Golpe al consumidor y al comerciante la equiparación de precios según el CUD

cud-centro-unido-logoSAN JUAN – El Centro Unido de Detallistas (CUD) expresó el miércoles su descontento ante la equiparación de los precios en efectivo con los de tarjetas de crédito y débito, especialmente en el sector de la gasolina a raíz de la aprobación de la Ley 152 de 13 de diciembre de 2013. Para el CUD, el bolsillo de los consumidores sufrirá el mayor impacto, pues ya no contarían con el descuento que implicaba comprar productos y servicios en efectivo.

“Las nuevas disposiciones son confusas e impiden al comerciante pasarle el ahorro al consumidor cuando compraba en efectivo. Ahora va a tener que igualar los precios, lo que conlleva un aumento al cobro en efectivo”, sostuvo Enid Monge, presidenta del CUD en un comunicado de prensa.

Según el CUD, el Artículo 5 de la Ley 152 dispone que “ningún comerciante podrá imponer un cargo adicional o “surcharge” a aquel consumidor que elija utilizar un medio de pago válido en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo una tarjeta de crédito o débito emitida por una institución o empresa comercial debidamente autorizada a emitir las mismas conforme a las leyes federales y estatales vigentes, en lugar de efectivo, cheque o cualquier otro método de pago similar, en ninguna transacción de venta o arrendamiento de bienes y servicios.”

“Cabe destacar que la Ley 152 no habla de precio menor. Antes, los detallistas podrían ofrecer un precio menor porque se le cobraba adicional cuando se pagaba con tarjeta de crédito o débito. En esa transacción el consumidor se beneficiaba porque tenía ahorro en el gasto de procesamiento que cobran las instituciones. En muchos casos estos costos son significativamente altos comparados con la cantidad y el margen de ganancia del comercio”, advirtió la presidenta del CUD.

“Es sumamente injusto que ahora se convierta en ley precisamente lo contrario, que se equiparen los precios luego de que el comerciante incurrió en unos gastos en rotulación para cumplir con la orden 2012-014 de DACO. Esa es la preocupación que siempre tenemos por los cambios de administración. No vemos por qué causa confusión si los precios están visibles y hemos cumplido a cabalidad. Además, de existir una situación especial, DACO tiene una facultad fiscalizadora para establecer parámetros adicionales”, expresó Monge.

Por otro lado, la Ley Dodd-Frank permite en los federales esas diferencias en precio. Esta misma ley impone a las instituciones bancarias un tope máximo al cobrar procesamiento con tarjetas de débito y regula los cargos que los bancos e instituciones financieras pueden cobrar a los comerciantes por el procesamiento de las tarjetas de débito o crédito en sus establecimientos. La intención es proteger al consumidor al reducir los costos y gastos de las tarjetas de crédito o débito a los comerciantes, lo que a su vez redunda en unos precios menores para el consumidor. En Puerto Rico esto no se ha implementado para que el comerciante pueda ser más competitivo. Esto viene a agravar todavía más la situación del empresario, que tiene el peso de los gastos de electricidad, agua, nómina y los nuevos impuestos gubernamentales.

“Aquí, repito, esto va en detrimento del comercio local y del consumidor que ya no podrá optar por un precio menor en efectivo partiendo del método de pago. El impacto se verá más significativamente en el sector de la gasolina y otros renglones con escasos límites de ganancias. Los grandes perdedores son el consumidor y los comerciantes altamente regulados sin poder mercadear el negocio para atraer clientela”, concluyó la Líder de los Detallistas.

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