Múltiples Organizaciones Empresariales denuncian el Secuestro del Proyecto 545

timthumbSAN JUAN – En un acto que se distancia de la democracia que debe permear en el proceso legislativo, el Proyecto de la Cámara 545 fue detenido arbitraria y unilateralmente en el último día de sesión, denunció el miércoles el Centro Unido de Detallistas.

“Lo acontecido en el último día de sesión es un atropello para el sector empresarial de la Isla, en total detrimento para las pymes, y es un precedente negativo en la objetividad que debe enmarcar el proceso legislativo. Cómo es que una medida que fue debidamente evaluada, que contó con el endoso de 10 organizaciones privadas y del gobierno, que igualmente contó con el aval de la Comisión que lo evaluó y de los componentes del Comité de Conferencia, sea arbitrariamente retenido de su continuidad en el proceso legislativo”, cuestionó Enid Monge, presidenta del Centro Unido de Detallistas.

Esto, a pesar de que la mencionada medida contaba con el apoyo abrumador de organizaciones privadas y del gobierno, participantes del proceso legislativo. Más aún, el proyecto contaba con un Informe de la Comisión de Cooperativismo, Pequeñas y Medianas Empresas, recomendando la aprobación de la medida. La pieza legislativa en mención contaba igualmente con un Informe del Comité de Conferencia, compuesto por miembros de ambos Cuerpos Legislativos, recomendando la aprobación del mismo, con el estudio de Impacto Económico Regional.

El Proyecto de la Cámara 545, de la autoría del presidente de la Cámara, Jaime Perelló, propone una serie de incentivos al sector empresarial, además de reintegrar a la Ley de Permisos el Estudio de Impacto Económico, el cual operó por décadas en Puerto Rico y que fue eliminado en el año 2009. La eliminación de dicho Estudio trajo consecuencias nefastas a la estabilidad de miles de empresas, a pequeña, mediana y gran escala, siendo un factor en la quiebra y cierre masivo de comercios locales.

El secuestro de la medida tuvo múltiples excusas, entre las que se destacan la carencia de tiempo de parte del Presidente Senatorial en la lectura del mismo, así como preocupaciones de índole constitucional. Esto, a pesar de que el propio Departamento de Justicia no levantó en su evaluación de la medida preocupación sobre el particular. Cabe destacar, que la medida se encontraba ante la consideración del Senado desde agosto y se llevaron a cabo varias vistas públicas donde prevaleció la participación única del presidente de la Comisión Pymes de dicho Cuerpo.

“La pregunta obligada es, dónde está el compromiso con el sector empresarial local, dónde quedan las promesas de política pública de esta Administración, con las cerca de 25 organizaciones empresariales. Lamentablemente no vemos una política pública certera y concreta dirigida al desarrollo económico del país y el fortalecimiento del comercio local”, expresó Ángel Vázquez, presidente de la Asociación de Industriales del Hielo.

Mientras, Néstor Rivera, presiente de la Industria del Pan, dijo: “El Gobierno tiene una responsabilidad de establecer parámetros que propendan a una adecuada planificación de sus terrenos donde las empresas que han de establecerse no lo hagan en detrimento de las que ya están operando. No cabe dudas que la eliminación del Estudio de Impacto en el 2009 ha tenido como efecto la saturación del mercado de forma desproporcionada. Experimentamos una canibalización comercial que de no atenderse terminará con las pocas empresas locales que quedan en la Isla”.

Por su parte, Monge sostuvo que, “de lo que se trata es de propiciar una planificación comercial organizada que cuente con una evaluación responsable y ponderada que permita al gobierno mitigar posibles efectos adversos. De esta forma crear un balance en beneficio de todos”.

“El progreso en perjuicio del comercio ya establecido no es progreso. La generación de nuevos empleos en perjuicio de la pérdida de miles de empleos existente, tampoco lo es. El gobierno no puede poner en riesgo la estabilidad de las empresas que invierten su capital en la Isla. Precisamente por esto es que el estudio de impacto económico regional debe permanecer en el proyecto”, aseguró Ricardo Román, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina.

Los líderes empresariales expresaron que actualmente existen múltiples estados de la nación norteamericana que tienen integrado en su proceso de permiso la conducción de un Estudio de Impacto Económico. Más aún, existen estados con regulación más restrictiva que limita los pies cuadrados máximos que puede tener una construcción al detal de gran escala. Tanto el Estudio de Impacto como la restricción de pies cuadrados, mejor conocida como “Big Box”, han pasado el crisol legal a nivel de Estados Unidos.

Las organizaciones finalizaron reconociendo la labor responsable y objetividad del Presidente de la Comisión de Cooperativismo, Pequeñas y Medianas Empresas del Senado, así como del Cuerpo hermano, en la evaluación de la pieza legislativa en mención. De igual forma, destacaron el compromiso de la Cámara de Representantes y de su Presidente con el sector empresarial local y las Pymes. Sin embargo, mostraron preocupación con el poco compromiso del Senado para con el sector comercial local y la poca apertura de diálogo que ha permeado en dicho Cuerpo.

“Los eventos experimentados nos llevan a la conclusión lamentable de que simplemente no existe una conciencia de la importancia del empresario local, que la componen los miles de pequeños y medianos comercios de la Isla. La visión de desarrollo económico que estamos observando es una completamente enfocada en la atracción de capital extranjero, en detrimento del comercio nativo, y eso es un gran error”, puntualizó

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