Confiadas las partes en prevalecer en el Supremo

logo-sistema-de-retiro-para-maestros-300x1931SAN JUAN – Tanto el liderato magisterial como los representantes del gobierno se expresaron confiados en que habrán de prevalecer en la demanda que impugna la constitucionalidad de la nueva ley de retiro para los maestros y que está pendiente de evaluación por parte del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

“El ver el conocimiento previo que los jueces tenían del caso demostró que se había leído parte por parte los alegatos nuestros de que están bien conscientes de que la legislatura, al legislar, mo lo hizo con la razonabilidad con que debió haberlo hecho”, señaló la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, a su salida de la vista oral en el Tribunal Supremo.

La Asociación de Maestros y varios otros grupos magisteriales impugnaron a comienzos de año la constitucionalidad de la Ley 160 que creó un nuevo Sistema de Retiro de Maestros menoscabando los beneficios de retiro que éstos inicialmente tenían.

Como parte de su presentación delante de los jueces del Tribunal Supremo, los abogados de los maestros argumentaron que, al aprobar la nueva ley de retiro, el estado no consideró el impacto económico que ésta tendría sobre el propio sistema de retiro para maestros, y no ha demostrado la razonabilidad de la ley en términos de una justificación del grave menoscabo que con él han sufrido los maestros.

No obstante, para del Secretario de Justicia, César Miranda, la decisión del Supremo debe favorecer al estado, si el tribunal es consistente con sus decisiones anteriores.

“Este Supremo ya estableció la premisa de cómo es que hay que juzgar estos sistemas de retiro… lo validó en el Sistema de Retiro de Empleados Públicos, ubicó allí a los policías, que están en la misma posición de los maestros, que no tienen derecho al Seguro Social. Así que, entendemos que un tribunal consistente debe validar lo que se propone hoy en día”, explicó Miranda.

La argumentación del abogado Rafael Escalera, representante legal del Sistema de Retiro para Maestros, se centró en torno a la incapacidad de los demandantes de demostrar que la medida adoptada por el estado no fue razonable. De acuerdo con Escalera el déficit estructural del antiguo sistema de retiro hubiera alcanzado a afectar al resto del país en la medida en que el fondo general hubiera tenido que subvencionarlo, afectando así los servicios que debe ofrecer el gobierno.

“Estoy totalmente esperanzado en que esta ley se va a validar… usted verá que este sistema [de Retiro para Maestros] se salva con la medida y tiene una garantía mínima de 50 años, y yo creo que esa es la forma razonable en la que hay que mirarlo”, dijo Miranda.

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