Exreina de belleza y empleada de Hacienda arrestadas por fraude hipotecario

imagesSAN JUAN – Las autoridades federales realizaron la mañana del martes un operativo por fraude hipotecario en el que la abogada y exreina de belleza, Sheila Benabe y una empleada del Departamento de Hacienda entre los detenidos.

“Es una investigación conjunta que fue llevada a cabo por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Interna del ICE, el FBI, el Servicio de Rentas Internas y la Oficina de Inspectoría General del HUD. Es un pliego acusatorio emitido por un gran jurado federal acusando a 20 personas por 11 cargos de fraude bancario, particularmente, fraude hipotecario y lavado de dinero”, dijo Ángel Meléndez, director del Servicio de Inmigración (ICE por sus siglas en inglés) en entrevista televisiva (Noticentro).

“Es una organización que se dedicaba prácticamente a la inflación de tasaciones para timar a estas instituciones financieras, utilizando testaferros y también documentos falsos”, añadió.

Por su parte, el jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) en la isla, Carlos Cases, dijo que entre los arrestados hay todo tipo de personas. “Inclusive hay dos empleadas de Hacienda que fueron arrestadas en el día de hoy que fungieron como testaferros en este esquema fraudulento”, indicó.

La secretaria de Hacienda, Melba Acosta explicó la empleada arrestada fue suspendida de sus funciones, mientras que la otra arrestada es una exempleada de la agencia.

“Lo importante de esto es que en el 2007 la economía de Estados Unidos, prácticamente empezó a colapsar y una de las razones son lo que se llama las hipotecas ‘soft crime’, que son hipotecas de alto riesgo. Por fraudes como este, fue que la economía colapsó en Estados Unidos y Puerto Rico. Fue una de las razones por las que el mercado de bienes raíces colapsó y las residencias devaluaron hasta un 50 por ciento y en ocasiones, más que eso. Por eso en parte es que la economía de Puerto Rico está estancada”, sostuvo Cases al asegurar que las autoridades federales no tolerarán este tipo de fraudes.

Según se informó el periodo de esta investigación se extendió entre 2006 y 2009 y los acusados fueron llevados al Coliseo Pedrín Zorrilla en Hato Rey para ser procesados.

El portavoz del ICE, Iván Ortiz detalló en entrevista radial (NotiUno) que “en este caso, fueron nueve préstamos hipotecarios que ascendieron a cinco millones de dólares”. Indicó que en la organización habían personas con diferentes roles como líderes, tasadores, contadores, facilitadores y compradores ficticios.

De acuerdo con Ortiz, los arrestos se produjeron en Aguas Buenas, Canóvanas, Gurabo, San Juan, Bayamón, Carolina, Juncos, Cayey, Guaynabo y Caguas. La líder de la organización fue arrestada el lunes en Rincón, aunque es residente de Gurabo.

La jefa de la Fiscalía Federal en la Isla, Rosa Emilia Rodríguez informó en un comunicado de prensa que con el fin de garantizar la aprobación de los préstamos inflados, los participantes creaban y presentaban documentación falsa junto con la solicitud de préstamo, incluyendo los estados financieros, estados de cuenta bancarios, cartas de verificación de empleo, declaraciones de impuestos, entre otros.

Rodríguez indicó que según la acusación, las instituciones financieras involucradas en el esquema son el Banco Santander, el Doral Bank, el antiguo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y RG Premier Bank.

Los acusados ​​son Lina Prestol Rodríguez; José Santana Aponte; Carlos Vélez De Jesús; Ángel Torres Maymi; Brenda Mercado Rodríguez; Marilyn Meléndez Prestol; Johanna Rivera Benítez; Carlos Solis Guzmán y José Luis Negrón Molina; Alexander Cifuentes Ramos; Carlos Ortiz Dávila; Eduardo Cora Colón; Gabriel Branda Collazo; Ricardo Santiago Verdecia; Marco Antonio Ambert Torres; José Rafael Mora Nazario; Angélica Álvarez Castañeda; Sheila Benabe González; Adelinzy Gracia Vázquez y Awilda Díaz Cabrera.

Prestol Rodríguez, quien está acusada por conspiración para cometer lavado de dinero, fue identificada como el líder de la organización. Ésta fue objeto de la conspiración y junto con los coacusados se habrían comprometido con una serie de transacciones financieras y monetarias por más de 10,000 dólares con el fin de enriquecerse a sí mismos y eliminar las obligaciones de deuda existentes.

Este caso está siendo procesado por el fiscal Scott Anderson. La pena máxima por estos delitos es de 30 años de prisión y multas de hasta 1 millón de dólares. Los acusados se presumen inocentes hasta tanto se pruebe lo contrario.

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