Reclaman mantener estudio de impacto económico para proyectos de gran escala

impacto economicoSAN JUAN – La presidenta del Centro Unido de Detallistas (CUD), Enid Monge de Pastrana, exigió a los líderes senatoriales mantener el requisito originalmente incluido en el Proyecto 545 que requiere llevar a cabo un estudio de impacto económico a todo aquel proponente de un proyecto comercial al detal de gran escala. “Es inaudito que se ignore un asunto tan medular para el desarrollo de empresas nativas y cuya eliminación en el 2009 hizo tanto daño, sin atender las diversas ponencias favorables de una gran mayoría de participantes en el proceso legislativo”, sostuvo la presidenta en un comunicado de prensa.

Monge dijo que es inexplicable que un proyecto que obtuvo el aval del sector privado y de las dependencias gubernamentales, que recibió un informe positivo y luego aprobación de la Comisión de Cooperativismo y Pequeñas y Medianas Empresas en el Senado, y con el estudio de impacto claramente incluido en su texto, haya sido desvirtuado en su totalidad en el Senado.

“Es de todos conocidos que la eliminación de dicho requisito en 2009, por los cambios a la Ley de Permisos, trajo como consecuencia la saturación del mercado de Puerto Rico, tendiendo como efecto una concentración extrema y peligrosa de cadenas en la Isla. Esto ha tenido un efecto nefasto en la estabilidad de miles de empresas locales, en especial en el renglón pymes”, sostuvo Monge.

“Sin una planificación responsable basada en evaluaciones ponderadas, lo único que tendremos es una economía totalmente dependiente del capital extranjero, lo cual es erróneo en términos de desarrollo económico”, agregó.

La líder de los detallistas explicó que el proyecto 545 propone devolver a la Ley de Permisos el requisito de un estudio de impacto aplicable a proyectos de 80 mil pies cuadrados o más, que destinen 15 mil pies cuadrados para la venta de mercancía. El estudio de impacto no es nuevo en términos de regulación, ya que un gran número de estados de la nación americana tienen como parte de su proceso de permisos el mencionado estudio.

La presidenta del CUD urgió a la Asamblea Legislativa a concretar mediante esta pieza legislativa el compromiso que el gobernador hizo ante el sector empresarial, para asegurar una planificación responsable de desarrollo económico.

Sobre una docena de organizaciones empresariales del país exigieron a la Asamblea Legislativa la aprobación del proyecto.

Entre las organizaciones están la AARP, Asociación de Industriales del Hielo, Asociación de Farmacias de la Comunidad, Asociación de Industriales del Pan, Asociación de Detallistas de Gasolina, Asociación de Comerciantes WIC, Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración, Asociación de Librerías Escolares y otros.

La medida contó con el aval de entidades del gobierno, tales como la Junta de Planificación, el Departamento de Justicia, PRIDCO, Departamento del Trabajo, OGP y el Procurador del Pequeño Comercio, entre otros. De igual forma, el proyectó contó con un Informe de la Comisión de Cooperativismo y Pequeñas y Medianas Empresas del Senado, recomendando la aprobación de la medida con el Estudio de Impacto.

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