Proponen poner a trabajar confinados que tienen hijos para que paguen pensiones alimentarias

28619424652EL CAPITOLIO – El representante popular Carlos J. Vargas Ferrer, radicó la Resolución de la Cámara 868, que ordena a la Comisión de Seguridad Publica y para el Desarrollo de Iniciativas Contra el Crimen y la Corrupción, a realizar un estudio sobre la viabilidad de que los confinados que tengan hijos realicen labores a través de la Corporación de Empresas de Adiestramientos y Trabajo (CEAT), y se destine parte de los ingresos que generan para la manutención de sus hijos.

La CEAT se crea por virtud de la Ley Núm. 47 del 6 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como la “Ley de la Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo”. Esta le provee una oportunidad de empleo a convictos que cumplan con los requisitos establecidos, así como personas que fueron convictos y se encuentran en la libre comunidad. Los participantes del programa realizan labores manuales dentro y fuera de las instituciones penales, y le sirven a agencias de gobiernos, individuos y público general.

“Con esta medida, proponemos que se estudie la viabilidad de que los confinados que tengan hijos trabajen bajo estos programas correccionales, y se les permita aportar al sustento de sus hijos, a través de los ingresos que generan mientras cumplen su sentencia. Esto permite mantener el vínculo familiar y cumplir con sus responsabilidades. Así como también ayuda en el proceso de rehabilitación y la reintegración en la sociedad”, dijo el legislador en un comunicado de prensa.

Vargas Ferrer, afirma que como padres, los individuos deben mantener la obligación de proveer alimentos a sus hijos. Que la cárcel no debe ser un impedimento para poder cumplir con esta responsabilidad, permitiendo que los confinados sientan que aportan al sustento de su familia.

Por otra parte, el Legislador sostiene que en la medida en que los confinados puedan realizar trabajos en las instituciones penales, estos trabajos no tienen que contratarse y de esta forma se puede reinvertir en mejores beneficios y recursos para la población correccional.

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