Senado investigará trámite legislativo de Ley que le quitó derechos a consumidores de telecomunicaciones por 9 años

UnknownEL CAPITOLIO – El senador Ramón Luis Nieves, presidente de la Comisión de Banca, Seguros y Telecomunicaciones del Senado, anunció el martes, la radicación de una Resolución para investigar el trámite legislativo de una ley de 2005 que privó de derechos a los consumidores de la industria de telecomunicaciones.

“Hoy comenzará a destaparse la verdad de cómo, en la oscuridad de la noche, en 2005, una compañía de telecomunicaciones, con la ayuda de poderosos amigos en la política, logró arrebatarle derechos básicos a los consumidores de Puerto Rico, por nueve (9) años. A nombre de los consumidores de telecomunicaciones, que somos todos, le agradezco al Gobernador Alejandro García Padilla el no haber cedido a las fuertes presiones de la compañía CLARO, y haber apoyado con su firma en la Ley 118- 2013, los esfuerzos de este Senador y de esta Legislatura para restaurarle los derechos a los consumidores que la entonces Puerto Rico Telephone Company (PRTC) y la tristemente recordada legislatura PNP de entonces les arrebató en 2005”, sentenció el Senador por San Juan.

La Ley Núm. 138-2005 (Proyecto de la Cámara 1225), enmendó la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico para quitarle a los Tribunales la jurisdicción primaria para atender pleitos de clase sobre servicios de telecomunicaciones, conferirle tal jurisdicción primaria y exclusiva a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico (“Junta”). Además, la Ley Núm. 138-2005 estableció un tope para la compensación total a otorgarse a la clase, hasta un máximo de 5 millones de dólares o un medio por ciento de los activos de la compañía querellada, lo que fuese menor.

“Como consecuencia de la Ley Núm. 138-2005, la industria de las telecomunicaciones obtuvo el privilegio de ser el único sector comercial en donde sus usuarios y consumidores estaban obligados a radicar pleitos de clase en una agencia administrativa, y no en los tribunales como ocurre con las demás industrias. Además, la industria de telecomunicaciones obtuvo el privilegio, por nueve años, de que los demandantes en un pleito de clase estuvieran sujetos a un tope de $5 millones en la compensación por los daños sufridos. Los que saben de pleitos de clase entienden que esta suma es ridícula cuando se está persiguiendo que miles de consumidores sean resarcidos por actuaciones ilegales de una compañía”.

“En 2005, existía solamente un (1) pleito de clase radicado en los tribunales de Puerto Rico. La PRTC, hoy CLARO, logró en que la legislatura PNP de entonces los complaciera alterando la vigencia de la Ley 138-2005, convirtiéndola en retroactiva, para que trasladaran ese único caso a una agencia administrativa, y limitarle a 5 millones de dólares la suma que podían recuperar los consumidores de telecomunicaciones. Ese ‘regalito’ legislativo ha permitido protegerle el dinero a las poderosas compañías de telecomunicaciones, castigando de esa manera a todos los puertorriqueños que somos consumidores de dicha industria”, indicó el senador Nieves.

“El Proyecto del Senado 462 que radiqué el 14 de marzo de 2013 y convertido ayer en Ley por el gobernador García Padilla, concluye un episodio de corrupción corporativa por parte de la PRTC, ahora CLARO, quienes hasta ayer estaban conspirando en contra de los mejores intereses de los consumidores en Puerto Rico para que no se firmara la ley. La nueva Ley, de mi autoría, le devuelve a los Tribunales la jurisdicción primaria para atender pleitos de clases sobre servicios de telecomunicaciones; elimina el tope de 5 millones de dólares que pueden recuperar los consumidores, y dispone que aplique la Ley 118, reivindicando así el derecho de los ciudadanos a tramitar sus causas en los tribunales y ser debidamente compensados por sus agravios.”

“Luego que concluya la investigación legislativa que he anunciado hoy, espero que la Representante Jennifer González y la delegación PNP en la Cámara le contesten al país por qué razón asumieron la defensa de los grandes intereses de la compañía CLARO y, a qué legisladores, ex legisladores y otros funcionarios del PNP estaban protegiendo cuando asumieron la ofensiva contra la aprobación del Proyecto del Senado 462.

La representante Jennifer González y la delegación PNP en la Cámara les dieron la espalda al pueblo, como consumidores, para defender los intereses millonarios de la compañía CLARO. Con esta investigación, el pueblo sabrá toda la verdad, y, de ameritarlo, sus resultados serán referidos a las agencias correspondientes”, sentenció el senador Nieves.

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