Aprueban medida para que corruptos paguen con su dinero y sus bienes

corruptosEL CAPITOLIO  – Recordando el mandato constitucional formulado en la Sección 9 del Artículo VI que establece que “solo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos”, el representante José Báez cuestionó la voluntad e interés del Gobierno en investigar y procesar civil y/o criminalmente actos de corrupción, negligencia o dolo, en especial la capacidad y voluntad de recobrar dinero y bienes del Pueblo perdidos a causa de dichos actos.

La Resolución de la Cámara 964, aprobada el jueves, de la autoría de Báez, con la coautoría del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás; y los representantes Carlos Vargas Ferrer, Luis Vega Ramos y Manuel Natal Alvelo, encomienda una investigación en torno a la capacidad y la disposición del Gobierno de Puerto Rico para investigar y procesar civil y criminalmente, a los responsables por los actos de corrupción.

Además pretende con un énfasis especial que se estudie esa misma capacidad y disposición para el recobro del dinero y bienes que ilegalmente se transfirieron como consecuencia de actos de corrupción.

Otro planteamiento de la medida 964 es el que se estudie la creación de un ente gubernamental independiente que esté a cargo del rescate de los bienes que haya perdido el Estado como consecuencia de actos de corrupción, actos de administración pública deficiente y dinero adeudado al Gobierno que la entidad gubernamental responsable del cobro del mismo no procese efectivamente dentro de un período de tiempo razonable.

“Esta resolución es el instrumento ideal para sacar a relieve una serie de actos de corrupción cuyos responsables ayudaron a llevar a este País y al Gobierno al desastre económico que se está viviendo hoy”, explicó Báez en un comunicado de prensa.

El legislador opinó que existe “falta de voluntad del Gobierno” para recuperar todos aquellos bienes que se pierden como resultado de actos negligentes y/o ilegales.

“El Gobierno acostumbró al Pueblo a conformarse con la radicación de cargos criminales y el Pueblo nunca reclama su dinero para atrás. Y eso es una conducta que va contra el deber constitucional del Estado de velar que los dineros del Pueblo siempre generen bienestar para el Pueblo y solo para el Pueblo”, dijo.

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