Cámara considerará medidas del Plan Integral de Seguridad 360 Grados

seguridad-LOGO11EL CAPITOLIO – La Cámara de Representantes considerará durante la sesión del martes, un paquete de medidas de la autoría del líder de ese cuerpo, Jaime R. Perelló Borrás, que forman parte del Plan Integral de Seguridad 360 Grados, iniciativa que procura mejorar todas las áreas de seguridad, para ayudar en la lucha contra el crimen y brindar a la ciudadanía un país más seguro.

Una de las piezas, radicada por Perelló Borrás por petición, es producto de la gestión que realiza la Oficina de Participación Ciudadana de ese cuerpo legislativo. La propuesta del Proyecto de la Cámara 1648, de los ciudadanos Nelson Rodríguez Sepúlveda, Gabriel Soler Quiñones y Milton Henríquez Merlo, dispone que los delitos menos graves estén excluidos de los Certificados de Antecedentes Penales, exceptuando los determinados por reglamentación aprobada por el Secretario de Justicia por motivo de política pública.

La aprobación de la legislación resulta meritoria porque disminuye los obstáculos que enfrentan las personas que han sido acusadas de delitos menos graves a la hora de obtener un empleo.

Entre las medidas que se atenderán se encuentra el Proyecto de la Cámara 1860, que crea la “Ley del Protocolo para Garantizar la Comunicación Efectiva entre los Componentes de Seguridad de Puerto Rico y del Sistema de Información de Justicia Criminal”. La misma surge como parte de la agenda de trabajo del líder Cameral con el Plan Integral de Seguridad 360 que reunió a diferentes directivos de las agencias de Seguridad como la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, el Instituto de Ciencias Forenses, entre otros. El resultado de este trabajo ordena el establecimiento de un sistema tecnológico uniforme que permita el intercambio efectivo de información entre las agencias.

De igual modo, se considerará el Proyecto de la Cámara 1854, que propone crear la “Ley para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía de Puerto Rico”; establece el “Fondo para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía de Puerto Rico” y crea el “Fideicomiso para la Administración del Fondo de Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral” de la Uniformada.

A su vez, se atenderá el Proyecto de la Cámara 1855, que enmienda la “Ley de Detectives Privados en Puerto Rico”, a fin de requerir el pago de rentas internas por valor de $10 como requisito para que la Policía pueda expedir y renovar licencias de guardias de seguridad privados, según definidos por ley. La legislación requiere además, el pago de $25 para que la Policía pueda expedir y renovar licencias de detectives privados y el pago de $50 para expedir y renovar licencias de agencias de seguridad para la protección de personas o propiedades.

Se considerará también, el Proyecto de la Cámara 1856, que enmienda la “Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico”, a fin de establecer como requisito el cumplimiento de un periodo de prestación de servicios para los patólogos forenses, examinadores de armas de fuego, investigadores forenses, químicos forenses, serólogos forenses, examinadores de evidencia digital y examinadores de documentos dudosos que hayan recibido un periodo de capacitación y/o adiestramiento costeado por el Instituto de Ciencias Forenses. La legislación establece que se proveerá el reembolso de los costos incurridos por el Instituto en dicha capacitación, en la eventualidad de que el personal pericial incumpla con el periodo de prestación de servicios.

De igual forma, se atenderá el Proyecto de la Cámara 1865, que enmienda la “Ley Uniforme de Confiscaciones”, para asignar a la Policía 50 vehículos confiscados libres de costo. Otra de las piezas a considerarse es el Proyecto de la Cámara 1866, que enmienda “Ley de Armas de Puerto Rico”, a los fines de establecer que las aerolíneas comerciales que vuelen a la Isla deberán notificar a la Uniformada cuando un pasajero importe armas de fuego o municiones.

Con la aprobación de estas medidas, la Cámara de Representantes reafirma su compromiso de brindar más recursos y tecnología a las agencias del orden público para enfrentar al criminal y propicia una mayor coordinación entre todos los componentes de seguridad para evitar la impunidad.

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