Buscan alejar a ofensores sexuales de trabajos con niños

Capitolio_01-e1376839925357-300x1681EL CAPITOLIO – “Basta ya con exponer a nuestros niños a ofensores sexuales”. Esta es la consigna tras la radicación de un proyecto de ley que busca por primera vez en Puerto Rico prohibir el que toda persona convicta por un delito de naturaleza sexual, labore en cualquier tipo de profesión u oficio en el que hayan envueltos menores de edad, tales como, empleados de mantenimiento en escuela o centros de cuido a menores, personal administrativo escolar y transportistas escolares; entre otros. La iniciativa es del representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ángel ‘Gary’ Rodríguez quien entiende que “en consideración a la gravedad del delito que representa para nuestra sociedad el abuso sexual contra menores, nos parece imperativo prohibir a cualquier persona convicta por este tipo de delito, según definidos en la Ley, puede trabajar en profesiones que envuelvan contacto con niños. Este es un asunto de evitar exponer a nuestra juventud a peligros”.

El legislador estadista, junto al representante Pedro Julio ‘Pellé’ Santiago, radicaron en enero pasado el Proyecto de la Cámara 1613, el cual persigue enmendar el Artículo 5 de la Ley 266-2004, para implementar la prohibición.

“Este nuevo cambio a la Ley evitará que un abusador sexual que regrese a la libre comunidad pueda ocupar alguna posición u trabajo en determinados lugares donde residen o interactúan menores de edad. Es nuestra responsabilidad disponer para una protección especial a nuestros menores, quienes tienden a ser más susceptibles a los ataques de estos ofensores de la Ley”, dijo Rodríguez Miranda, quien representa los municipios de Toa Alta y Bayamón en la Asamblea Legislativa.

Indicó que según describe la medida, cualquier persona que viole las disposiciones de esta Ley estará sujeta a incurrir en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa que no excederá de 5,000 dólares o pena de reclusión que no excederá de seis meses, o ambas penas, a discreción del Tribunal.

Por otro lado, señaló que la política pública vigente es de protección a las víctimas de delitos sexuales, así como hacia los menores que son víctimas de abuso y los delitos de carácter sexual, al igual que los de abuso contra menores, implican conducta de extrema gravedad por parte de la persona que los comete. Esta conducta supone un ataque a la dignidad e intimidad de la víctima que deja profundas huellas en su personalidad. Generalmente, produce serios traumas, máxime cuando se trata de menores, pues ello le afecta en todo su desarrollo y vida futura.

Los comentarios para este artículo han sido cerrados.