Preocupación tras renuncia de Rebollo al caso Rosa Lydia Vélez

Francisco-Rebollo-LópezSAN JUAN – Varias organización de padres de niños de educación especial expresaron su preocupación y tristeza por la renuncia de Francisco Rebollo López, exjuez y nombrado comisionado especial para la parte de daños en el Pleito de Clase Rosa Lydia Vélez vs. Departamento de Educación.

Carmen Warren, portavoz del Comité Timón de Padres de Niños de Educación Especial, expresó en entrevista radial (NotiUno) que “esta es una salida que nos consterna. Nos pone muy tristes. El licenciado Rebollo tenía un compromiso tremendo con esta clase con una sensibilidad muy grande hacia la causa que estaba atendiendo. Estamos muy preocupados porque entendemos que ha sido una situación que nos pones nuevamente en el aire”.

“La tristeza que a uno le provoca este proceso que uno sigue viendo como se mantiene la impunidad, como se sigue manteniendo el estatus de la nada, de desatención, de maltrato, es algo que realmente nos impresiona. Es increíble”, agregó.

De otra parte, Warren catalogó como injusto el planteamiento de la jueza de que solo podrían recibir indemnización aquellos estudiantes que se hayan unido a la demanda, mientras aseguró durante la presente administración se ha reportado un alto número de querellas por el “pésimo” servicio a esta población.

“El tiempo en educación especial ha sido difícil, pero este año ha sido horrible. Ha habido un aumento de las querellas bajo esta administración, que ha sido terrible, es vertiginoso. Una cosa histórica. Nunca antes (había habido) tantas querellas. Los servicios están siendo pésimos, el trabajo es horrible, la relación con los padres, el maltrato, la persecución, las humillaciones, son terrible. Servicio pésimo. Todavía tenemos niños en sus hogares sin haber recibido un solo día de clases”, dijo.

Según trascendió, el pasado jueves 20 de febrero Rebollo López presentó su renuncia ante el tribunal como comisionado especial ante la resolución del 31 de enero de la juez superior Aileen Navas Auger. La jueza dictaminó en contra de la clase demandante (estudiantes de educación especial) en contradicción con la recomendación del licenciado Rebollo, nombrado por el mismo tribunal.

Por otro lado, el Concilio Pro Personas con Diversidad Funcional felicitó a Rebollo López por su escrito de moción de renuncia al mencionado caso.

“Entendemos que su escrito está colmado de entereza y valentía. Entre otras cosas, manifiesta la manera injusta en que se ha comportado el tribunal local y que la decisión antes mencionada representa un retraso de 30 años de negociaciones con la clase demandante. Para nosotros, queda nuevamente demostrado la falta de sensibilidad y justicia del estado y sus tribunales hacia el derecho humano fundamental de una educación apropiada para todos”, dijo en un comunicado, José L. Cordovés, presidente del organismo.

Cordovés indicó que el conocido pleito de clase Rosa Lydia Vélez vs. Departamento de Educación, el cual ha estado en los tribunales desde 1980, consiguió que en febrero del 2002 el tribunal dictara sentencia a favor de los estudiantes de educación especial. Para estos fines, el tribunal estableció unas estipulaciones a ser cumplidas por el estado. Sin embargo, 12 años después el monitoreo del mismo tribunal concluye que el estado incumple con las estipulaciones. Debido a esto, el estado paga una multa diaria de 2,000 dólares, la cual no ha constituido un disuasivo para remediar los problemas logísticos y prioritarios del programa de educación especial en Puerto Rico.

Dijo que transcurridos 33 años de lucha, varios sectores unieron sus esfuerzos ante las constantes violaciones de derechos hacia esta población, por lo que se creó el Concilio Pro Personas Diversidad Funcional que actúa para promover que se cumplan los derechos de las personas con diversidad funcional y promueve su plena inclusión y participación en la sociedad a lo largo de todas las etapas de la vida.

“Es nuestra postura como una organización puertorriqueña, solidarizarnos con la clase demandante y exigirle al Estado que atienda los reclamos de esta población, con el respeto y la responsabilidad que se merece los miles de niños, jóvenes y familias de nuestra sociedad puertorriqueña”, dijo el líder de la organización.

“Es deber del Estado avanzar hacia la plena inclusión de nuestra población con diversidad funcional y no ser un ente obstaculizador en los procesos de cumplimiento de las leyes estatales y federales. Invitamos a todos los sectores, a que caminemos juntos para lograr unos resultados dignos en el mejor bienestar de los estudiantes y de las personas con diversidad funcional, a través de una lucha renovada”, sostuvo.

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