Hernández Denton acoge medidas correctivas recomendadas para mejorar el manejo de casos criminales

SAN JUAN – El juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton, informó el jueves, que acogerá y recomendará al Pleno del Tribunal la adopción inmediata de las recomendaciones principales del comité que designó en verano del 2013 para Justicia3[1]

“El sistema de justicia criminal de Puerto Rico atiende más de 100,000 casos criminales todos los años y apenas fueron excarceladas 79 personas en el período fiscal 2012-2013 por motivo de que no se les inició su juicio en el período de seis meses de detención preventiva que dispone la Constitución. En los casos de habeas corpus los procesos nunca se detienen. En los dos procesos señalados se continuó el trámite judicial. El acusado de Carolina compareció al proceso, fue hallado culpable y resultó convicto. En el caso de Ponce el proceso sigue su curso. Esa es la experiencia en la mayor parte, si no en todos estos casos, según pudo comprobar el Comité que designé”, aseguró el juez presidente quien añadió que aunque el estudio evidenció que estas situaciones ocurren con poca frecuencia “no convierten en aceptables las deficiencias en el manejo de los casos”.

Este Comité fue designado con la encomienda de hacer un estudio y proponer recomendaciones sobre el estado del sistema de justicia. También tuvo a su cargo el análisis de dos casos que tuvieron mucho interés y repercusión pública que desembocaron en la excarcelación de los acusados ante la presentación del recurso extraordinario de habeas corpus.

Hernández Denton aclaró que el estudio concluyó que lo ocurrido en los dos casos estudiados, uno de Ponce y otro de Carolina, es algo poco común dentro del universo total de asuntos criminales que atiende la Rama Judicial cada año.

Cabe destacar que del estudio realizado por el Comité se deprende que el índice promedio de resolución para los años fiscales evaluados superó el 100 por ciento. El índice de casos resueltos versus el tiempo que tomó su adjudicación también resultó positivo al promediar menos de 90 días para la mayoría de los casos criminales graves y menos graves.

Entre las recomendaciones del estudio está revisar el reglamento de Abogadas y Abogadas de Oficio para que contemple la remuneración económica inmediata de los servicios. También se requerirá a la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) que se identifique el peritaje de los abogados (as) por área de práctica para reducir la solicitud de relevos.

El estudio recomienda, además, evaluar la posibilidad de que estudiantes de derecho provean asesoría y representación legal a personas indigentes que enfrenten vistas de causa para arresto (Regla 6), reforzar el personal disponible en las salas de vista preliminar, así como trabajar los sábados y domingos de ser necesario para evitar el vencimiento de los términos de juicio rápido.

“Otras medidas recomendadas por el Comité van dirigidas a los jueces y juezas de lo criminal para agilizar el manejo de sus salas. Entre ellas destacan el pautar desde el acto de lectura de acusación las conferencias que sean necesarias entre fiscalía y defensa, pautar el descubrimiento de prueba temprano en el proceso, ser rigurosos en exigir el cumplimiento del mismo y preparar órdenes precisas, claras y con términos específicos de cumplimiento”, explicó el juez presidente.

Además, se recomienda a los jueces y juezas que cuando tengan un caso complejo deleguen en su juez pareja el calendario regular, que atiendan con prontitud las mociones de supresión de evidencia y las relacionadas al descubrimiento de prueba, que establezcan calendarios razonables, que en la medida de lo posible atiendan los juicios en días consecutivos y que si la defensa o la fiscalía no están preparadas, hagan constar para record las razones por las cuales alegan no estarlo. De igual forma se recomienda mantener en vigor una orden administrativa emitida por la jueza administradora del Tribunal de Apelaciones que estableció un procedimiento para que se atiendan con premura los recursos en casos donde el imputado se encuentre sumariado.

“Estas medidas tienen el propósito de reducir el problema de las posposiciones”, indicó Hernández Denton”.

Al acoger las recomendaciones contenidas en el Informe, el juez presidente señaló que ya se tomaron acciones afirmativas en muchos renglones a través de órdenes administrativas que disponen, por ejemplo, parámetros para detener los procesos criminales desde el Tribunal de Apelaciones, así como un sistema de alertas que detecta cuándo se aproxima la fecha en que una persona sumariada lleva seis meses sin habérsele iniciado su juicio.

“El Informe en general, y las recomendaciones en particular, representan una herramienta muy útil para la Rama Judicial y para asegurarnos que nuestro sistema de justicia criminal continúe mejorando día a día. La experiencia de estos dos casos estudiados es ilustradora para detectar deficiencias y hacer mejorías, pero realmente no es representativa de cómo suelen manejarse los casos con eficiencia en nuestros tribunales”, manifestó Hernández Denton.

El Comité fue presidido por la directora administrativa de los Tribunales, Sonia Ivette Vélez Colón; y estuvo compuesto por: la juez Isabel Llompart Zeno, el juez José J. Ramírez Lluch, el juez Ricardo Marrero Guerrero, el licenciado Aldo González Quesada, el licenciado Francisco Rebollo López, el licenciado Luis Rivera Martínez, el licenciado Luis Rivera Román, y el licenciado Miguel Ferrer Rivera.

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