Legislatura Municipal de San Juan refiere a Justicia a Santini

indexSAN JUAN – La presidenta de la Legislatura Municipal de San Juan, Yolanda Zayas, anunció miércoles, que refirió al Departamento de Justicia, información que coloca a funcionarios de la pasada administración municipal de San Juan cobrando sobre 11.4 millones de dólares por un Programa de Transferencias de Derechos de Desarrollo (PTDD), en violación a la Ley de Municipios Autónomos y sin la debida protección de los fondos públicos.

“Estamos refiriendo al Departamento de Justicia y a la Oficina de la Contralora porque son las agencias con potestad para hacer una investigación, altamente técnica y pericial, sobre este asunto. El Municipio de San Juan recibió un dinero para preservar unos terrenos y se desconoce en qué se utilizaron. Al día de hoy, no sabemos a dónde fueron a parar los millones depositados en el fondo general que operaba la administración Santini entre el 2004 y el 2012”, dijo Zayas en conferencia de prensa, acompañada del presidente de la Comisión de Urbanismo, Infraestructura y Ambiente, Iván O. Puig Oliver- que investigó el asunto y del secretario auxiliar de la Legislatura, Pedro E. Miranda Torres.

Entre las conclusiones del informe de 35 páginas y múltiples anejos, la LMSJ establece que pudieron haberse cometido delitos relacionados a la omisión o negligencia en el cumplimiento del deber, entre otras.

“El Municipio de San Juan sabía cuál era el mecanismo que se tenía que seguir para implantar el Programa de Transferencias de Derechos de Desarrollo y proteger el dinero producto del mismo y no lo utilizó. Que Justicia investigue si esas conductas son constitutivas de delito”, dijo Zayas.

De la investigación hecha por la Legislatura se desprende que los ejecutivos municipales, incluido el alcalde Jorge Santini, el director ejecutivo municipal y ex jefe de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo la administración Rosselló, Miguel Cordero, y el CPA, Francisco Peña, Jefe de Área Programática de Servicios Gerenciales, entre otros, tenían conocimiento de que el dinero del PTDD tenía que ser depositado en una cuenta especial y que tenían que ser utilizados para preservar las propiedades de acuerdo a Ley 81 (de Municipios Autónomos) y al Reglamento 21 de la Junta de Planificación. “Sin embargo, no lo hicieron”.

“La cuenta se creó un año más tarde y aun así jamás obtuvo los 11.4 millones de dólares que se cobraron como parte de ese programa al que hemos denominado “impuesto al desarrollo”. Todo en claro menosprecio a la ley 81 con relación a la ordenación territorial, al Reglamento 21 de la Junta de Planificación y a las propias ordenanzas municipales”, planteó la presidenta de la Legislatura.

La primera carta de alerta sobre la mala administración del programa surge el 15 de diciembre del 2004, a ocho meses de que entrara en vigor el “impuesto al desarrollo”. En total se encontraron cuatro cartas que exigen la creación de una especial.

Esas misivas fueron suscritas por el entonces director de la Oficina de Planificación y Ordenación Territorial (OPOT), Bijan Ashrafi, el único que pudo ser entrevistado por la Comisión de la LMSJ al comparecer a las vistas públicas celebradas durante la pesquisa y quien advirtió de las irregularidades en la implantación del programa al alcalde Santini y a su equipo de trabajo.

Ashrafi habla incluso de menosprecio a las leyes que imponían el requisito de la cuenta especial y la protección de los terrenos. En el 2008, la administración del PTDD le fue transferido a la Oficina de Permisos del MSJ y quedó fuera de las manos de Ashrafi.

“Aunque fue invitado a comparecer, el señor Peña, jefe del área programática y servicios gerenciales, nunca compareció. Ante la imposibilidad de continuar una investigación que pudiera incluso traer a todos los posibles actores del esquema a testificar sobre sus acciones, determinamos referir a las agencias concernidas. La Oficina de la Contralora por ejemplo, tiene fuerza en la ley para auditar ese programa y obligar a los que lo implantaron a comparecer y a explicar. También lo puede hacer Justicia”, sentenció la Presidenta de la Legislatura Municipal de la Capital.

El informe también se refirió a la administración municipal que dirige la alcaldesa, Carmen Yulín Cruz Soto y a los presidentes de Cámara y Senado.

“La recomendación de esta Legislatura incluye que una vez la administración municipal revise el plan de ordenación territorial, trabaje un proyecto de ordenanza que viabilice un PTDD que cumpla con la Ley y que le haga justicia a los constituyentes de San Juan, tanto a los que quieren y pueden desarrollar como a los propietarios de fincas protegidas”, concluyó Zayas.

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