Denuncia aumento en valor de terrenos comprados por el gobierno en el CEN

imagesSAN JUAN – El gobierno de Puerto Rico compró a un precio entre 10 mil y 70 mil dólares cada una de las cerca de 656 cuerdas de terrenos en la Reserva Natural del Corredor Ecológico del Noreste (CEN) que pertenecían a los proponentes de los proyectos residenciales-turísticos San Miguel Resort y Dos Mares Resort, denunció el martes Luis Jorge Rivera Herrera, planificador y científico ambiental de Iniciativa para un Desarrollo Sustentable (IDS), organización perteneciente a la Coalición Pro CEN. Según Rivera Herrera, se trata de terrenos similares ocupados por humedales e inundables en el CEN, que habían sido tasados previamente a razón de 1,000 dólares la cuerda.

“Es muy difícil entender cómo es posible que los terrenos comprados hayan podido apreciar tanto en tan poco tiempo. Sobre todo, debido a que las cuatro compras se llevaron a cabo entre los años 2007 al 2013, periodo en que las propiedades perdieron su valor de forma significativa en toda la Isla”, expresó Rivera Herrera en un comunicado.

Éste hizo referencia a una tasación hecha sobre la finca Convento Norte, ubicada en el CEN y perteneciente a la Compañía de Fomento Industrial, en noviembre de 2000. La tasación había sido comisionada por la corporación pública, con el propósito de establecer el canon de arrendamiento bajo el cual iba a alquilar la propiedad a los empresarios Efraim Kier, Luis Alberto Rubí y Mark Greene, quienes pretendían ubicar en parte el proyecto Dos Mares Resort.

Indicó que en ese entonces, los terrenos caracterizados por humedales e inundables en la finca Convento Norte tasaron a razón de 1,000 dólares la cuerda, mientras que aquellos en áreas altas o no inundables, 15,000 dólares la cuerda.

Por otro lado, señaló que solo siete años después, en agosto de 2007, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) compró al proponente del San Miguel Resort, Juan Ramón Zalduondo, cerca de 278 cuerdas de terrenos en el Corredor. En esta primera compra-venta, los terrenos fueron adquiridos por un total de 12.5 millones de dólares, o a razón de 45,000 dólares la cuerda, a pesar de que la gran mayoría eran humedales e inundables y de que solamente podían usarse para fines agrícolas o de conservación, según calificados por la Junta de Planificación.

Rivera Herrera dijo que el precio fue fijado a base de una tasación que presumía que el proyecto no iba a confrontar dificultades en su aprobación por el gobierno. El San Miguel Resort, en cambio, nunca obtuvo un solo permiso para su construcción.

Asimismo, señaló que el DRNA completó dos compras adicionales a Zalduondo siguiendo el precedente utilizado en la transacción inicial. En diciembre de 2008, la agencia compró 167 cuerdas, a un promedio de 66,760 dólares la cuerda, para un desembolso de 11.5 millones de dólares. En julio de 2010, el DRNA adquirió 121 cuerdas, a un promedio de 70,200 dólares la cuerda, a un costo total de 8.5 millones de dólares.

Detalló que la última compra-venta realizada por el DRNA fue completada en mayo de 2013, para la adquisición de aproximadamente 90 cuerdas pertenecientes a los proyectistas del Dos Mares Resort, Efraim Kier, Luis Alberto Rubí y Mark Greene. En esta última transacción, los terrenos colindantes con la finca Convento Norte y dentro del CEN fueron comprados a un precio de 3.5 millones. Los terrenos de humedales fueron tasados en aproximadamente 10,600 dólares la cuerda, mientras que los terrenos fuera de zonas inundables, pero calificados para uso agrícola, tasaron sobre 94,400 dólares la cuerda.

Según Rivera Herrera, en total, el Gobierno de Puerto Rico ha pagado cerca de 36 millones 650 mil dólares en fondos estatales y federales, a un promedio de 54,000 dólares la cuerda, en las cuatro transacciones.

La organización advirtió que la forma en que se han completado las transacciones hasta el momento en el CEN podría encarecer compras futuras para la conservación de terrenos privados en esta zona, así como en otras partes de Puerto Rico. Tal es el caso de los terrenos en Piñones donde se pretendía construir el proyecto Costa Serena. Su proponente, el empresario Joel Katz, ha exigido también al gobierno que si decide expropiar los terrenos que reclama como suyos en esta área, los pague a un precio basado en la presunción de que la construcción del proyecto Costa Serena es viable, aun cuando no cuenta con permiso alguno al día de hoy.

Esta exigencia, según el ambientalista, la cual se encuentra ante la consideración del Tribunal Apelativo, ha ocasionado que el DRNA pueda estar obligado a pagar cerca de 30 millones de dólares, o en la alternativa, desistir de la protección de dichos terrenos mediante su compra. Los terrenos habían sido tasados y expropiados originalmente por la agencia a un valor aproximado de 4.7 millones de dólares.

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