Confiada la AMPR en prueba de inconstitucionalidad de Ley 160

625500_528613423851576_1378952947_aSAN JUAN – La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz, se mostró confiada a horas de que se celebre la vista argumentativa en el Tribunal Supremo el próximo miércoles 26 de marzo.

“El magisterio ha decidido confiar en el Tribunal Supremo ante sus reclamos de un retiro digno, luego que la Legislatura aprobara sin el debido proceso una reforma a su Sistema de Retiro. Las esperanzas están puestas en una opinión favorable que brinde el espacio para una salvación real del retiro de las maestras y maestros del Sistema Público de Enseñanza”, explicó Díaz en un comunicado de prensa.

Según la líder magisterial, en la vista oral, la representación de la AMPR establecerá que la Ley es inconstitucional porque no cumplió con los requisitos básicos de derecho, tales como estudios actuariales y contables que indiquen que con la nueva reforma se solventa el Sistema de Retiro para Maestros y que no es la medida menos onerosa para los maestros.

“Estamos claros que el Gobierno tratará de justificar sus omisiones con la situación económica del País y la degradación del crédito a chatarra junto a las advertencias en los informes de las casas acreditadoras, situación con la que amenazaron e intentaron justificar la aprobación de la nefasta Ley 160. Sin embargo, nuestro planteamiento siempre ha sido que no se han realizado los estudios necesarios para conocer a fondo los cambios aprobados y como esto atiende el déficit operacional del Sistema de Retiro. Al día de hoy el gobierno no ha podido establecer prueba de que se garantizará la solvencia del Sistema, cuánto origina en dólares y centavos la Ley 160. Esta prueba es necesaria y no estando, la Ley 160 es inconstitucional”, reafirmó.

Díaz insistió en que “si el Tribunal Supremo avala la manera en que aquí se atendió la Ley 160 estaría abriendo una puerta para que la Legislatura legisle sin tomar en consideración las consecuencias de lo que va a traer como resultado la aprobación de cualquier ley futura. Es peligroso para la ciudadanía y para el pueblo de Puerto Rico. Nosotros estamos creando un precedente, demostrando que las cosas hay que hacerlas como se deben hacer, no importa lo que nos cueste”.

La líder sindical aseguró que los jueces tienen las pruebas para apoyar su posición y “por ello estarán realizando esta vista de la cual confiamos comprendan a cabalidad la controversia y finalmente nuestros argumentos, para declarar inconstitucional la Ley 160. Es el tribunal quien tiene que defender nuestro estado de derecho y reconocer en el maestro una situación particular, al no ser beneficiario del Seguro Social y Medicare. La Ley 160 destina al docente a la indigencia. El menoscabo que crea sobre el retiro del magisterio es sustancial y permanente”.

La AMPR argumentó ante el Tribunal Supremo que una reforma a un sistema de retiro gubernamental será constitucional sólo si “las medidas implantadas son razonables y necesarias para salvaguardar la solvencia actuarial del Sistema de Retiro, y no existen medidas menos onerosas para lograr ese fin”, según reza la opinión del propio tribunal en el caso Trinidad v. ELA del 2013.

De acuerdo con Díaz, para validar la Ley 3, del retiro de los empleados públicos, el Supremo decidió que el estado debía probar que la reforma era necesaria para arreglar el déficit del Sistema de Retiro y que era la medida menos onerosa para ello. Según estipuló la AMPR, el estado no cumplió con estos requisitos en el caso de la Ley 160 y para ello presentó informes periciales de reconocidos actuarios que concluyen que no es posible saber si la Ley resolverá la crisis, porque el estado no hizo un estudio actuarial reciente y “así lo tuvo que admitir el propio gobierno en la estipulación número 77 presentada ante el Tribunal Supremo”.

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