Advierte sobre peligro en la creación de nueva corporación pública para la transportación colectiva

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EL CAPITOLIO – Los representantes del Partido Nuevo Progresista, Ricardo Llerandi Cruz y Ángel Muñoz Suárez, levantaron el jueves la voz de alerta sobre los “posibles efectos negativos” de aprobarse una serie de medidas que busca crear una nueva corporación pública para proveer transporte escolar a nuestros niños.

“Los vehículos para el transporte escolar tienen unas características particulares de seguridad, las cuales están claramente definidas por los departamentos de Transportación y Educación federal. Estos proyectos no dicen nada sobre este tema. Hay que velar que los vehículos que se utilicen por esta nueva entidad burocrática, cumplan con tales disposiciones. Además, no sabemos cómo se afectarían las actuales rutas escolares al integrarlas a las rutas de la ATI. ¿Qué quiere decir la mayoría con regiones autónomas? ¿Qué pasa en los municipios donde no hay rutas de ATI, se quedaran fuera los estudiantes? Hay muchas lagunas sin explorar en ambos proyectos”, señaló Llerandi Cruz durante una rueda de prensa.

Según el legislador, se trata del Proyecto del Senado 851 y del Proyecto de la Cámara 1588, los cuales delinean el desarrollo de la nueva Autoridad para el Transporte Integrado (ATI). Ambas medidas además despojan al Departamento de Educación (DE) de su faculta de contratar, administrar y supervisar el transporte escolar provisto a los estudiantes de escuela pública.

Por su parte, Muñoz Suárez, quien representa los municipios de Aguada, Añasco, Moca, Rincón y Mayagüez enfatizó que las medidas impulsadas por la mayoría del Partido Popular Democrático dejan la puerta abierta para que se utilicen rutas en las cuales los estudiantes estén en la misma guagua que adultos con todos los riesgos que ello conlleva.

“Al fusionar el transporte escolar con el transporte colectivo, según esta descrito en los proyectos, se le brinda acceso a los vehículos utilizados hoy exclusivamente por nuestros niños a todo tipo de persona. Cabe señalar que a los estudiantes de educación especial ya no se recogerían en sus respectivos hogares pues los transportes colectivos establecen unas paradas fijas y públicas. Además estos vehículos se podrían convertirían en blanco de los delincuentes con motivos de asaltos debido a que estos elementos sabrán que habrá dinero en cada autobús, tal y como sucede en las guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA)”, dijo Muñoz Suárez.

Llerandi Cruz, que representa el distrito número 14, compuesto por los municipios de Arecibo y Hatillo, levantó la posibilidad de que municipios del partido popular desarrollen consorcios para ofrecer la transportación escolar, privando así el uso de compañías privadas, tal como está sucediendo ahora mismo con el programa de tutorías en el DE.

“Como están las medidas se presta para muchas cosas. Por ejemplo, podrían dejar fuera a compañías puertorriqueñas que por años y décadas han brindado un servicio efectivo de transportación al Departamento. De hecho, indirectamente podrían quebrar a estas compañías ya que la nueva Autoridad tendrá la facultad de imponer requisitos adicionales a los que tiene Educación con la intención de beneficiar a municipios populares que se unan en consorcio como pasa actualmente con las tutorías. Esto no huele bien”.

Los legisladores estadistas expresaron que aunque con esta nueva “Autoridad” se pretenda unificar los medios de transporte bajo una sola oficina para principalmente ser más eficientes, la realidad es que se crea otra corporación pública en un ambiente de crisis fiscal y en donde las mismas han demostrado que no funcionan, tal y como es el caso de la AMA. Están creando otra entidad que va a depender de los subsidios del Fondo General para sobrevivir. En lugar de resolver una situación, la mayoría parlamentaria está extendiendo la agonía al problema.

Además, según la administración popular, esta nueva entidad tiene un costo estimado inicialmente unos 240 millones de dólares para desarrollarla.

Para concluir, Llerandi Cruz exigió a los líderes legislativos que se expresen sobre los rumores de que se radicará en las próximas semanas un proyecto que viabilizaría la eliminación de la Comisión de Servicio Público, y que expliquen qué sucederá con las franquicias del transporte escolar que tienen décadas operando en la Isla.

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