Lourdes Ramos dice es inmoral que UBS se libre de demanda

ubs_regular_rgb_26EL CAPITOLIO- La representante Lourdes Ramos acusó al gobierno de Alejandro García Padilla de haberle quitado los derechos a los servidores públicos y jubilados del ELA en una noche, mientras tardó seis meses en decidir que no demandaría a UBS por la pérdida de 2,000 millones de dólares en el Sistema de Retiro.

La legisladora, quien lideró una investigación minuciosa sobre las causas que llevaron a la debacle en Retiro tras la fallida emisión de 3,000 millones de dólares en bonos manejados, administrados y vendidos por UBS, dijo que resulta “inmoral” que la firma de inversiones se haya lucrado a sabiendas que llevaba a la bancarrota los activos e inversiones de toda la vida de los servidores públicos, y que gracias a García Padilla salga por la puerta ancha.

Ramos reaccionó ante la denuncia en redes sociales de que influyentes amigos de la actual Administración fueron la base para la negativa del gobierno a demandar a UBS.

La líder estadista recordó que desde el principio del cuatrienio se veía una mano oscura impidiendo que Puerto Rico se uniera a la demanda del gobierno federal contra UBS, cuando al discutirse los cambios a Retiro, una enmienda de Charlie Hernández para facilitar que grupos se unieran a la demanda, fue derrotada por Eduardo Bhatia y su equipo en el Senado.

Ramos dijo que es evidente que la prioridad del Gobernador no es el Pueblo, sino, complacer a inversionistas del PPD, grupos de poder y las casas acreditadoras, que ahora le “valen más” que el sufrimiento de los empleados públicos.

Mencionó que su investigación legislativa, en poder del Departamento de Justica, de la Fiscalía Federal y de la Comisión de Intercambio de Valores (SEC, por sus siglas en inglés), es la mejor referencia de que UBS y todos los cómplices en este alegado desfalco, deben responder por la precipitada ruina al Sistema de Retiro del ELA.

El fruto de la pesquisa fue entregado a las respectivas agencias en un total de tres cajas de documentos que detallan los procesos de 25 vistas públicas y ejecutivas.

En ella se detalla que la transacción desde sus inicios tenía una base ilegal. Se respaldó la transacción con las aportaciones patronales. Los Artículos 2-116 y 3-105 de la Ley Núm. 447, supra, no disponen que las aportaciones patronales puedan ser utilizadas para servir de garantía al pago de una deuda, y las Casas de Corretaje y funcionarios con conocimiento de esta base legal, prefirieron ignorarla.

Entre otros hallazgos, figuran que la Legislatura de Puerto Rico rechazó conceder su aval a una emisión de bonos por lo riesgoso al Sistema de Retiro de la pérdida en el mercado de valores. Pero los funcionarios responsables, con el consejo y consentimiento de contratistas y Casas de Corretaje envueltas en la emisión, continuaron adelante ideando un andamiaje para burlar el consentimiento legislativo, como dicta la ley.

La investigación realizada por parte de la legisladora se realizó durante el pasado cuatrienio y los informes de hallazgos, aunque fueron enviados al Departamento de Justicia y a dependencias Federales bajo la administración del Partido Nuevo Progresista, ninguna dio paso a acusaciones contra funcionarios de UBS o de la Administración de Sistemas de Retiro.

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