tipifica de forma expresa especifica el perjurio. Asimismo, luego de examinar con cuidado toda la transcripción de la prueba oral durante las diversas vistas preliminares, a nuestro juicio, existe la ‘scintilla’ de evidencia requerida en esta etapa de los procedimientos para creer que los peticionarios cuando gestionaron la alegada transferencia ilegal firmaron, bajo juramento, un documento electoral como recibo de una nueva tarjeta de identificación electoral basada en un hecho falso – el domicilio inexistente o de otra persona”, indica la sentencia emitida por las juezas Nélida Jiménez Velázquez, Irene Soroeta Kodesh y Maritere Brignoni Mártir.

No obstante, ordenaron la desestimación de las acusaciones por apropiación ilegal de identidad bajo el Articulo 216; por falsedad ideológica bajo el Articulo 219; y archivo de documentos o datos falsos bajo el Artículo 223 del Código Penal de 2004, en los casos que apliquen.

Los peticionarios Juan Enrique Correa Plata, Yajaira Rojas López, Miguel A. Díaz Vélez, Ingrid Echevarría Colón, David R. Figueroa Almodóvar, Cynthia Pagan Porrata, Clara I. Vázquez Serrano y Ángel D. Hernandez Pérez.

El Departamento de Justicia radicó acusaciones contra varias personas en el municipio de Guaynabo, por un supuesto esquema de transferencias electorales con direcciones falsas, con la intención de votar en las primarias del Partido Nuevo Progresista entre el exrepresentante Ángel Pérez y el incumbente Antonio “Tony” Soto.

La semana pasada el secretario, Cesar Miranda, anunció que solicitarían la desestimación de 18 acusaciones “por problemas con la prueba presentada a raíz de una negligencia de la Comisión Estatal de Elecciones”.

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