Federales le vuelven a caer encima a sistema de justicia local

timthumbSAN JUAN  – El director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingles), Carlos Cases arremetió nuevamente contra el sistema de justicia de Puerto Rico, esta vez por el procesamiento de Efraín Rivera Ramos, involucrado en la muerte del Policía, Joaquín Correa Ortega.

“A veces pienso que estamos en Macondo”, dijo Cases en conferencia de prensa.

El director del FBI, hizo nuevamente el recuento de los casos de Alexis Candelario, convicto por asesinar a 12 personas y Lashawn Casey, por violencia doméstica, quienes cumplieron sentencias, a su juicio, cortas a nivel estatal y los comparó con el procesamiento de Jorge López, sentenciado a 12 años por arrastrar a la yegua Milagritos.

“A caso es que la vida de una yegua vale más que 12 vidas y la dignidad de una mujer”, sostuvo.

Cases puso en duda el procesamiento del caso de Rivera Ramos, quien fue declarado no procesable por los peritos del estado en 2011, situación que fue defendida por el juez administrador de Caguas, Lind Merle.

“La pregunta que le hago al juez administrador de Caguas, ¿cómo es que él le dice a los familiares del agente Correa Ortega que Rivera Ramos no es un individuo peligroso?”, señaló el jefe del FBI.

Por su parte, la jefa de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez no se solidarizó con las expresiones de Cases y reiteró su respeto al sistema de justicia de Puerto Rico.

No obstante, mencionó que el caso que culminó en el cierre de la armería Lawman Gun Shop de Bayamón llegó a sus manos, referido por el agente Correa Ortega y el sargento Víctor Pérez, “luego de que ellos llamaron allá y no les hicieron caso”. Éstos son el agente fallecido y el sargento herido esta semana en Humacao.

La conferencia de prensa fue para anunciar que se hizo una acusación enmendada para añadir 490 cargos contra el licenciado Antonio Peluzzo Perotín, María del Carmen Rivera Negrón y Julio Colón Santiago, dueño de la armería por procesar licencias de portación de armas falsas.

Según Rodríguez, en ese local, que ahora es propiedad del gobierno de Estados Unidos, se procesaron alrededor de 1,300 licencias fraudulentas de posesión de armas para personas de distintas partes de Puerto Rico.

La fiscal federal, destacó además, que como parte de la investigación, descubrieron que los involucrados en este alegado esquema, “le daban regalitos como pitorro, comida y café a miembros de la Policía de Puerto Rico”.

De otra parte, la funcionaria mencionó que la investigación continúa.

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