Secretaria del DRNA ordena auditoría ante deficiencias detectadas en torno a las servidumbres de conservación otorgadas entre 2009 y 2012

10-17-13-drna-tortugueras-300x199SAN JUAN – La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Carmen Guerrero Pérez, informó el jueves, a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de la Cámara de Representantes, que detectó deficiencias en el proceso de como se establecieron cinco servidumbres de conservación de más de 1,000 cuerdas de terrenos en total y la ausencia de documentos sobre estas transacciones, algunas de las cuales disfrutaron de incentivos contributivos del Departamento de Hacienda.

“Es importante resaltar que el DRNA considera loable y necesario que se fortalezcan y fomenten las servidumbres de conservación por ser unas herramientas de efectividad comprobada para la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, particularmente en jurisdicciones de los Estados Unidos. Por lo propio, es preciso que laboremos y colaboremos todos los componentes implicados para la mejor administración y fiscalización de las leyes y demás disposiciones aplicables a las servidumbres de conservación en Puerto Rico”, manifestó Guerrero Pérez en un comunicado de prensa.

Según la funcionaria, las servidumbres de conservación son acuerdos voluntarios en que el dueño mantiene la titularidad de su terreno estableciendo las mejores prácticas de uso y disfrute del mismo, protegiendo y conservando sus valores ecológicos, agrícolas y culturales. La Ley de Servidumbres de Conservación de Puerto Rico de 2001 promueve la conservación voluntaria de terrenos privados que no requieren adquisición ni expropiación y se conservan a perpetuidad. Una vez certificada por el DRNA u otras entidades autorizadas mediante la Ley, los dueños de terrenos pueden recibir créditos contributivos del Departamento de Hacienda.

Guerrero Pérez señaló discrepancias entre los datos del Departamento de Hacienda y el DRNA con respecto a la cantidad de servidumbres de conservación que cada agencia tiene, así como la ausencia de procedimientos reglamentados para la otorgación de las servidumbres. A esos efectos, la titular indicó que ordenó una auditoría formal y estará recomendando enmiendas a leyes y reglamentos para atender estas deficiencias.

A modo de ejemplo, mencionó que no existe un procedimiento para notificar o enviar la documentación que se requiere para la certificación de las servidumbres de conservación ni ninguno de los terrenos adquiridos por la División de Bienes Inmuebles a la base de datos de la agencia. Añadió que el DRNA no cuenta con un procedimiento para determinar cuál es la opción más apropiada de un bien inmueble que justifique la servidumbre.

En cuanto a la diferencia en el número de servidumbres, dijo que personal del Negociado de Servicio Forestal realizó visitas de campo para parear las 24 propiedades que obran en los expedientes de servidumbres de conservación de la agencia. De estos 24 terrenos, solo cinco recibieron incentivos contributivos del Departamento de Hacienda.

“En este contexto y dado que entendemos que no se siguió el procedimiento de rigor en las agencias del Estado Libre Asociado, el DRNA recomienda efectuar una auditoría formal de las cinco servidumbres de conservación autorizadas por la agencia entre el 2009 al 2012 y a las cuales el Departamento de Hacienda otorgó créditos contributivos. Esta auditoría debe culminar con el desarrollo de estándares y criterios para entrar en acuerdos de servidumbres de conservación, al igual que para la otorgación de incentivos contributivos. Podemos utilizar estándares y criterios que se han desarrollado a nivel de Estados Unidos y han resultado de mucho éxito y transparencia, como por ejemplo los del Land Tust Alliance y el National Land Trust Accreditation Commission”, añadió.

Las expresiones de la secretaria del DRNA surgieron durante su ponencia en la audiencia de la resolución de la Cámara 684, que ordena realizar una abarcadora investigación sobre la concesión de incentivos contributivos en la “Ley de Servidumbre de Conservación de Puerto Rico” para determinar si se cumple con los parámetros y procesos estipulados.

Por su parte, el presidente de la Comisión, César Hernández Alfonzo, y el representante Rafael Tatito Hernández respaldaron la decisión de levantar una investigación y recomendaron buscar una opinión legal.

“Tenemos que buscar lo que pasó y fijar responsabilidades”, sentenció Hernández Alfonzo.

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