Revelan en vistas públicas del Senado que el 34 % de los estudiantes reciben educación especial

Departamento de Educación (DE) (Logo) (Beta)EL CAPITOLIO – La profesora Doris Zapata Padilla, secretaria asociada de Educación Especial del Departamento de Educación (DE), reveló el miércoles, que esa agencia tiene bajo su consideración 159 mil estudiantes de educación especial, a diciembre del año pasado, lo que representa el 34 por ciento de la población estudiantil.

De estos estudiantes, según dijo, el 10 por ciento son personas de impedimentos significativos y el 90 por ciento está en la “corriente regular”. Zapata informó que con impedimentos significativos, el DE se refiere a la severidad del impedimento, de tal forma que sea adverso al aprendizaje, ya sea emocional, físico o mental.

Asimismo, Zapata Padilla reveló que el DE le ofrece servicios de educación especial al sector privado, que es parte de lo que establece de la ley, y se le provee unos $26 millones anualmente.

La senadora Rossana López preguntó si se podría ir hacia atrás y ver cuántas personas con impedimento significativo salieron del DE, y ella respondió que a partir del 1992 podría darle la data de cuántos estudiantes estuvieron en el programa y cuántos salieron. “Nos gustaría que nos la enviara, porque ciertamente desearíamos saber dónde están esos seres humanos, porque nos estaríamos extrañándonos de que muchos no estén obteniendo servicios porque ya salieron de la corriente del DE”, dijo la senadora en un comunicado de prensa.

Sus declaraciones se produjeron durante una vista pública de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social, que preside la senadora Rossana López León, en la que se consideró el Proyecto del Senado 967, de su autoría, que ordena la creación de la Ley para el Acceso, Adiestramiento y Apoyo Extendido para la inserción social de las personas de 21 a 59 años con diversidad funcional, a los fines de proveer acceso y eliminar barreras de servicio a la población de 21 a 59 años con diversidad funcional; enmendar la Ley de Rehabilitación Vocacional de Puerto Rico, a los fines de sustituir su nombre por Administración de Servicios de Rehabilitación y establecer la División de Servicios de Acceso y Rehabilitación Integral.

En su Exposición de Motivos, la medida informa que al realizar un inventario estadístico sobre las condiciones de desarrollo, discapacidades, impedimentos físicos o intelectuales y problemas de salud mental se observa la necesidad de programas de intervención y manejo sostenido que cuenten con el respaldo gubernamental, pero que a su vez tengan la capacidad de establecer alianzas dirigidas al apoyo y logro de una mejor calidad de vida para una población que siente y padece continuamente las injusticias, desavenencias y limitaciones de servicios, convirtiéndose prácticamente en un sector olvidado.

Por otra parte, Zapata Padilla expresó que “nosotros comenzamos el proceso de transición y es puramente del DE. Cuando el estudiante tiene 17 ó 18 años, entonces nosotros invitamos a la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) para que comience el proceso de transición, del DE a ARV, que es un estudio que ellos hacen dentro de sus capacidades, quien puede ser elegible para poder apoyarse en el programa de Rehabilitación Vocacional.

Agregó que en la actualidad, la ARV no le admite ningún estudiante si no está con sus evaluaciones completadas y al día.

Por otra parte, señaló que considera que el problema de incumplimiento que se le atribuye al DE es que los estudiantes no se ha atemperado en la realidad de hoy y “seguimos midiendo por unos indicadores y unas estipulaciones del ’80, del ’83, del ’94, o sea, que ciertamente tenemos que atemperarlo con la realidad que tenemos ahora. El estudiante de educación especial de hoy no es el mismo de hace 34 años. La estadísticas nuestras de graduación de cuarto año de escuela superior es alta. Nuestros niños se están graduando de escuela superior con diplomas y con éxito. Uno de los más altos en el examen del College Board, dentro de los 38 que salieron fue de las escuelas públicas y uno de ellos es de Educación Especial.

De otro lado, pidió que dentro de la Ley 51 vigente, es necesaria la autonomía para el Programa de Educación Especial. “Si nosotros queremos ser ágiles en la prestación de servicios, tenemos que ser autónomos en la toma de decisiones. A penas me puede medir a mí un indicador en donde yo dependa de la División de Finanzas, de Recursos Humanos, del presupuesto del DE, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, porque yo no le voy a cumplir, porque no se sabe de las implicaciones que hay en no cumplir, en no sacarlo en el tiempo razonable, y esto es parte de los incumplimientos que tenemos”.

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