Crea Hernández Denton Comisión Asesora de Acceso a la Justicia para beneficio de los sectores más desventajados de la población

01-22-14 Hernandez DentonSAN JUAN – En atención al compromiso y responsabilidad de la Rama Judicial con garantizar el principio de acceso a la justicia a todos los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rico el Juez Presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, anunció el miércoles, la creación de la Comisión Asesora de Acceso a la Justicia.

“Desde el año 2002, cuando se celebró la Vigésima Conferencia Judicial y el Primer Congreso de Acceso a la Justicia, hemos trabajado arduamente para promover proyectos que amplíen el acceso la justicia, particularmente entre sectores desventajados económicamente o marginados por otras razones diversas. Como resultado de los trabajos de esa Conferencia y del Congreso se creó en el 2003 la Comisión para el Acceso a la Justicia, que a su vez recomendó la creación de una Junta Permanente de Acceso a la Justicia. De igual modo, tanto la Ley de la Judicatura del 2003 como los Planes Estratégicos adoptados por la Rama Judicial para los años 2007 al 2011 y 2012 al 2015 establecen como imperativos estratégicos Garantizar el Acceso a la Justicia y Acceso a la Justicia para todos y todas, respectivamente”, explicó Hernández Denton en un comunicado de prensa.

El nuevo organismo estará adscrito a la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) y será presidido por la Directora Administrativa de esa dependencia, Sonia Ivette Vélez Colón. El licenciado Carlos Rodríguez Vidal fungirá como Vicepresidente y Director Ejecutivo.

La recién creada Comisión tiene entre sus funciones asesorar a la Rama Judicial en la formulación de política pública que garantice el acceso a la justicia fundamentado en el trato equitativo e igualitario de todas las personas. Esto incluye representación legal a personas indigentes, en casos civiles y criminales, y el acceso y trato sensible, justo y equitativo a las poblaciones en condición de vulnerabilidad. También debe recomendar iniciativas y planes de acción para la implantación de una política pública articulada y continua de acceso a la justicia y establecer un mecanismo que brinde seguimiento a la validación y consecución de las metas trazadas.

Otra función de la Comisión será recomendar legislación para adelantar mecanismos de financiamiento y servicios para la representación legal de personas indigentes y poblaciones en condición de vulnerabilidad tales como personas con discapacidades, inmigrantes, víctimas de violencia doméstica y agresión sexual, menores de edad, personas de edad avanzada, entre otras. También podrá recomendar nueva legislación y enmiendas a leyes existentes cónsonas con las encomiendas de la Comisión.

Los y las integrantes de la Comisión incluyen miembros de la judicatura, representantes de agencias del Poder Ejecutivo, de organizaciones que brindan asistencia legal, de las escuelas de derecho del país y representantes de varias organizaciones comunitarias así como de organizaciones profesionales: María del Carmen Berríos, Jueza Superior; Rosa Benitez Álvarez, Jueza Superior; licenciada Rosabel Padín Batista, Administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME); licenciado Charles Hey Maestre, Director Ejecutivo de Servicios Legales de Puerto Rico; licenciado Federico Rentas, Director Sociedad para la Asistencia Legal; licenciado Luis E. Rodríguez Lebrón, Director Ejecutivo de Probono, Inc.; licenciada Vivian Neptune, Decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR); licenciado Julio Fontanet, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico; licenciado José A. Frontera, Decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico; doctor Efrén Rivera Ramos, Catedrático de la UPR; doctora María Lourdes Rivera Grajales, Directora Oficina para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión; Jorge Oyola, Líder Comunitario Alianza de Líderes Comunitarios; doctor Nelson Colón, Fundación Comunitaria de Puerto Rico; Salvador Calaf, Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y el licenciado William Ramírez Hernández, Director Ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Entre los proyectos de acceso a la justicia desarrollados por la Rama Judicial Hernández Denton destacó el establecimiento de cinco Salas Especializadas en Casos de Violencia Doméstica y del Sistema de Órdenes de Protección Automatizadas en todas las regiones judiciales. También la expansión a cuatro regiones judiciales del Proyecto Justicia para la Niñez que brinda servicios legales y de orientación en los casos de maltrato a menores y adopción. De igual modo, ocho regiones judiciales cuentan con el Programa de Litigantes por Derecho Propio y diez con el Programa de Salones Especializados en Casos de Sustancias Controladas. Además, las trece regiones judiciales del país cuentan con Centros de Mediación de Conflictos y se ha adiestrado a los jueces y juezas y a todo el personal de la Rama Judicial sobre el Protocolo para la atención, orientación y referido de Personas sin Hogar que se presentan al Tribunal de Primera Instancia.

La Comisión celebró su primera reunión el miércoles en la OAT.

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