Tribunal Federal ordena a AGP retirar nombramiento Comisión Industrial

Tribunal_FederalEL CAPITOLIO – El representante penepé Antonio “Tony” Soto informó el domingo que el juez federal, Francisco Besosa, ordenó al gobernador, Alejandro García Padilla, a retirar de manera inmediata el nombramiento de Grace Sylvette Lozada-Crespo, o de cualquier otra persona, como comisionada y presidente de la Comisión Industrial.

Según Soto, con esto el juez se debe mantener en dicha posición al licenciado Basilio Torres Rivera, hasta tanto el Tribunal tome una determinación en cuanto a la Solicitud de Interdicto Preliminar presentada por dicho funcionario contra el gobernador.

Soto, además de circular la determinación del Tribunal tomada este viernes pasado, exhortó al gobernador y a la Rama Legislativa a “desistir de sus odios y sed de venganza en contra de sus adversarios políticos y a que se pongan a trabajar por los verdaderos problemas que afectan nuestra gente”.

El legislador indicó que según la Orden de Entredicho Provisional dictada por el juez Besosa, el licenciado Torres Rivera fue designado por el gobernador Luis Fortuño y confirmado por el Senado para ocupar la posición de comisionado y presidente de la Comisión Industrial de Puerto Rico por un término de seis años.

Indicó que García Padilla removió a Torres Rivera de su posición aduciendo que en virtud de la más reciente enmienda a la ley que crea la Comisión Industrial, la posición de presidente dejó de ser una posición a término fijo, convirtiéndose ahora en una posición de libre remoción por el gobernador. Fue entonces que el ejecutivo designó a Lozada Crespo como nueva comisionada y presidente del organismo, encargado de revisar las decisiones que emite la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).

Por otro lado, Soto indicó que la orden expedida por el juez federal, señala que los hechos en el caso del licenciado Torres Rivera son similares a aquellos que dieron lugar a los pleitos recientemente instados a nivel federal por el procurador del Veterano, Agustín Montañez Allman y el procurador de las Personas con Impedimentos, Iván Díaz Carrasquillo.

“En los casos de los procuradores del Veterano y el de la Personas con Impedimentos los jueces federales Juan Pérez Giménez y Daniel Domínguez ordenaron al Gobernador a mantener en sus respectivas posiciones a término a dichos funcionarios; por tener éstos una expectativa de permanencia, un derecho propietario sobre tales posiciones por el término de sus designaciones y desempeñar funciones cuasi-legislativas y cuasi-judiciales que limitan su poder de remoción. Sin embargo, el presidente del Partido Popular y su Legislatura se han empecinado en sacarlos de sus puestos solo por el hecho de ser nombrados por el gobernador Fortuño, provocando, entre otras cosas, desangrar más las maltrechas finanzas del gobierno por mero revanchismo”, sentenció Soto.

Asimismo, relató que el juez Besosa expresó en la orden que el nombramiento del licenciado Torres Rivera, para el cual fue confirmado por el Senado, fue uno conjunto como comisionado y presidente de la Comisión Industrial. A juicio de Besosa, Torres Rivera tiene una posibilidad real de prevalecer en los méritos y no existe evidencia de que éste haya actuado de manera negligente en el desempeño de sus funciones o deberes.

Por otro lado, el representante informó que la determinación judicial reza que la ley que creó la Comisión Industrial, según la misma se encontraba vigente al momento de la designación de Torres Rivera, no le reconoce al gobernador, de manera expresa, la autoridad para remover a los comisionados ni al presidente de la Comisión Industrial. Añade que la ley que creó la Comisión Industrial reconoce a dicha agencia y en su consecuencia, a los Comisionados nombrados a término, funciones cuasi-judiciales y cuasi-legislativas que igualmente limitan los poderes de remoción de García Padilla.

Según Soto, el Tribunal citó a las partes a una vista argumentativa el 31 de enero de 2014 en la cual examinará si concede carácter permanente a la Orden de Entredicho. La representación de Torres-Rivera la ostenta el licenciado Fredeswin Pérez Caballero, letrado que representó al Procurador del Veterano en demanda contra García Padilla.

Los comentarios para este artículo han sido cerrados.