A eliminar los contratos de asesoría legal en las agencias

original_logotipoEL CAPITOLIO – El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, anunció el jueves jueves la radicación de una medida la cual limitaría la otorgación de contratos de consultoría legal en todas las agencias y dependencias del gobierno central.

Según Aponte, se trata del Proyecto de la Cámara 1709, el cual enmienda el Artículo 18-A a la Ley 103-2006, conocida como “Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006”, a fin de reducir en la Rama Ejecutiva la contratación de asesores legales externos en aquellas agencias, dependencias y corporaciones públicas que cuentan con divisiones y/o unidades internas de servicios legales.

“El gigantismo gubernamental tiene muchas vertientes y una de esas es la contratación desmedida de asesores legales externos. Esto ocurre en casi todos los departamentos, agencias y corporaciones públicas que comprende la Rama Ejecutiva. Es tiempo de limitar este gasto que anualmente asciende a millones de dólares. Debemos comenzar con colocar límites en la contratación de consultores legales en las agencias que cuentan con divisiones legales”, señaló el líder estadista a través de un comunicado de prensa.

El legislador dijo que de acuerdo a información que se desprende de los diversos boletines informativos que circula la Oficina del Contralor de Puerto Rico, la contratación de servicios profesionales y consultivos es un recurso de medida excepcional, a ser utilizado únicamente cuando la entidad contratante no cuente con los recursos internos necesarios para prestar los servicios que se necesitan.

Indicó que el Contralor también explica que en el ordenamiento jurídico existen diversos preceptos legales que guían el proceso de contratación gubernamental, los cuales facilitan la fiscalización de los fondos públicos. Asimismo, dijo que en el pasado se han aprobado leyes, órdenes ejecutivas, reglamentos y cartas circulares que dictan los requisitos que deben cumplir las entidades gubernamentales contratantes cuando otorgan un contrato de servicios profesionales y consultivos.

En lo que respecta a la contratación de servicios legales, dijo que los recursos, la infraestructura y la experiencia se tomarán en consideración para la fijación de honorarios dentro de un marco de razonabilidad.

También señaló que al analizar medidas con el propósito de limitar la contratación de servicios legales, se ha señalado que la Ley 237-2004, en su Artículo 2 ya regula este asunto disponiendo lo siguiente: “La contratación de servicios profesionales o consultivos se perfeccionará excepcionalmente y se utilizará únicamente cuando la entidad gubernamental no cuente o no pueda utilizar los recursos internos a ser contratados, o cuando el “expertise” destreza o experiencia del contratista sea necesario para la consecución de los fines para lo cual es contratado”.

“Sin embargo, a pesar de las regulaciones existentes para limitar o evitar la contratación desmedida de servicios legales externos, muchas agencias del Gobierno continúan con este gasto innecesario en este momento. Lo cierto es que Puerto Rico se encuentra enfrentando un problema económico serio que nos obliga a tomar medidas más drásticas. El proyecto que radicamos busca, por primera vez, regular la otorgación de contratos de asistencia legal a aquellas dependencias gubernamentales que cuentan con sus propios abogados o divisiones legales”, enfatizó el representante del PNP.

Según Aponte Hernández, el limitar este tipo de contratación, especialmente dado el marco de la presente crisis fiscal, redundaría en ahorros anuales para el gobierno de millones de dólares.

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