Senadora Rossana López León cuestiona decisión de juez federal Pérez Giménez

Logo OPV - Jul 2011EL CAPITOLIO – La senadora Rossana López reaccionó el miércoles ante la orden del juez federal Juan Pérez Giménez al gobernador Alejandro García Padilla retirar el nombramiento del coronel Héctor López como procurador del veterano.

“Rechazo enérgicamente que un juez federal o estatal ordene al gobernador de Puerto Rico a cambiar una decisión que por poder constitucional le corresponde. La decisión del juez federal Juan M. Pérez Giménez provoca preguntarnos a quién el pueblo eligió para gobernarnos. Así, entiendo que cualquier orden de este tipo redunda en una confrontativa usurpación de poderes constitucionales y una violación a los derechos civiles de todos los puertorriqueños que votan cada cuatro años”, afirmó la senadora Rossana López León en un comunicado de prensa.

La determinación del juez trasciende luego que el saliente Procurador del Veterano demandara al gobernador de Puerto Rico, entre otras personas, por la suma de 10 millones de dólares.

López León añadió que, “en el pleno ejercicio de los poderes que nos garantiza nuestra Constitución se aprobó legislación para reorganizar agencias, a esos efectos es altamente cuestionable que el Tribunal Federal vaya por encima de nuestras decisiones de política pública que le son ampliamente reconocidas al Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

López León se refirió a que la Ley 75-2013, derogó el Plan de Reorganización Núm. 1-2011, cual creó la Oficina del Procurador del Veterano y la Ley 79-2013, estableció la nueva estructura de la Oficina del Procurador del Veterano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El pleito también surge tras descubrirse en vistas públicas que el Plan de Reorganización 1-2011 no había logrado su objetivo de reducir gastos, por el contrario, todos aumentaron. En los informes de los proyectos que restablecen las procuradurías y su autonomía aparecen ponencias de los procuradores salientes afirmando esto.

“Hay que dejar establecido que en el balance de poderes cada rama constitucional tiene su función. Nosotros, la Asamblea Legislativa legislamos, el Poder Ejecutivo, ejecuta la política pública que nosotros establecemos y todo esto está protegido en el marco jurídico de nuestra Constitución. A mi juicio, entiendo que es altamente sospechoso que un juez federal, de forma ilegal, sobrepasando sus facultades y prerrogativas judiciales, tome una determinación contraria a una ley que fue aprobada en Cámara y Senado dentro del debido proceso y firmada por el Gobernador de Puerto Rico. Basado en lo anterior, preocupa que el juez federal ‘ordene’ la permanencia a una posición que no existe”, finalizó López León.

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